Egipto espía las redes sociales con la ayuda de tecnología europea

La voluntad del régimen del general Abdelfattá al Sisi de reforzar su capacidad de controlar la red resultó patente en 2014 al filtrarse un concurso público en este ámbito por parte del Ministerio del Interior. Un año después, un grupo de piratas informáticos se infiltraron en los ordenadores de la controvertida compañía de seguridad italiana Hacking Team, e hicieron público que contaba entre sus clientes con diversos gobiernos dictatoriales, entre ellos, el de Egipto.

En concreto, por 737.500 euros el Ejecutivo egipcio adquirió un Sistema de Control Remoto que, según la página web de la empresa, permite activar las cámaras de los dispositivos electrónicos, grabar conversaciones de Skype y recabar contraseñas. “Tras estallar el escándalo, el Gobierno italiano le retiró la licencia de exportación a Egipto, y Hacking Team ha dejado de trabajar con ellos”, apunta Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional para Egipto. La compañía ha declinado responder a las preguntas de EL PAÍS.

Hace unas semanas, el magazín francés Télérama publicó un reportaje en el que aseguraba que la empresa francesa Amesys había vendido a Egipto un sistema de vigilancia masivo de Internet bajo el nombre de Cerebro. La transacción, fraguada en 2014, costó diez millones de euros y contó con la intermediación del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Esta misma empresa ya fue procesada por la justicia francesa por complicidad en actos de tortura al haber proporcionado al régimen de Gaddafi un poderoso software de escuchas en la red llamado Eagle, con unas prestaciones muy parecidas a Cerebro.

“La capacidad del Gobierno se ha vuelto bastante potente desde 2011 … Tienen las herramientas y el software para llevar a cabo escuchas específicas por Internet y también de tipo masivo ”, comenta Ramy Raoof, un experto en tecnología de la ONG egipcia EIPR. Durante la revolución que depuso al dictador Hosni Mubarak en 2011, las redes sociales desempeñaron un papel clave en la organización las protestas, pues permitieron esquivar el acoso policial. Ante la incapacidad de monitorear la actividad on line de los activistas, el régimen optó por desactivar por completo el uso de Internet, una reacción brusca e indiscriminada que inflamó los ánimos de muchos usuarios que hasta entonces se habían mantenido ajenos a la revuelta.

Decenas de activistas en las redes condenados

El nuevo régimen egipcio, asentado sobre los mismos viejos pilares, parece haber aprendido la lección y actúa con más finura. Desde mayo, el Gobierno ha bloqueado el acceso desde Egipto a más de 200 páginas webs. La mayoría corresponden a medios críticos, como Madamasr o Al Yazira, pero también incluyen algunas páginas que ofrecen tecnologías para sortear este tipo de obstáculos, como la ToR.

“Unas 40 personas han sido condenadas este año por actividades o comentarios en las redes bajo acusaciones como 'dañar la unidad nacional´”, explica Baoumi, una cifra que podría aumentar si se acaba aprobando un proyecto de ley draconiano sobre cibercrimen. “Excepto en los casos de terrorismo, las autoridades no suelen utilizar como pruebas información utilizada con las tecnologías más invasivas de la privacidad porque sabe que son controvertidas”, añade. Por ello, no es fácil precisar el grado de sofisticación de las herramientas con las que cuentan actualmente las fuerzas de seguridad.

“Entre los activistas, hay una mayor preocupación por la seguridad, y usan comunicaciones encriptadas, o se han pasado a Linux”, sostiene Raoof, que además de Amesys y Hacking Team, señala a la británica Gamma International y a la alemana AGT como proveedoras de El Cairo en este sector. El hecho de que estas tecnologías, que en teoría solamente debían ser utilizadas contra grupos terroristas, hayan servido para monitorear disidentes ha hecho saltar algunas alarmas en Bruselas.

“En 2010, el Parlamento Europeo ya instó a prohibir la venta de estas tecnologías a Egipto ... Hace seis años que pido actualizar las leyes de la UE en este ámbito. Por fin, los decisores se han dado cuenta de la dimensión del problema”, comenta a través de un correo electrónico la eurodiputada holandesa Marietje Schaake.

La nueva legislación que prepara el legislativo europeo es más precisa y exigente que la actual, y pretende evitar lagunas que permitan a los Gobiernos europeos concedan licencias de exportación de este tipo de software a Estados donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Tal como hizo Francia con Amesys. En el sector, se quejan de que ello significará servir en bandeja este mercado a las empresas rusas e israelíes. “La UE debe liderar y fijar las normas. Es posible que algunas empresas dejen la UE, pero el impacto económico será mínimo, mientras mejorará nuestro liderazgo hacia un Estado de derecho on line”, replica Schaake, muy activa en la defensa de los derechos individuales en la red.