El Gobierno de Oaxaca debe indemnizar a dos indígenas

Oricel acudió una mañana de febrero de 2014 a un hospital de Oaxaca porque presentaba dolores de parto. El médico que la atendió le dijo que debía caminar porque “todavía no era tiempo para que se aliviara”. Durante cuatro horas la indígena de 18 años deambuló alrededor de la clínica y al incrementar los malestares acudió nuevamente al área de urgencias. El doctor insistió en que debía seguir caminando y a las 19.00 horas le dijo que no la internaría hasta el día siguiente. La joven se fue a dormir a un albergue contiguo al hospital. Ahí, durante la madrugada, sintió la necesidad de ir al baño, donde expulsó al bebé ante el asombro de su madre. Los médicos llegaron al sanitario y regañaron a la paciente por no haber llegado a tiempo a la clínica. 

Un caso similar ocurrió también en junio de ese año en otro hospital de Oaxaca, uno de los estados más pobres del sur de México. Una zapoteca de 40 años parió en el sanitario de una clínica mientras esperaba a ser atendida por el único médico que atendía ese día. Ambos casos se dieron a conocer a través de notas periodísticas y fueron investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que concluyó que las indígenas fueron víctimas de violencia obstétrica al enfrentarse a actos de negligencia médica. “La CNDH consideró que las irregularidades detectadas impidieron garantizar con efectividad el derecho a la protección de la salud materna de las dos mujeres indígenas zapotecas”, se expone en la recomendación emitida dos años después de ocurridos los hechos.

Pese a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, el Gobierno de Oaxaca no inició algún procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los médicos. La Comisión recomendó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, reparar el daño a las dos mujeres y sus bebés, a través de una indemnización. También lo instruyó a brindar atención médica de seguimiento, apoyo psicológico e inscribir a las mujeres en el registro estatal de víctimas de la entidad a fin de que tengan acceso al fondo de apoyo y auxilio. El personal médico estatal también deberá ser capacitado.

En México los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos de población en mayor desventaja. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) siete de cada diez indígenas están en situación de pobreza, lo que implica entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud. En el país quince de cada cien personas indígenas no están afiliadas a los servicios de salud. Los que sí aparecen en alguna lista, están inscritos a una institución del sector público, principalmente al Seguro Popular, un sistema de sanidad con una cobertura muy básica, según el Instituto de Estadística (INEGI). 

En la recomendación, el organismo nacional resaltó que al tratarse de mujeres pertenecientes a una comunidad indígena, que presentaban embarazos de alto riesgo, sufrieron una afectación en su derecho a la igualdad y no discriminación. En México los indígenas históricamente han estado expuestos al maltrato, la marginación y el rechazo. La discriminación por motivos de raza, origen étnico o apariencia física se refleja en acciones que niegan o restringen el goce de sus derechos. “Es un fenómeno que en nuestro país está arraigado tanto en las instituciones, reflejadas por ejemplo en los obstáculos para acceder a servicios de salud y educación, como en las prácticas sociales que definen relaciones desiguales de contratación y empleo”, se expone en un informe del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).