La OEA advirtió a Guatemala sobre el estado del albergue sin obtener respuesta
La Comisión de Derechos Humanos pidió en enero información sobre Hogar Seguro a una comisión presidencial que jamás contestó. En el siniestro fallecieron 40 niñas quemadas
La Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió información a Guatemala sobre el estado en el que se encontraba el albergue Vírgen de La Asunción en el que miércoles murieron abrasadas 40 niñas, sin obtener respuesta alguna.
El 31 de enero, la Comisión pidió información al gobierno de Jimmy Morales y exigió conocer las medidas tomadas para proteger la vida de niños y garantizar su acceso a servicios médicos del lugar, pero hasta la fecha “el Estado de Guatemala no ha presentado su respuesta”, señala el punto 2.10 de un comunicado emitido este lunes por la CIDH.
La Comisión recordó que también se pidió información sobre denuncias de trata de personas recibidas, pero tampoco hubo respuesta alguna dentro de los 15 días habilitados para la misma.
El 8 de marzo un incendió devoró el centro Hogar Seguro Virgen de La Asunción, un albergue ubicado en San José Pinula, una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital. El centro acogía a niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia, tienen alguna discapacidad, están embarazadas o sufren de adicciones.
Muchas organizaciones habían denunciado el grave riesgo que corrían las niñas ahí encerradas, sin embargo, el de la OEA era el primer señalamiento que hace un organismo internacional.
La petición girada por la CIDH formaba parte de las diligencias efectuadas para conceder, o no, medidas cautelares al albergue, al considerar que la vida de los niños corría peligro, tal y como había solicitado la Procuraduría de DDHH de Guatemala el 11 de noviembre.
Se observa la absoluta displicencia del Estado de Guatemala que ante la solicitud de información realizada en enero por la CIDH no diera respuesta"
80 días después de esa solicitud, la Comisión respondió pidiendo detalles a la COPREDEH, una comisión dependiente de la presidencia de Guatemala, encargada de atender los reclamos en materia de Derechos Humanos, sin obtener respuesta alguna.
Según los primeros indicios, las jóvenes fallecidas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Las medidas cautelares son un compendio de prácticas dirigidas a proteger la vida de alguien en peligro inminente. El artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que el sentido de las medidas cautelares, es actuar con inmediatez “ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un daño irreparable a los derechos humanos”.
En este sentido, Juan Carlos Gutiérrez, abogado experto en derecho internacional señala que el órgano internacional “tardó más de dos meses en solicitar información al Estado y, por otra parte, se observa la absoluta displicencia del Estado de Guatemala que ante la solicitud de información realizada en enero de 2017 por la CIDH no diera respuesta y hasta la fecha no lo haya realizado, vulnerando todas sus obligaciones internacionales” explica a este diario.
Finalmente, este lunes 13 de marzo, 40 niñas muertas después, la Comisión aprobó finalmente medidas cautelares para proteger a los niños. En su medida cautelar, la CIDH solicitó al gobierno guatemalteco verificar que las condiciones en las que se encuentren las menores de edad en la casa hogar cumplan con estándares internacionales y que emprenda medidas para promover la reintegración a sus familias.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
40 niñas muertas después la justicia también respondió y tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue fueron detenidos este lunes, informó el Ministerio Público.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del albergue, Santos Torres, quienes dejaron esos cargos tras la tragedia.
El comunicado recibido hoy confirma que también en COPREDH, dependiente de la presidencia de Morales, había recibido las denuncias sobre el mortífero lugar. El presidente Morales, que ha pedido ayuda al FBI para resolver las causas del incendio, tendría la respuesta mucho más cerca de lo que cree.
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