Israel avanza en una ley que pone en peligro la solución de los dos Estados
Netanyahu impulsa la legalización de asentamientos judíos prohibidos en propiedad privada palestina
Espoleado por la orden de demolición de la colonia ilegal de Amona en Cisjordania, ordenada para el día de Navidad por el Tribunal Supremo, Benjamín Netanyahu ha acabado cediendo a la presión del ala ultranacionalista del Gobierno más derechista en la historia de Israel. El primer ministro ha aceptado acelerar, guiado por la máxima de mantenerse en el poder a toda costa ante el riesgo de fractura en la coalición, un proyecto de ley que legaliza con efectos retroactivos colonias judías que fueron construidas sin autorización israelí sobre terrenos de propiedad privada palestina en Cisjordania.
La controvertida norma, que ha desatado el rechazo de la comunidad internacional por comprometer la solución de los dos Estados, emprendió la noche del lunes su tramitación en la Knesset con el voto a favor de 60 diputados de la mayoría y el rechazo de 49 de la oposición. En contra de los planes de la extrema derecha religiosa, el polémico outpost de Amona tendrá que ser trasladado a fin de acatar el fallo del Alto Tribunal. El líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, advirtió de que la nueva ley implicará un “suicidio nacional” bajo el modelo de un solo Estado.
El enviado de Naciones Unidos para Oriente Próximo, Nicolay Mladenov, dijo tras la votación: “Hay quien considera que la ley supone un paso hacia la anexión de Cisjordania (…), pero puede acarrear graves consecuencias legales para Israel y solo contribuirá a reducir las expectativas de un acuerdo de paz entre árabes e israelíes”. El representante regional de la ONU se refería a las declaraciones del líder del partido procolonización y ministro de Educación, Naftali Bennett, quien afirmó en el Parlamento que con la nueva ley Israel había cambiado el rumbo que conducía a la creación de un Estado palestino para buscar la “soberanía sobre Judea y Samaria”, el nombre bíblico de Cisjordania.
Tras la retirada de la llamada “cláusula Amona” –que pretendía mantener en su lugar este outpost de cerca de 400 colonos en un claro desafío a la orden del Supremo de devolver las tierras que ocupan a sus dueños palestinos originales–, la nueva norma dará un vuelco al derecho de propiedad en los territorios ocupados por Israel desde 1967. Cuando haya superado la tramitación parlamentaria, después de tres nuevas votaciones, los ocupantes de unas 4.000 edificaciones en 102 colonias “ilegales” erigidas sin permiso de las autoridades de Israel verán prácticamente equiparados sus derechos a los de los más de 400.000 habitantes de los 120 asentamientos judíos “legales” en Cisjordania. Tanto los primeros como los segundos carecen de legitimidad para la comunidad internacional, según el criterio expresado a través de resoluciones de la ONU.
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, ha pedido al Consejo de Seguridad que apoye una nueva resolución sobre los asentamientos. “Además, vamos a informar a la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre este y otros pasos dados por el Gobierno israelí para que los incorpore a las diligencias que ha abierto sobre la Palestina ocupada”, puntualizó el negociador jefe palestino.
Mediante un sistema expropiatorio de nuevo cuño que el propio fiscal general de Israel, Avichai Mandelbit, considera que vulnera la leyes local e internacional, el proyecto de norma inicialmente votado en la Knesset establece un derecho de usufructo para los colonos que ocupan terrenos de propiedad privada palestina, cuyos titulares legítimos recibirán a cambio una compensación económica. “Esta solución permitirá a los residentes (en Amona) a permanecer en su colina como una comunidad”, precisó Netanyahu, citado por el diario Haaretz. “Detrás de Amona hay muchas Amonas; nos preocupa que se repitan los incidentes (de desalojo de colonos judíos). Buscamos una solución legal en un periodo políticamente delicado”, puntualizó el primer ministro israelí en alusión a la transición en el poder en la Casa Blanca entre los presidentes Barack Obama, abierto defensor de la solución de los dos Estados, y Donald Trump, visto como más favorable a la expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.
En una intervención ante un foro de la Brookings Institution, secretario de Estado norteamericano saliente, John Kerry, expresó el domingo su pesimismo ante una cercana eventual solución al conflicto israelo-palestino. “No es posible la paz (de Israel) con el mundo árabe sin un proceso de paz con los palestinos”, advirtió. “Más del 50% de los ministros del actual Gobierno (israelí) han expresado en público su oposición a la creación de un Estado palestino”, precisó Kerry para resaltar los escollos que afronta la solución de los dos Estados bajo un Gabinete ultraconservador de Netanyahu que “ignora todas las advertencias”. Varios ministros también son colonos con casa en Cisjordania. Las negociaciones entre israelíes y palestinos permanecen rotas desde abril de 2014.
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