El comerciante mexicano al que la policía ‘convirtió’ en capo a golpes

El 29 de septiembre de 2014, la prensa mexicana reportaba la detención de siete hombres relacionados con uno de los carteles de droga más grandes del país: Jalisco Nueva Generación. La fiscalía informó de la aprehensión y aseguró que los sujetos confesaron pertenecer al grupo delictivo, así como haber torturado personas para obligarlos a trabajar para ellos. Quienes no accedían, según la confesión citada por la fiscalía, eran quemados vivos. Fue una nota más sobre detenciones de delincuentes, en la que –como suele ocurrir- se señalan los nombres de los detenidos aun sin haber sido sentenciados. Entre esos nombres estaba el de José Martín González Moreno, quien se dedicaba al comercio en el municipio de Tala, del occidental Estado de Jalisco, antes de que la aprehensión torciera su vida.

Martín vendía teléfonos móviles y coches usados en Jalisco. En 2014 Tenía 42 años y vivía con Edna, su esposa, en una casa un tanto aislada dentro de esa entidad, donde también tenía un negocio de coches usados. La noche del 18 de septiembre, dos patrullas aparcaron fuera de su casa y de ellas salieron siete policías, seis hombres y una mujer. “¿Sabes a qué venimos?”, le preguntaron, y ante su negativa, allanaron su casa buscando drogas. Él negó tener alguna, así que los oficiales bajaron de la patrulla a un joven descalzo y esposado, a quien preguntaron si conocía a Martín. El hombre lo confirmó y a partir de ese momento, González Moreno se convirtió para esos policías y para las autoridades en el jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tala.

La afirmación del detenido bastó para esos policías. Esposaron al “narco”, subieron a ambos hombres a las patrullas, tomaron la camioneta de Martín y se dirigieron a la central policíaca, en Guadalajara, capital del Estado. Allí lo golpearon, le vendaron los ojos, le dieron descargas eléctricas en los genitales y le arrojaron agua por la nariz durante varias horas, para obligarlo a confesar que era un capo, que vendía ‘cristal’ y que junto con su gente se dedicaba a reclutar nuevos miembros de su cartel, matando a quienes se negaban. Orillado por la tortura, el hombre dijo lo que sus agresores querían escuchar; al ser trasladado a la fiscalía especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en la capital mexicana, firmó una confesión que él no redactó y hasta ese momento le fue permitido hablar con su esposa embarazada, que llevaba incontables horas sin saber de él. Martín le pidió que le consiguiera un abogado y desde entonces, el matrimonio emprendió una batalla legal y social contra la acusación por narcotráfico que lo mantiene encerrado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, del que alguna vez escapó el capo otrora más buscado del mundo, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, oculto en un carro de lavandería.

Al ingresar a esa prisión, luego de pasar por la SEIDO y otro penal en el Estado de Veracruz, Martín recibió una muestra de lo que sería su vida ahí dentro. “Lo peor es cuando llegas: te traen con cadenas en una camioneta como de valores, sin ventanas, sin oxígeno, sientes que te asfixias. Los agentes te golpean, te amenazan, te suben al avión (para su traslado interestatal) con la cabeza en los pies y si te quieres enderezar te golpean, así te llevan todo el camino. Te acercan perros, te dicen que ahí hay miembros de carteles contrarios; te rapan, te dejan en un colchón, la comida es pésima”, relata González a EL PAÍS vía telefónica desde la cárcel.

Pero lejos de encontrar “rivales”, como le advertían los agentes que lo trasladaron, Martín encontró una exoneración de facto entre sus compañeros de la prisión. “Aquí uno se conoce, se sabe quién anda y quién no, ellos saben que yo no ando en nada”, asegura. No tiene ni una sospecha de por qué lo señalaron justo a él como jefe de plaza, si lo confundieron o lo tomaron al azar para fabricar un culpable a base de torturas. Recuerda que en su colonia llegó a escuchar rumores sobre la presencia del narcotráfico en el municipio, pero asegura que nunca vio nada de eso ni ha tenido ningún contacto con la delincuencia.

Hasta la fecha José Martín no ha recibido sentencia. El juez no ha decidido si el jalisciense es sólo un comerciante o un peligroso capo, pero la comisión estatal de Derechos Humanos ya manifestó que, al margen de eso, los policías cometieron tortura y eso es un abuso de poder. Un perito en psicología jurídica de Jalisco ya determinó, a través del protocolo de Estambul, que tanto Martín como el joven que lo señaló fueron torturados, por lo que está en entredicho la veracidad de las acusaciones en su contra. Ya ha sido abierta una averiguación previa contra los siete oficiales, pues sus declaraciones están llenas de contradicciones y refutan, asimismo, las de los testigos que vieron cuando se lo llevaron: ellos dicen que lo detuvieron en un operativo, pero los vecinos –y las fotografías tomadas en la casa del comerciante- señalan que lo sacaron de su domicilio.

Adicionalmente, Martín González aparece en una lista de proveedores del Gobierno de Jalisco durante 2009, “quizá por la venta de algún equipo o servicio de telefonía”, explica Edna Vega; lo cual significaría que al Gobierno le consta que Martín es comerciante, o que contrató el servicio de un narcotraficante. En cualquier caso, el próximo 18 de septiembre cumplirá dos años en prisión, sin sentencia.

“De repente sí necesitas ayuda psicológica. Agarras la lectura y te sientes un poco mejor mientras esperas ver a la familia. Eso es lo que más me duele, mi familia”, expresa José Martín al otro lado de la línea. Después de seis años intentando ser padres, Edna y Martín lo consiguieron, pero al séptimo mes del embarazo, llegaron siete policías a su casa para llevárselo. Edna tuvo a su hija sin su esposo, y él sólo ha visto a su bebé en una sala de visita familiar, dentro del penal. Mientras Martín estuvo preso en Veracruz, Edna lo visitaba portando playeras con la fotografía de la pequeña impresa, para que Martín pudiera conocerla, pues no le permitían ingresar fotos al penal.

Como resultado de esta batalla legal, Martín y Edna ya consiguieron que lo exoneraran de varios de los delitos que le imputaban al principio –delincuencia organizada y robo de combustible-. Actualmente ya sólo está acusado de tres: portación de arma exclusiva del Ejército; portación de 45 cartuchos y de 20 gramos de ‘cristal’ para venta. Las irregularidades en el proceso, las pruebas de que fue sustraído de su casa y torturado, así como las declaraciones contradictorias de los policías, han impulsado el caso de Martín, pero todavía está en espera su sentencia, que podría llegar a finales de septiembre. Mientras tanto, Martín se ayuda con la seguridad de ser inocente, y con libros.