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Marwan Barguti, el desafío palestino desde la cárcel

El líder de la Segunda Intifada encabeza una masiva huelga de hambre de presos que ha puesto en jaque a Israel e inquieta al liderazgo de la Autoridad Palestina

Juan Carlos Sanz
Acto en apoyo de la huelga de presos palestinos, con imágenes de Marwan Barguti, en Ramala.
Acto en apoyo de la huelga de presos palestinos, con imágenes de Marwan Barguti, en Ramala. ABBAS MOMANI (AFP)

Después de haber pasado más de la mitad de sus 58 años entre rejas o en el exilio, Marwan Barguti sigue siendo el favorito de la calle palestina. Su imagen en los murales y pancartas de Cisjordania con las manos esposadas sobre la cabeza simboliza para muchos la resistencia a medio siglo de ocupación. El líder de la Segunda Intifada nació en Kobar, una aldea próxima a Ramala. Fue detenido por primera vez por las fuerzas de seguridad israelíes a los 15 años.

Mientras acababa el bachillerato en prisión comenzó a destacar en las filas de Fatah, el partido fundado por Yasir Arafat. No pudo concluir la carrera de Historia. Le deportaron en 1987, al comienzo de la Primera Intifada. Se licenció finalmente en 1994, a su regreso del destierro, en el campus de Birzeit tras los Acuerdos de Oslo. Casado con la abogada Fadwa Ibrahim, tiene cuatro hijos.

La cárcel fue su verdadera universidad. “Estaba de nuevo en prisión, encabezando una huelga de hambre, cuando nació mi primer hijo”, escribía el lunes en una tribuna publicada por The New York Times. “Él es ahora un hombre de 31 años y yo sigo aquí”, explicaba en el texto que hizo llegar desde el penal de Hadarim, en el centro de Israel, sin conocimiento de las autoridades penitenciarias.

Más de un millar de presos palestinos rechazan desde hace una semana la comida en las prisiones israelíes. La huelga de hambre indefinida convocada por Barguti, el líder de la Segunda Intifada detenido en 2002 y condenado a perpetuidad, ha tocado la fibra más profunda de la sociedad palestina, en la que una quinta parte de la población ha pasado por las celdas del Estado hebreo tras la guerra de 1967.

La magnitud de la protesta, en vísperas del 50º aniversario de la ocupación de los territorios palestinos, ha puesto en guardia a Israel, que ha reaccionado con contundentes medidas disciplinarias. Pero el movimiento de los prisioneros también ha inquietado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, cuyo liderazgo político se ve cuestionado por la creciente popularidad del dirigente encarcelado.

La revuelta del ayuno está siendo secundada por más de 1.500 reclusos, según el departamento de Asuntos de los Detenidos de Autoridad Palestina. El servicio de Instituciones Penitenciarias israelí limita a 1.100 la cifra de internos que se han adherido.

En las prisiones situadas en el Estado hebreo y en centros de detención localizados en Cisjordania están ingresados unos 6.500 palestinos, entre los que se incluyen 300 menores de edad y 23 enfermos en estado terminal, según organizaciones de apoyo a los presos. Medio millar de prisioneros se hallan sometidos además al llamado régimen de detención administrativa, sin acusación formal, que puede prolongarse de forma indefinida.

Oficialmente, los responsables palestinos enfatizan que las reivindicaciones de los presos solo atañen a las condiciones de detención. Piden la suspensión de las detenciones administrativas indefinidas, teléfono y televisión en las galerías o más visitas de familiares, entre otras medidas.

Pero la convocatoria de huelga tiene también un indudable trasfondo político. Barguti es el líder palestino más valorado en las encuestas y el preferido en los sondeos para suceder en el poder a Abbas, de 82 años. El pasado noviembre fue también el dirigente del Comité Central más votado por los militantes de Fatah.

Si la protesta de los presos se mantiene hasta el próximo día 5 mayo, cuando está prevista la visita del presidente Abbas a Washington —tres años después de la paralización de las negociaciones entre Israel y los palestinos— la tensión puede agravarse. Los analistas de seguridad de la prensa israelí coinciden en advertir de que el deterioro de la salud de los presos desencadenaría previsiblemente un estallido popular en Cisjordania y Jerusalén Este.

Bajo la presión de la huelga de hambre, Israel se niega a atender las demandas de los presos. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, ha anunciado que el Gobierno “no vacilará en aplicar la ley que autoriza la alimentación forzosa de reclusos”. El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, advierte a su vez de que no negociará con “terroristas y asesinos encarcelados”. Incluso el primer ministro ha terciado en el asunto. “Llamar a Barguti líder político es como llamar a Bachar el Asad pediatra. Son terroristas y asesinos”, dijo en un comunicado Benjamín Netanyahu, sin tener en consideración que el presidente sirio es oftalmólogo.

Celda de aislamiento

El líder de la Intifada de Al Aqsa (2000-2005) ha sido trasladado a la prisión de Jalama (norte) y confinado en una celda de aislamiento. Sus abogados y familiares denuncian que no les ha sido permitido visitarle. Israel sostiene que Barguti era el jefe del Tanzim —un brazo armado de Fatah— y que ordenó atentados contra israelíes durante la revuelta. Capturado por el Ejército en Ramala en 2002, fue juzgado por un tribunal civil —ante el que Barguti no se defendió al no reconocer su legitimidad— y condenado por terrorismo a cinco cadenas perpetuas más 40 años de cárcel.

“La huelga de hambre se produce cuando la sociedad palestina se encuentra en uno de sus momentos más bajos, sin horizonte político ni económico, y ante la división entre Fatah y Hamás”, advertía el investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén Roni Shaked en el diario Yedioth Ahronoth. “Barguti busca rentabilizar su peso político en Fatah para ser designado número dos de Abbas y optar a su sucesión”.

El dirigente de Fatah precisaba en The New York Times que la huelga de hambre tiene como objetivo “poner fin a los abusos en los centros penitenciarios”. “Los prisioneros sufren torturas, tratos degradantes e inhumanos y falta de asistencia médica, algunos han muerto durante su detención”, acusaba en el artículo.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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