Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México

La ONU pone de nuevo el dedo en la llaga de las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad en México. El relator especial del organismo, Christof Heyns, ha señalado este lunes que "el progreso [en el país] ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida". En su estudio, elaborado a partir de su visita al país en 2013, denuncia las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada, la militarización de la policía y la falta de rendición de cuentas por "las violaciones cometidas". 

El enviado especial de la ONU recogió la información sobre México antes de que el país se viera sacudido por las mayores tragedias recientes. Visitó el país en 2013, un año antes de la noche en la que la Policía Municipal de Iguala matara tres estudiantes e hiciera desaparecer a 43, el 26 de septiembre de 2014. Unos meses antes, en junio de 2014, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por el Ejército en un descampado de Tlatlaya. En mayo de 2015, 42 civiles fueron asesinados en una redada policial y militar en Tanhuato (Michoacán) y en enero de este año, la Policía de Veracruz hizo desaparecer a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. El relator, no obstante, fue informado de estos sucesos antes de presentar su informe este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, según se explica en el texto.

Las ejecuciones extrajudiciales que destaca el organismo no han incluido, sin embargo, las denuncias sobre los últimos sucesos ocurridos el domingo pasado en Oaxaca entre la Policía Federal y los maestros contrarios a la reforma educativa. Seis manifestantes han muerto y el Estado está en pie de guerra. 

El informe expresa su consternación por el hecho de que no se haya iniciado ninguna acción judicial tras la conocida como Guerra Sucia, un período de represión gubernamental entre los años sesenta y setenta, donde fue ejecutado un gran número de personas, según reconoce el organismo. Recomendó que las ejecuciones arbitrarias y "las masacres cometidas durante ese período fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada".

Además de denunciar "los inquietantes niveles de violencia en México", el organismo apunta también a "la prevalencia de la impunidad". Pese a las recomendaciones anteriores de la institución internacional, el relator lamenta que el país las haya ignorado. El informe sugiere que la protección del derecho a la vida y en particular la cuestión de la rendición de cuentas, "ocupe un puesto central en el plan nacional de derechos humanos".

El relator añadió que los casos de homicidio vinculados a la delincuencia organizada fueran remitidos a la jurisdicción federal, de manera que permita a las autoridades nacionales investigar y juzgar si las estatales no pueden hacerlo, bien porque "no están en condiciones" —que puede ser por amenazas o extorsión— o bien porque "no están dispuestas a hacerlo". El experto urgió además a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

La presentación del informe llega en un momento clave en México, donde la lucha de los maestros —agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— contra el Gobierno ha alcanzado su punto máximo de ebullición. Las muertes de seis manifestantes han puesto de nuevo el foco en la política de seguridad del Gobierno y la indignación ciudadana por la falta de respuestas ante las tragedias de los últimos años ha socavado fuertemente la imagen pública del Ejecutivo.