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El Estado Islámico asume la autoría del atentado suicida en Túnez

El país cierra durante 15 días su frontera con Libia tras el atentado

La cifra de muertos asciende a 13 personas, incluyendo al terrorista

Un equipo de forenses tunecinos en el autobús atacado en Túnez
Un equipo de forenses tunecinos en el autobús atacado ayer. REUTERS

Túnez ha anunciado este miércoles el cierre de su frontera terrestre con Libia durante 15 días. Esta decisión se toma tras el atentado suicida de ayer contra un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de la capital que provocó la muerte de 12 agentes, además de la del terrorista, así como heridas de diversa gravedad a otras 20 personas. El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente, Beji Caïd Essebsi, decidió "el cierre de la frontera con Libia durante 15 días a partir de la medianoche de hoy, con un aumento de la vigilancia en las fronteras marítimas y aeropuertos", según un comunicado que ha emitido la presidencia.

La decisión del Gobierno tunecino se hace pública el mismo día en que el grupo yihadista autodenominado Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) se atribuyó a través de un mensaje en una cuenta de Twitter afín el atentado. En su mensaje, el grupo publica una fotografía del suicida, a quien llama Abu Abdalá al Tunsi, y en la que aparece con un chaleco de explosivos adosado al cuerpo.

Cerrrada 15 días la frontera con Libia

Según Hisham Garbi, el presidente del sindicato de la Guardia Presidencial, un cuerpo de élite, el material utilizado en el atentado provenía de Libia. Por esta razón, el Ejecutivo decidió cerrar la frontera durante los próximos 15 días. En varios de los últimos atentados, los terroristas habían recibido entrenamiento en Libia, sumergida en el caos y donde el ISIS tiene bases.

En Túnez, como en otros países de la región, dos grupos compiten para liderar el movimiento yihadista. Una es la filial local del ISIS, y la otra la brigada Oqba Ibn Nefaa, afiliada al Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

El Estado Islámico ya asumió la autoría de los dos graves atentados de este año contra turistas extranjeros. El primero se produjo en el Museo Nacional del Bardo, en la capital, y se saldó con la muerte de 21 personas. El segundo sucedió en una playa de la ciudad turística de Susa, y segó la vida de 38 personas, la gran mayoría turistas británicos. Desde la revolución de 2011 que destronó al dictador Ben Alí, Túnez ha padecido más de una veintena de atentados terroristas, la mayoría dirigidos contra las fuerzas de seguridad.

La capital amaneció este miércoles con medidas de seguridad reforzadas. No en vano, pocas horas después del atentado de ayer, el presidente decretó el estado de emergencia en todo el país durante 30 días y el toque de queda de forma indefinida en la capital entre las 21.00 y las 5.00 horas. La medida parece haber dado ya frutos inmediatos: 18 personas sospechosas de pertenecer a “grupos terroristas” han sido arrestadas en el transcurso de 72 operaciones policiales, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

10 kilogramos de explosivos

Según las primeras pesquisas, un terrorista suicida hizo detonar un artefacto con unos 10 kilogramos de explosivos frente a la puerta del autobús de la Guardia Presidencial, según informó Hisham Garbi, presidente del sindicato de la Guardia Presidencial, a la emisora local Radio Shems. Por el tipo de material utilizado, Garbi sostiene que se introdujo al país desde Libia. En varios de los últimos atentados terroristas, como el de Susa, los terroristas habían recibido entrenamiento en Libia, un país sumergido en el caos y en el que el Estado Islámico ha instalado diversas bases.

La explosión se produjo mientras los agentes entraban en el vehículo que debía llevarlos al palacio presidencial de Cartago. El atentado sucedió en la calle Mohamed V, a apenas 150 metros del Ministerio del Interior, toda una muestra de fuerza de los grupos yihadistas que hasta ahora solo habían llevado a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad en regiones periféricas.

La presencia de las fuerzas de seguridad en el centro de Túnez era más numerosa de lo habitual. Además, se han extremado las medidas de seguridad en el aeropuerto internacional de Cartago, donde solo se permite la entrada a viajeros.

Tras una reunión del Gobierno celebrada el miércoles por la mañana, el primer ministro, Habib Essid, pidió en un mensaje televisado el apoyo y la comprensión de la población: “El Estado necesita echar mano de todas sus herramientas en la lucha contra el terrorismo. La ciudadanía debe entender que se aplique a fondo la ley antiterrorista”. Esta legislación, aprobada a finales de julio, semanas después del atentado de Susa, fue duramente criticada por algunas organizaciones de la sociedad civil. Entre sus objeciones destaca el hecho de que recoja la pena de muerte para algunos delitos, a pesar de que el país decretó una moratoria en 1991.

Las declaraciones de condena por el atentado se extendieron entre toda la clase política tunecina. “Túnez es más grande que lo que creen los terroristas. Su tentativa de sabotaje no triunfará gracias a la cohesión de nuestro pueblo y a la valentía de nuestras fuerzas de seguridad”, escribió en un mensaje de Twitter Rachid Ganuchi, líder de Ennahda, el principal partido islamista del país. “Esta gente [los terroristas] no tienen ningún proyecto político... ellos quieren instalar el miedo para que nadie viva una vida normal”, afirmó el expresidente Moncef Marzuki en un mensaje de vídeo.

Las reacciones de la comunidad internacional tampoco se hicieron esperar. En un comunicado público, el Departamento de Estado de EE UU condenó “de forma contundente” el atentado terrorista en Túnez y se mostró dispuesto “a apoyar el pueblo tunecino y su futuro democrático”. También el Consejo de Seguridad quiso expresar su solidaridad con el pueblo tunecino, y aseguró en un comunicado que “ningún atentado terrorista podrá invertir el camino seguido por Túnez hacia la democracia y sus esfuerzos por relanzar su economía y su desarrollo”.

Cuna de la llamada primavera árabe, Túnez es el único país de la región que ha sido capaz de culminar con éxito su tránsito hacia la democracia. El año pasado, el país aprobó una Constitución democrática que mantiene el sistema laico instaurado tras obtener la independencia de Francia. La sociedad civil desempeñó un importante papel como mediador entre los partidos políticos durante la transición, lo que le granjeó el Premio Nobel de la Paz de este año.

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