La derecha exige adelantar las más duras medidas contra el terrorismo

El primer debate parlamentario celebrado tras el anuncio de François Hollande de poner en marcha una batería de nuevas medidas para reforzar la lucha antiterrorista ha demostrado este martes que Francia está dispuesta, una vez más, a endurecer su política de seguridad. Esta misma semana el parlamento aprobará, previsiblemente, la prolongación del estado de excepción durante tres meses más, pero la derecha exige la introducción inmediata de otras medidas apuntadas por el presidente, como la imposición del brazalete electrónico para los sospechosos o su retención provisional. La izquierda, en total minoría, teme que la emoción del momento aboque a Francia a un Estado policial. Un sondeo del instituto Ifop publicado por Le Figaro esta tarde demuestra que el 84% de los franceses están dispuestos a perder algo de libertad con tal de aumentar su seguridad.

“La ficha S [los ciudadanos fichados por la policía por su deriva radical] no es suficiente. A los fichados hay que detenerlos. No pueden estar en libertad”, ha exigido esta tarde Laurent Wauquiez, secretario general del principal partido de la oposición Los Republicanos, en la Asamblea Nacional. “No hace falta esperar a nuevas disposiciones legales para imponerles el brazalete electrónico”, ha abundado su compañero de filas Christian Estrossi, cuyo discurso se ha endurecido toda vez que su rival en las próximas elecciones regionales es Marion Marichal Le Pen, del Frente Nacional.

La policía tenía fichados a varios de los terroristas que han atentado en Francia en enero y el 13 de noviembre. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha respondido a las exigencias de la derecha asegurando la imposibilidad de aplicar tales medidas sin consultar previamente su legalidad y sin cambiar las leyes. La receptividad de los socialistas a sus propuestas es, sin embargo, más evidente que nunca. “Estamos abiertos a analizar todo esto”, ha puntualizado el primer ministro Manuel Valls. El Frente Nacional, por su parte, aplaude la intención del Gobierno de acelerar la retirada de la nacionalidad a los binacionales que supongan una amenaza para el país (aun habiendo nacido en Francia) y el rechazo para que regresen de zonas del conflicto.

Ecologistas y comunistas se dicen dispuestos a aprobar la prórroga durante tres meses del estado de excepción, en vigor desde el sábado, pero desconfían de la oportunidad de acometer cambios legislativos de envergadura. “No podemos crear un nuevo régimen de excepción en la urgencia sin medir todas las consecuencias”, dice el diputado comunista Pierre Laurent. “Se está utilizando la emoción provocada por los atentados”, afirma la Liga de los Derechos Humanos. “Tememos una deriva hacia un estado policial”, manifiesta Florian Borg, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. Tanto Le Monde como Libération han alertado en sus ediciones de hoy sobre este peligro.

“De todas las respuestas posibles a una situación extraordinaria como esta, el Gobierno francés ha elegido el estado de excepción, que es el que menos atenta a la libertad”, asegura, sin embargo, el politólogo de Science Po Pascal Perrineau. “Las democracias tienen derecho a defenderse con determinación. Tendrán que acostumbrarse a afrontar esta guerra nueva y ambigua que obliga a replantear sus leyes”.

El estado de excepción otorga poderes especiales al Gobierno, que puede ordenar, sin mandato judicial alguno, registros domiciliarios, asignaciones de residencias obligatorias, cierre de zonas y actividades lúdicas e incluso controlar los medios de comunicación. La ley francesa solo permite aplicar esta situación durante doce días. En cualquier caso, las detenciones realizadas durante tales operaciones producen una apertura automática del proceso judicial, por lo que es un fiscal el que inmediatamente se pone al frente de la investigación con las garantías procesales habituales.