Nicaragua cierra el paso a los africanos que sueñan con EE UU
El Gobierno sandinista envía fuerzas antidisturbios para expulsar a los migrantes que intentan cruzar desde Costa Rica
La calma que domina la playa de Masapa, un idílico paisaje tropical localizado en el litoral del Pacífico de Nicaragua, se quebró el domingo, cuando una lancha que trasladaba a más de 25 migrantes africanos encalló en sus costas.
Eran transportados por los coyotes—traficantes de personas—, que los habían recogido en Costa Rica con la promesa de llevarlos a Honduras y así sortear a las autoridades fronterizas nicaragüenses. Pero los migrantes fueron dejados a su suerte en la playa virgen, solo frecuentada de vez en cuando por pescadores locales. Varios de ellos alertaron a los vecinos del pueblo más cercano, El Tamarindo, de donde acudió gente a la playa para socorrerles. Los migrantes estaban sedientos, insolados, algunos gravemente enfermos.
Los trasladaron hasta la iglesia evangélica de la localidad, un cobertizo sin mayores pretensiones que una mesa con una Biblia y un micrófono para el sermón religioso, y ahí les ofrecieron sábanas, pan y agua. La pesadilla llegó horas después, cuando un grupo de antidisturbios asaltó el templo con la finalidad de expulsarlos hacia territorio costarricense. Los vecinos montaron en cólera y se enfrentaron a los oficiales. Estos respondieron lanzando bombas lacrimógenas y disparando. Golpearon a los migrantes y les subieron a los autobuses que los llevarían de regreso a Costa Rica.
Entonces la indignación explotó en El Tamarindo. “A mí un policía me amenazó y me dijo que no tenía derecho de ir a ayudar a los negros”, relata con rabia Ana Julia Jiménez, habitante del poblado. “Todos somos sandinistas, pero por eso que han hecho, nadie les va a dar el voto”, dice otro vecino, Marco Parrales. Nicaragua celebrará comicios presidenciales a inicios de noviembre, en un proceso catalogado como “farsa” por la oposición y en el que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, participan como único tique electoral importante.
Unos 4.000 migrantes aguardan cruzar de forma ilegal la frontera hacia Nicaragua rumbo a Estados Unidos. Esperan meses en campamentos improvisados en Costa Rica. Proceden de Congo, Senegal, Togo, pero también de Haití. Huyen de sus propios horrores para toparse con el Ejecutivo sandinista, que ya en noviembre de 2015 devolvió a Costa Rica a más de 1.000 cubanos que cruzaban América Central en busca del sueño americano. Obra de un Gobierno que se autoproclama “cristiano, socialista y solidario”. “¿Dónde está el amor y la paz que pregona? ¡Que dejen pasar a esta gente!”, protesta Tirsa Dávila, habitante de El Tamarindo.
La muerte acecha a estos migrantes. En agosto, 10 de ellos murieron ahogados cuando cruzaban un río cerca de la frontera con Costa Rica. El Gobierno de Nicaragua calló sobre esa tragedia. Y también calla sobre las redes de coyotes que en el camino les roban, violan a las mujeres y golpean a los hombres.
En septiembre pasado el Gobierno apresó a la maestra Nilamar Alemán, acusándola de trata de personas. Alemán había ayudado a Neohamo Zephirin, una mujer de 27 años originaria de República del Congo, quien llegó exhausta hasta la casa de la maestra en San Juan del Sur, una comunidad turística en las costas del Pacífico de Nicaragua. Su detención generó una ola de indignación nacional y las autoridades tuvieron que decretar los arrestos domiciliarios. "Para las leyes del país no fue bueno dar amor. Ojalá que nunca despreciemos dar amor”, agregó la bautizada en Nicaragua como "maestra solidaria".
“Criminalizar es un mensaje para callar los sentimientos que han expresado los habitantes con esos ciudadanos del mundo. Es peligroso para el régimen que se rompa ese frágil muro de contención”, explica Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. “La población va a continuar ayudando, ya sea de manera abierta o clandestina”, asegura Martha Cranshaw, coordinadora de NicasMigrante, una organización de solidaridad con los migrantes. Estos
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