La respuesta republicana al tiroteo en Alexandria contra congresistas: permitirles llevar armas

Facilitar el uso de armas de fuego como solución a la violencia armada. Esa es la opinión que avanza en el Partido Republicano un mes después del tiroteo contra legisladores a las afueras de Washington. En un Capitolio todavía conmocionado por el ataque, que hirió gravemente a un alto cargo conservador, han ganado fuerza varias propuestas de ley que permitirían a los legisladores ir armados en casi todas partes bajo el pretexto de que así podrían defenderse.

Es un debate anómalo: tras cada tiroteo masivo en Estados Unidos, la discusión política gira alrededor de la conveniencia de restringir el acceso a las armas no de relajarlo. La dinámica en los últimos años ha sido que, tras el impacto de una matanza, los demócratas proponen cambios legales y los republicanos se resisten ante el argumento de que amenazan el derecho al uso de armas amparado por la Constitución. El resultado es que las reformas son prácticamente inexistentes como consecuencia de la extendida cultura de las armas, la presión de votantes y fabricantes, y la enorme polarización política que lastra la búsqueda de consensos.

Las particularidades del ataque del pasado 14 de junio en Alexandria (Virginia) han alterado la ecuación: los conservadores han tomado la iniciativa y los progresistas se han mantenido en segundo plano. Eso sí, el de las armas es un debate incipiente y nada prioritario para los republicanos, que estos días viven absortos en la tramitación de la reforma sanitaria.

Sin la presencia de policías del Capitolio en el campo de béisbol en que entrenaban los congresistas conservadores, hubiese sido un milagro que el tirador no matara a nadie. James T. Hodgkinson, un hombre de 66 años que odiaba a los políticos, hirió a cinco personas, pero tardó poco en ser abatido por los disparos de los agentes del Capitolio. Pero si Steve Scalise, el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes que resultó gravemente herido, no hubiera asistido al entrenamiento no hubiera habido protección policial.

Cuando los legisladores están fuera del Congreso, solo están acompañados por agentes de policía del Capitolio los altos cargos de la Cámara de Representantes, como Scalise, y del Senado. El resto carece de escoltas. Para muchos republicanos, el tiroteo en el campo de béisbol se ha convertido en una llamada de atención sobre su seguridad repleta de carga personal.

“Ahora parece el momento adecuado por el riesgo evidente que los congresistas y senadores afrontan, como ha demostrado el ataque”, dijo al diario The New York Times el republicano Mo Brooks, que presenció en directo el tiroteo de Alexandria. Brooks, representante por Alabama, promueve una iniciativa que, en caso de ser aprobada, permitiría a los legisladores ir armados excepto en el Capitolio y en presencia del presidente o vicepresidente estadounidense.

En paralelo, han surgido tras el tiroteo otras dos propuestas de ley similares para que los congresistas con permiso de arma de fuego puedan llevarla consigo si lo desean. El ataque también ha dado un nuevo impulso a una vieja iniciativa de muchos conservadores para tratar de debilitar las leyes de armas en la ciudad de Washington, con una de las normativas más restrictivas del país. En el Distrito de Columbia no se pueden comprar pistolas o rifles y hay un escaso margen legal para poder llevarlas salvo que se sea agente de seguridad.

Cerca de 200 congresistas apoyan una propuesta que establece que la ley de un Estado sobre el permiso de portar pistolas debería ser homologable en otros Estados. Por ejemplo, Virginia permite llevar armas a los ciudadanos pero, una vez cruzan en pocos minutos el río Potomac y llegan al Distrito de Columbia, ese derecho desaparece.

“Los delincuentes, por definición, no tienen ningún respeto por las leyes, permisos o zonas sin armas. Al permitir a ciudadanos seguros y responsables ejercitar sus derechos de la Segunda Enmienda, nuestras comunidades podrían ser mucho más seguras”, sostuvo, en un artículo reciente en el diario legislativo The Hill, Tim Schmidt, que preside una asociación a favor de extender los permisos de armas y que respalda esa iniciativa de ley.

Sin embargo, las organizaciones favorables a endurecer el acceso critican las proposiciones republicanas. “Forzar a los Estados a reconocer los permisos de otros nos haría a todos menos seguros”, dice por teléfono Lindsay Nichols, directora de política federal del Centro Legal para Prevenir la Violencia Armada.

Nichols echa de menos que el debate no aborde las causas de la violencia en el país con la proporción más elevada del mundo de armas por habitante. Cada día de media en EE UU 309 personas reciben disparos, 93 de ellas mueren. En un año, equivale a 114.994 personas, de las que 33.880 fallecen. Las cifras son una anomalía en el mundo desarrollado.

“¿Cómo evitamos que la situación ocurra en primer lugar? ¿Cómo evitamos que el tirador de Alexandria consiga una pistola?”, se pregunta. “Tenemos que reducir las circunstancias que llevan a este tipo de situaciones, demasiadas de estas propuestas no harían nada para reducir el número de sucesos que están ocurriendo”.