El Supremo de Estados Unidos debate si se puede prohibir el acceso a Facebook a un agresor sexual
El tribunal analiza si una ley de Carolina del Norte vulnera el derecho a la libertad de expresión
El Tribunal Supremo de Estados Unidos debatió este lunes cuál debe ser el equilibrio entre la protección de los menores y el derecho a la libertad de expresión en un caso sobre agresores sexuales e Internet. La máxima autoridad judicial del país analizó si vulnera la Constitución una ley de Carolina del Norte, que prohíbe que personas condenadas por agresión sexual participen en páginas web, como redes sociales, a las que pueden tener acceso menores de edad. Cinco de los ocho jueces sugirieron que la norma es inconstitucional, pero el tribunal proseguirá sus deliberaciones.
El caso marcará un precedente dado que una decena de Estados imponen restricciones a la presencia de agresores sexuales en Internet. Y abre el debate sobre la libertad en Internet en un momento en que las redes sociales suponen una parte esencial del día a día de muchas personas y en un país en que las libertades individuales son un mantra.
En 2008, a Lester Packingham Jr. le quedó vetado utilizar redes sociales, como Facebook, a las que pudieran acceder niños. El motivo es que Packingham, de 36 años, es una persona registrada como acosador sexual -una base de datos en la que debe estar inscrito durante 30 años- después de que fuera condenado en 2002 por abusar de una menor. Estuvo 10 meses encarcelado por, con 21 años, violar a una niña de 13 años, de la que, alega, desconocía la edad.
Los nuevos problemas judiciales de Packingham empezaron en 2010. Incumpliendo su prohibición, escribió un mensaje en Facebook para celebrar que no había sido multado por una infracción de tráfico. Era un mensaje anodino pero llamó la atención de un policía de Durham, que descubrió que lo había escrito Packingham utilizando un seudónimo en Facebook. Fue imputado por un delito y condenado a libertad condicional.
“Ninguna multa. Ningún coste judicial. Nada de nada. Gracias a Dios. Wow. Gracias, Jesús”, escribió Packingham en el mensaje de Facebook que ha derivado en una pugna legal en el Supremo.
Otras restricciones
Luisiana es el único Estado que tiene una ley similar a la de Carolina del Norte pero solo afecta a personas condenadas por agresión sexual con un menor. Georgia y Kentucky también imponen algún tipo de restricción al uso de redes sociales. Otros nueve de los 50 Estados obligan a los agresores sexuales a divulgar sus nombres y perfiles en redes sociales.
En paralelo, el Gobierno federal tiene una base de datos en Internet sobre personas que están obligadas a estar registradas como agresores sexuales después de haber cumplido una sentencia por ello. En la base de datos, se puede consultar el nombre y lugar de residencia del agresor.
Según las autoridades de Luisiana, la inmensa mayoría de los 800.000 agresores sexuales que hay en EE UU están obligados a registrar sus nombres, direcciones y fotografías en bases de datos.
El caso, promovido por la defensa del condenado que argumenta que se le violó su derecho a la libre expresión, llegó al Alto Tribunal después de que la máxima autoridad judicial de Carolina del Norte mantuviera intacta la ley en una decisión muy ajustada. La ley pretende impedir el acceso a páginas web en las que se podría obtener información sobre menores, como Facebook, pero los críticos advirtieron que puede afectar cualquier página.
Algunos de los jueces del Supremo consideraron que es una prohibición demasiado amplia que puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión. La juez Elena Kagan subrayó que páginas como Facebook y Twitter son tan populares que “están incrustadas en nuestra cultura”.
La defensa de Packingham esgrime que la ley es demasiado severa porque impide cualquier comentario en Internet de una persona registrada como un agresor sexual. Alegan, además, que no hay ninguna evidencia de que el hombre pretendiera comunicarse con menores en Facebook o de que escribiera un mensaje inapropiado. También subrayan que no tiene ninguna otra acusación sexual.
El argumento de los abogados coincide con el de algunas organizaciones sociales, como la conservadora Cato Institute y la progresista American Civil Liberties Union, que aducen que el veto es inconstitucional porque puede impedir buscar trabajo o leer noticias en Internet.
Las autoridades de Carolina del Norte defienden su ley como una forma de protección a menores y alegan que no es un veto completo al acceso a Internet sino que limita el momento, lugar y modo en que se pueden comunicar los condenados por acoso sexual.
El vice fiscal general de Carolina del Norte, Robert Montgomery, argumentó que la norma impone limitaciones en el mundo virtual de la misma manera que se prohíbe que los abusadores sexuales visiten zonas de recreo de niños, y esgrimió que no se trata de un veto completo. “Estas páginas son parte de Internet, pero no son Internet entero”, dijo.
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