Un juez federal de EE UU paraliza la aplicación del veto migratorio de Trump

“Hoy ha prevalecido la Constitución. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, afirmó el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, tras conocer el dictamen. El fiscal añadió que esperan que el presidente Trump “cumpla con esta orden” y que detenga su aplicación en los puertos de entrada al país. La sentencia firmada por el juez federal James Robart prohíbe a los trabajadores federales de todo el país aplicar el decreto de Trump.

La Casa Blanca anunció en un comunicado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen "lo antes posible" y que la Administración considera que el decreto migratorio es "legal y adecuado". El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, asegura que "la orden tiene la intención de proteger el territorio nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano".

El Departamento de Estado trabaja desde la noche de este viernes con el Departamento de Seguridad Nacional para determinar los efectos prácticos de esta sentencia, según declaraciones de un portavoz a Reuters. La agencia asegura que el departamento de Aduanas ya ha dado la orden a las aerolíneas de que permitan embarcar a quienes, a pesar de tener visados en regla, se habían visto afectados por el veto migratorio. El Gobierno federal asegura que el decreto supuso la cancelación de casi 60.000 visados y los solicitantes de entrada en el país deberán comenzar su proceso de nuevo.

A falta de conocer sus consecuencias directas, el mayor impacto de esta sentencia podría estar en los tribunales. El juez ha reconocido el derecho de los Estados y de las empresas a querellarse contra el Gobierno federal por el efecto que tiene la orden ejecutiva en sus residentes. Se espera que el dictamen sea apelado por la Administración Trump ante una instancia judicial superior y que eventualmente llegue al Tribunal Supremo para decidir si el veto es constitucional o no.

Robart asegura en su dictamen que el Estado de Washington, al que después se sumó Minnesota, ha demostrado “un perjuicio inmediato e irreparable” a consecuencia del veto migratorio. El juez no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto sino que ha pedido que no se aplique hasta determinar cuál de las partes lleva la razón en el caso.

El fiscal general de Washington alegó en su demanda que el veto migratorio viola los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de sus familias, así como su derecho a la libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. Ferguson argumenta que la orden ejecutiva de Trump “está motivada por el odio y el deseo de dañar a un grupo en particular” apoyándose en declaraciones que el presidente realizó durante la campaña electoral.

Esta querella cuenta con el respaldo de grandes compañías como Amazon y Expedia, también asegura que la orden ejecutiva tiene un impacto negativo en la economía, las empresas y el sector educativo del Estado. Miles de personas, entre las que se encuentran estudiantes, médicos, investigadores y trabajadores con permiso de residencia legal, y a los que sorprendió la orden en su país de origen, vieron que no podían regresar.

El decreto presidencial del mandatario republicano bloquea la entrada en EE UU de los refugiados sirios de manera indefinida. La orden también veta a los inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana y a los refugiados de otros orígenes, durante los próximos tres y cuatro meses, respectivamente. Su entrada en vigor desató una oleada de protestas y caos en aeropuertos de EE UU y del resto del mundo. La Casa Blanca defiende que no se trata de un veto contra los musulmanes y que el objetivo del decreto es proteger la seguridad nacional.

La sentencia en Washington llega horas después de que un juez federal diera permiso al Estado de Virginia a sumarse a otra querella paralela que también busca bloquear la orden ejecutiva de Trump. Ese mismo juez ordenó además al gobierno federal que entregue a las autoridades de Virginia una lista con todas las personas a las que se haya negado la entrada o hayan sido deportadas de EE UU por el decreto.