Costa Rica ordena cerrar sus peores calabozos

Casi 15 años después de la crítica del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Costa Rica ha decidido clausurar de manera definitiva los 44 espacios carcelarios conocidos como Las Tumbas, en mitad de la mayor cárcel de Costa Rica, llamada La Reforma. La medida es el más reciente de los pasos dados por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, una defensora de las políticas carcelarias que ponen más el foco en los derechos humanos a pesar de las críticas que despierta en un sector de la población más proclive a la mano dura.

El lema de las autoridades ha sido la humanización de las casi 13.000 personas privadas de libertad en este país centroamericano donde, a pesar de un hacinamiento general del 44%, todavía el Estado tiene el control de sus prisiones. La última decisión afecta a Las Tumbas, las 44 habitaciones oscuras, asfixiantes y hediondas de tres metros por tres metros, con apenas un hueco en el piso para defecar y en algunos casos sin contacto visual con el exterior. Este es el ámbito F o “máxima seguridad vieja” de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, 14 kilómetros al oeste de San José. De momento unos 38 internos deben ser reubicados. Según las autoridades carcelarias, no están ahí por su peligrosidad, sino por problemas de convivencia en otros espacios con el resto de presos.

Hacinamiento

Es el caso de Nataly, una transexual condenada por robo agravado antes de cumplir su mayoría de edad; sufrió abusos sexuales en los ámbitos regulares y la solución que le ofrecieron fue recluirla en Las tumbas, con solo una hora de luz por día o incluso sin ella durante los fines de semana, completamente aislada. O el de Idak Masís, que aseguró a la prensa local haber pasado aquí los últimos 10 años de su vida en muy malas condiciones.

“Seamos sensatos; ¿hay posibilidades de que una persona se reincorpore a la sociedad si pasa años metida aquí?”, se pregunta el viceministro de Justicia, Marco Feoli, un joven abogado matriculado en la filosofía penitenciaria de la ministra Sánchez. Ambos han puesto la cara a las críticas, burlas, insultos y hasta amenazas de un sector popular que les achaca la sensación de inseguridad en las calles.

En el último año el Ministerio de Justicia se ha lanzado a combatir el hacinamiento en las cárceles mediante el traslado de una parte de los presos a regímenes semiabiertos, lo que permite a algunos de ellos volver a las calles y a delinquir. Son casos aislados, ha querido decir el presidente, Luis Guillermo Solís, con la frase “una golondrina no hace verano”.

“Lidiamos con una opinión pública con poca tolerancia y una enorme incomprensión de la realidad en las cárceles y de cómo estas no están sirviendo para rehabilitar a quienes han cometido un delito, con el agravante de que en los últimos 20 años nos hemos convertido en un país muy represivo, con la pena más alta de América Latina [50 años] y sin los resultados que se buscaban en las tasas de criminalidad, resultados desastrosos”, explica Feoli.

En 2009, en pleno pico de la percepción de inseguridad, los diputados aprobaron una ley que convirtió en delitos actos que hasta entonces se clasificaban como contravenciones, lo que elevó las cifras de presos. De un promedio inferior a los 300 ingresos por año, se pasó a casi 1.000. Esto elevó el hacinamiento del 10% al 44% y activó la alarma por la insostenibilidad del sistema penitenciario, frente a una opinión pública que presiona por condenar con cárcel el robo de una gallina, por ejemplo.