El Supremo de Venezuela se blinda ante el control del parlamento

Una decisión emanada este martes desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha supuesto un agudo escalamiento en el conflicto de poderes que paraliza a Venezuela desde que, a comienzos de enero, se instaló una nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora.

Los cinco magistrados de la Sala Constitucional emitieron este martes una decisión, la número nueve, en la que se determina que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.

El extenso documento de 80 folios es la respuesta a la medida que el máximo tribunal, controlado por el oficialismo, ha concebido ante las diligencias iniciadas por el parlamento para investigar las designaciones express de 34 magistrados -12 de ellos, titulares- del TSJ en la penúltima sesión de la anterior legislatura, en diciembre de 2015. La mayoría chavista de entonces forzó el nombramiento de esos magistrados in extremis para asegurarle el mando del Supremo al Gobierno, que apenas unos días antes había sufrido una contundente derrota en las elecciones parlamentarias. Entre los magistrados recién nombrados se cuentan, al menos, dos titulares que venían de ser diputados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Entre los magistrados recién nombrados se cuentan, al menos, dos titulares que venían de ser diputados oficialistas

De hecho, y no por mera coincidencia, la decisión se conoció justo el mismo día en que en el Legislativo se votaría el informe elaborado por la Comisión Especial que la Asamblea Nacional creó para investigar los nombramientos. En el legajo, el Supremo establece como nulos “los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas”, incluyendo la comisión citada.

La bancada opositora no se dejó arredrar y, apenas un par de horas después de que se difundiera la sentencia, aprobó el informe, que recomienda revertir los nombramientos de los magistrados y reformar la Ley que rige al Tribunal Supremo. En una viñeta más del conflicto institucional que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha propiciado adrede, el jefe del bloque parlamentario chavista, el ex ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que el informe de la Comisión Investigadora colocaba al parlamento en posición “de desacato”.

La sentencia del Supremo no se limitó a defender sus fueros. En un empeño por sentar una jurisprudencia que preserve el control que el chavismo mantiene sobre el aparato del Estado, la corte también decidió que el Poder Legislativo no tiene facultades para supervisar a los demás poderes del Estado, como el Ciudadano, el Judicial y el Electoral, ninguno de ellos, por cierto, nombrados por voto popular y todos, en cambio, al partido de Gobierno. Concede, sí, que la Asamblea Nacional puede ejercer un control político sobre el Gobierno, pero mediante “la debida coordinación” con la Vicepresidencia de la República.

Además, la decisión del TSJ suspende el régimen por el que se obliga a determinados funcionarios públicos a acudir a interpelaciones ante el parlamento, lo que ahorra previsibles molestias a jerarcas del bolivarianismo y limita las capacidades de la Asamblea Nacional para hacer contraloría.

En una primera reacción, el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ironizó: “No habrá ni comida ni medicinas, pero sentencias sí hay”. Prometió una respuesta contundente frente a esta iniciativa que, aseguró, “utiliza la justicia para amputar las facultades del poder legislativo”, pero no sin antes estudiar la sentencia con detenimiento. Advirtió que, en todo caso, el Gobierno da evidencias de su debilidad cuando echa mano al Tribunal Supremo como principal “elemento estabilizador”.