La lucha partidista lleva la inmigración al debate del ‘Brexit’

Al principio de todo, la inmigración no estaba ahí. La odisea europea de David Cameron comenzó con un solemne discurso pronunciado, el 23 de enero de 2013, en la sede londinense de la agencia Bloomberg. El primer ministro conservador prometió que celebraría un referéndum sobre la permanencia del país en la UE.

Cameron cedía a las presiones del sector más eurófobo de su partido y abría la caja de Pandora. Esbozó sus prioridades y señaló aquello que no le gustaba de Bruselas. Habló de competitividad, de soberanía, de rendición de cuentas, de justicia supranacional. Pronunció más de cinco mil palabras, pero ninguna de ellas fue la de inmigración.

Tres años después, la inmigración se ha convertido en el asunto neurálgico en el debate en Reino Unido. Y la razón de ese protagonismo hay que buscarla en la política interna.

El 22 de mayo de 2014 un terremoto sacudió la política británica. El partido UKIP resultó el más votado en las elecciones al Parlamento Europeo, con dos sencillos argumentos: no a Europa y control a la inmigración. Dos meses después, el 29 de julio, David Cameron hablaba expresamente del supuesto efecto llamada que el sistema británico de ayudas sociales producía en la inmigración. El Gobierno había fracasado llamativamente en su promesa de reducir la inmigración neta por debajo de las 100.000 personas.

La amenaza del UKIP parecía imparable. Entre octubre y noviembre de 2014, el partido conseguía dos escaños en el Parlamento de Westminster, en elecciones parciales celebradas tras la deserción de dos diputados tories al UKIP. El liderazgo de Cameron se tambaleaba. El 27 de noviembre, Cameron volvía a hablar de inmigración. Esta sería, dijo, una “parte clave” de su negociación con sus socios europeos.

La inmigración ya era el centro del debate. Y la restricción de ayudas a los trabajadores de otros Estados miembros quedó escrita en el programa electoral con el que los tories ganaron inesperadamente por mayoría absoluta las generales del 7 de mayo.

La negociación con Bruselas empezó oficialmente con la carta que Cameron envío a Tusk el pasado noviembre, en la que expresaba sus demandas, divididas en cuatro bloques. El cuarto estaba dedicado a la inmigración. Y era el que tenía un desarrollo más concreto: “Las personas que vienen a Reino Unido desde la UE deberán vivir aquí y contribuir durante cuatro años antes de tener derecho a solicitar ayudas”, decía.

El problema es que no está claro que negar ayudas a los trabajadores de otros países europeos vaya a reducir la inmigración, y así lo han manifestado expertos a uno y otro lado del debate. El efecto llamada, como recordó el propio Stephen Nickell, de la independiente Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, es la buena marcha de la economía británica y, en concreto, la baja tasa de paro.

Los tozudos datos

El debate ha estado marcado por una llamativa ausencia de datos. El primer ministro llegó a decir, en noviembre del año pasado, que la restricción de ayudas afectaría a 148.000 personas. Pero la Hacienda británica, en respuesta a una petición de información pública de The Guardian, señaló que solo afectaría a 84.000.

El documento que los líderes europeos discutirán mañana en Bruselas recoge, con matices, la propuesta de Cameron: Reino Unido podrá, temporal y excepcionalmente, negar determinadas ayudas públicas a los trabajadores de otros países de la UE en sus primeros cuatro años en el país. Así, una disputa política interna de Reino Unido ha saltado al centro de la agenda europea, en la forma de un desafío sin precedentes al principio de libre circulación de personas, uno de los pilares de la Unión.