Destituido el jefe de la Policía en México tras un duro informe de Derechos Humanos

El pasado 18 de agosto, la comisión de Derechos Humanos de México confirmó las sospechas de que el enfrentamiento entre delincuentes y policías en Tanhuato, Michoacán, en realidad fue un abuso de poder. “Ejecuciones arbitrarias”, sentenció el organismo en un informe. Once días después, el presidente Enrique Peña ha destituido al jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, para facilitar las investigaciones sobre este caso.

El trabajo de Galindo Ceballos ha sido cuestionado con frecuencia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Abusos de poder, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos por parte de policías a su mando han sido documentadas por la Comisión; incluso, una detención irregular firmada por él mismo, cuando era fiscal del Estado de San Luis Potosí. Fue hasta que el ombudsman lanzó un informe confirmando el asesinato de 22 civiles a manos de policías, que el comisionado fue destituido.

Su lugar será ocupado por Manelich Castilla Craviotto, excomisario de la Gendarmería, el grupo de élite de la Policía impulsado por el presidente Peña específicamente para combatir al crimen organizado. Castilla ha sido entrenado por la Policía Nacional de Colombia, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Real Policía Montada de Canadá.

“En el marco de los hechos recientes y por instrucciones del Presidente, el comisionado general de la Policía, Enrique Galindo, se ha separado de su cargo (…) con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente, de cara a la ciudadanía”, dijo en un mensaje a medios el ministro del Interior, Miguel Osorio Chong, sin especificar a qué hechos se refería pero enfatizando el tema de los derechos humanos.

En mayo de 2015, la Policía Federal informó de la muerte de 42 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con sus agentes en el municipio de Tanhuato, del central Estado de Michoacán. Los supuestos criminales eran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación –actualmente el más peligroso de México-, según la versión oficial. La sospecha de que no había sido un enfrentamiento sino un ataque de la Policía pesaba sobre la Comisión de Seguridad, pero su titular, Renato Sales -a quien fue dirigida la recomendación de Derechos Humanos- insistió en que el uso de las armas fue necesario “ante la agresión real e inminente”, incluso tras la publicación.

El reporte señala, sin embargo, que 20 de los 42 delincuentes murieron por uso excesivo de la fuerza; otros 13 fueron baleados por la espalda, cinco desde un helicóptero y otros tres en la casa donde ocurrió el enfrentamiento. Uno más murió quemado en el incendio que provocaron los 4.000 proyectiles disparados hacia una bodega en la que había barriles de combustible.

La recomendación, firmada por el ombudsman Raúl González, es una investigación del organismo sobre las “violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria” de 22 civiles, la muerte de otros cuatro, la tortura hacia dos detenidos, “el trato cruel, inhumano y degradante” hacia otro detenido, así como la manipulación del lugar de los hechos. Todas las acusaciones son contra la Policía Federal, por lo que su titular, Enrique Galindo, fue removido este 29 de agosto.

Osorio Chong instruyó al nuevo comisionado, Manelich Castilla, a “seguir adelante con los esfuerzos que estos años hemos llevado a cabo para consolidar a la Policía Federal como una institución de excelencia, sólida y confiable, en favor de las y los mexicanos”, y le giró una instrucción particular: profundizar la capacitación de todos los policías en materia de derechos humanos.

Este cambio en el gabinete de Enrique Peña Nieto ocurre en el contexto de una crisis de derechos humanos derivada de los fuertes cuestionamientos que las organizaciones sociales han lanzado contra las fuerzas policíacas y militares, de las que se han comprobado abusos de poder, violaciones, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Las violaciones a derechos humanos cometidas en México han sido constatadas incluso en el Gobierno de Estados Unidos. También ocurre a pocas semanas de que entraran en vigor el nuevo sistema penal acusatorio y el Sistema Nacional Anticorrupción, iniciativas también de Enrique Peña.