Una necedad incendiaria

“La prisa es una pasión de necios”, decía el jesuita aragonés Baltasar Gracián. Y no hay necedad más grande para un gobierno que pretender que la realidad se ajuste a los tiempos y condiciones que marcan sus intereses más oscuros. A la administración del presidente Enrique Peña Nieto le urge asegurar la participación del sector privado en toda la cadena del sector energético mexicano para que su reforma estrella, la energética, sea irreversible ante el riesgo político que representa el 2018.

México es el cuarto consumidor de gasolinas per cápita en el mundo y se espera que la demanda siga aumentando con la urbanización y frente al poco liderazgo que existe en la promoción de energías alternativas. El negocio de las gasolinas está valuado en aproximadamente 30.000 millones de dólares al año e históricamente ha sido el monopolio de Pemex. La Reforma Energética de Peña y la derecha contemplan desplazar a la empresa estatal de este negocio para entregárselo a los privados y que se desarrolle un mercado basado en los precios internacionales y la libre competencia en toda la cadena de valor: desde la importación hasta la transportación, distribución, almacenaje, suministro y venta final al consumidor.

La propuesta del gobierno es una ironía: para disfrutar de los beneficios de la libre competencia, los mexicanos deben pagar gasolinas cada vez más caras

Esta apertura estaba programada para el 2018, una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica dictaminara que efectivamente había condiciones en el país para hacer una transición de un monopolio estatal a un mercado competido. Esta comisión emitió en junio pasado 25 recomendaciones que, por su complejidad, eran imposibles de cumplir para el 2018. Por ello, el gobierno de Peña decidió dar un golpe en la Ley de Ingresos para el 2017 y adelantar esta apertura para éste año; así evitaba el dictamen de la agencia de competencia. Cuando decidió tomar este atajo, el gobierno contó con el apoyo unánime de todos los partidos, excepto Morena.

El primero de enero los mexicanos amanecimos con el mayor gasolinazo de la historia. Los precios internacionales impulsados por los recientes acuerdos de la OPEP y la depreciación del peso mexicano frente al dólar han abonado al aumento del precio de las gasolinas, pero este ha sido desproporcionado porque se busca hacer más atractivo el negocio para los privados. Se incrementan los márgenes de utilidad para que tengan suficientes incentivos para acelerar las inversiones necesarias y así sustituir a la brevedad la infraestructura construida en los últimos 60 años. La propuesta del gobierno es una ironía: para disfrutar de los beneficios de la libre competencia, los mexicanos deben pagar gasolinas cada vez más caras.

El gobierno abandonó la inversión en las refinerías nacionales para dar paso a las importaciones de combustibles texanos. En el 2016 tuvimos la menor producción nacional de gasolinas y un récord en las importaciones. Adicionalmente, Pemex decidió abrirle espacio a los privados autorizando, inexplicablemente, permisos de importación equivalentes a más de tres veces la demanda interna, que acaparan casi en un 50% seis empresas transnacionales, otorgándoles el poder para fijar los precios a su antojo.

En estos días, la gasolina en Texas es 57% mas barata de la que se vende en México. Además de hacerle el caldo gordo a los privados, el sobreprecio también se debe a que más del 40% del precio final son impuestos. El gobierno espera recibir este año más de un punto del PIB del impuesto a gasolinas, que se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante ante una debilidad creciente de las finanzas públicas. No se trata ni siquiera de un impuesto verde para invertir en tecnologías sustentables, sino de un parche fiscal. En los últimos cuatro años, el gobierno ha corregido diez veces las proyecciones del crecimiento económico y ninguna se ha cumplido. La estrategia ha sido sobreestimar el crecimiento sistemáticamente para gastar y tomar deuda como si en verdad estuviéramos creciendo por encima del 4%, cuando en realidad no llegamos ni siquiera al 2%, lo cual ya ha prendido las alertas de las calificadoras.

El precio de la gasolina ha acumulado un aumento de 60% en el presente gobierno. Pero la necedad parece no tener limite. Para el 4 y 11 de febrero se tienen programados dos gasolinazos más. Y a partir del 18 de febrero el mercado dispondrá. El panorama no es nada favorable. Según un reporte de Standard and Poors, el aumento de la demanda de importaciones mexicanas impulsará los precios a la alza en la zona de Texas. Al mismo tiempo, es tal la magnitud del valor de las importaciones de gasolina, que ya se ha convertido en uno de los principales déficits en la balanza comercial y es uno de los factores de presión para la depreciación del peso. Un peligroso círculo vicioso que lo único que garantiza son gasolinas cada vez más caras, alentadas por la codicia de las grandes empresas transnacionales y la complicidad de un gobierno urgido de recursos fiscales.

Las protestas por el gasolinazo se extienden por todo el país y el fantasma de la inflación está a punto de aparecerse. El enojo generalizado es por los saqueos descarados, excesos y privilegios de la clase gobernante. Pero al parecer, al gobierno no le importa incendiar al país siempre y cuando sea con gasolina que le deje buena recaudación y esté vendida por privados. Para Peña Nieto y sus aliados no es necedad, la prisa es la pasión de su codicia.

Mario Delgado es senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fue Secretario de Finanzas del Distrito Federal de 2006 a 2010.