México ratifica que no quiere renovar el mandato de los expertos de Iguala

México le ha comunicado oficialmente este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que viene diciendo a través de los medios desde hace días: que no quiere prolongar más el mandato de los expertos internacionales que desde hace un año revisan el caso Ayotzinapa sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (GIEI) y cuyo análisis ha chocado con la versión oficial.

“Creemos que ha transcurrido un tiempo suficiente, un poco más de un año, y es tiempo de que el GIEI presente las conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano”, explicó en rueda de prensa en Washington el subsecretario de Derechos Humanos mexicano, Roberto Campa, tras reunirse con los comisionados en la sede del organismo en la capital estadounidense.

La respuesta de la Comisión no se ha hecho esperar: la decisión última sobre la renovación o no del mandato “corresponde a la CIDH”, dijo su presidente y relator para México, James Cavallaro, en una declaración escrita a los medios. En ella, recordó que el acuerdo “vigente” por el que se estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) a finales de 2014 establece que su mandato “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”. Dichas consultas tuvieron lugar esta misma semana. Y mientras el Gobierno dijo no, los familiares de los estudiantes “solicitaron la renovación del mandato hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se determine el paradero de los estudiantes desaparecidos y se haga justicia”, según Cavallaro.

En vista de la renuencia del Estado a continuar una presencia claramente incómoda para el Gobierno, es difícil que el mandato se pueda prolongar más allá del 30 de abril, que es cuando expira el plazo actual. Aun así, Cavallaro precisó que la CIDH está “estudiando los insumos recibidos” y que para tomar “su decisión sobre la extensión del mandato” espera poder participar en la reunión en la capital mexicana con el GIEI, el Estado y los familiares a celebrarse antes del 24 de abril, la fecha en que los expertos presentarán sus conclusiones finales.

En su comparecencia ante un grupo de periodistas en Washington, los representantes del ejecutivo de Enrique Peña Nieto se esforzaron por asegurar que la decisión del Gobierno no supone una minusvaloración del trabajo del GIEI o del compromiso del Estado mexicano con la CIDH.

“Hicimos patente nuestra voluntad de seguir cooperando con la CIDH en este tema”, afirmó el subsecretario para Asuntos multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas. “La fase conclusiva del mandato del GIEI no significa que la CIDH no seguirá este tema en su agenda (…) estaremos muy en contacto con la Comisión para rendir informes”, agregó.

Además, el balance del trabajo de los expertos es “muy positivo”, acotó Campa.

Sus aseveraciones contrastan con la patente tensión vivida los últimos días tanto en Washington como en México entre el Gobierno, el GIEI y la CIDH, que ha criticado la campaña de desprestigio que han sufrido tanto los expertos internacionales como la Comisión y su jefe, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, en medios mexicanos. La CIDH ha señalado públicamente a las autoridades mexicanas como la mano detrás de esos ataques, extremo que el Gobierno negó “enfáticamente” hace solo una semana en Washington, durante las audiencias de la Comisión.

EE UU también está preocupado

El no oficial del Gobierno mexicano a la continuación de las tareas de los expertos internacionales se conoce en el mismo día en que el Departamento de Estado norteamericano volvió a manifestar su preocupación por la situación de derechos humanos en México, en su informe anual por países sobre este tema, presentado por el secretario de Estado, John Kerry.

La introducción del capítulo mexicano no varía sustancialmente del realizado un año atrás, y vuelve a dejar clara la preocupación estadounidense por la participación de agentes y militares en “abusos graves” de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales a torturas y desapariciones, así como la “impunidad y corrupción” instaladas en las instituciones que debieran impedir y juzgar esos abusos.

El informe también refleja los asesinatos, secuestros e intimidaciones perpetradas por grupos criminales organizados contra periodistas, migrantes o defensores de derechos humanos.

“Nunca hemos negado que México enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, por eso tenemos una política de cooperación muy abierta con los organismos internacionales”, replicó el subsecretario Cabañas, para quien el Gobierno federal está haciendo un “gran esfuerzo” para “atender todos los retos que México enfrenta”.