El eclipse inminente del periodismo en Turquía

No solo los profesionales turcos opinan así. En su último Índice Mundial de Libertad de Prensa, en el que se somete a examen a diversos medios de comunicación de 180 países, Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasificaba a Turquía en el puesto 151, lo que supone una nueva caída, esta vez de dos puntos.

El estudio anual Libertad de Prensa 2016 de Freedom House muestra un deterioro de la situación aún más grave. El análisis, realizado a lo largo del último año, sitúa a Turquía en el puesto 156 de 199 países, clasificándola una vez más entre los países “no libres”.

El núcleo de periodistas valientes e independientes que queda en el país es unánime en la opinión de que su propia profesión está siendo aniquilada. Los que resisten son víctimas de una persecución implacable. Desde mediados de 2014 ha habido más de 1.800 procesos por “insultos al presidente” turco, según el Ministerio de Justicia.

Según la página web de seguimiento de la agencia Bianet, actualmente hay 28 periodistas en las cárceles turcas, muchos de ellos colaboradores de medios de comunicación kurdos

Algunos cargos son más graves. A Dündar y Erdem Gül, editores de Cumhuriyet Daily, se les acusó de traición por una información que afirmaba que el Gobierno organizaba convoyes secretos para pasar armamento de contrabando supuestamente a grupos yihadistas sirios. Otro caso lamentablemente célebre es el de Mehmet Baransu, un periodista de investigación detenido durante más de 13 meses bajo acusaciones tan sumamente secretas que ni siquiera sus abogados fueron puestos al corriente. En dos procesos muy recientes, Cayda Karan y Hikmet Çetinkaya, dos periodistas veteranos de Cumhuriyet, fueron condenados a dos años de cárcel por publicar en su columna una caricatura de la portada de Chalie Hebdo como muestra de solidaridad profesional.

Censura y cárcel para periodistas

El método más eficaz ha sido despedir a los que se empeñaban en mantener las normas elementales de la profesión. Desde las manifestaciones del Parque Gezi en 2013 ha habido alrededor de 3.500 despidos. Los magnates de los medios de comunicación, obligados por lucrativos contratos públicos, están más que dispuestos a actuar como cómplices de la masacre. Tanto el informe de RSF como el de Freedom House destacan que, en este momento, las autoridades tienen en su punto de mira a los medios de comunicación privados que no pueden controlar totalmente.

El verano pasado, Hürriyet, un influyente periódico propiedad de Doğan Media, fue atacado dos noches seguidas por una multitud, tras lo cual sus propietarios “rebajaron el tono” de sus críticas contra el Gobierno. El último otoño, la policía asaltó las oficinas de Koza-Ipek Media. A continuación, tuvo lugar una operación de alcance similar contra Zaman Media y su agencia de noticias, el segundo grupo del sector. En otros casos, las plataformas digitales y el satélite de comunicación estatal han dejado sin señal a los canales de televisión disidentes.

La censura de las noticias sobre sucesos de enorme interés público, como los atentados terroristas, es ahora habitual. Y los periodistas extranjeros tienen problemas para conseguir sus acreditaciones e incluso se enfrentan a la deportación. La pluralidad y el debate público, ambos elementos clave de cualquier democracia, son cosa del pasado.