Los taxistas paralizan Lisboa y Oporto en protesta contra Uber

Los taxistas portugueses han paralizado el tráfico rodado de Lisboa y Oporto en la mañana del viernes con una marcha lenta por el centro de estas ciudades para protestar por la aplicación Uber, acusada de competencia desleal.

Poco después de las nueve de la mañana, unos 4.000 taxis iniciaron la marcha lenta en el Campo de Justicia de la capital portuguesa, circularon hacia el aeropuerto y siguieron por el centro de la ciudad hasta acabar a mediodía frente a la Asamblea de la República. A la vez, otras concentraciones se realizaban en Oporto y Faro, en total unos 6.500 taxistas.

A pesar del fuerte despliegue policial para regular el tráfico, se produjeron retenciones de tráfico en Lisboa y Oporto, que fueron aumentando conforme avanzaban las horas, aunque sin incidentes. Ya por la tarde, en Oporto, los taxistas reconocieron un coche que trabaja con Uber y el conductor tuvo que refugiarse en un hotel y su automóvil sufrió daños.

El portavoz del gremio ha manifestado que no están en contra de las aplicaciones de Internet, sino que solo están contra una, contra Uber, porque incumple la normativa legal de permisos y obligaciones fiscales. “No se pueden crear reglas para Uber, sino que Uber debe cumplir las reglas que existen para todos”, declaró el portavoz de la Federación Portuguesa del Taxi, Carlos Ramos. Según el sector, Uber les ha quitado el 20% del negocio.

En una encuesta de Eurosondagem realizada esta semana telefónicamente, el 72,3% de los consultados está a favor de Uber, mientras que el 10% se opone. El 26% de los encuestados ya probó el servicio de Uber, y el 94% de ellos calificó la experiencia de buena o muy buena; y el 4%, malo o muy malo.

No es la primera protesta del gremio portugués contra Uber, pero sí la más ambiciosa. En septiembre y en febrero realizaron concentraciones en el aeropuerto de Lisboa para que el Gobierno prohibiera su actividad. Desde abril del pasado año, Uber fue declarado ilegal por el Tribunal Civil de Lisboa, pero continua el servicio de conductores contratados con la aplicación telefónica por un defecto en el proceso judicial. Mientras, el Gobierno se remite a una respuesta conjunta de la Unión Europea, que hasta ahora no ha impedido la aplicación.