Primera huelga general en Grecia contra la austeridad de Tsipras

El izquierdista Alexis Tsipras se enfrentó este jueves a la primera huelga general desde que fuera elegido primer ministro de Grecia el pasado enero con la promesa de acabar con la austeridad. Una protesta convocada contra la continuidad bajo su gobierno de las políticas de recortes exigidas por los acreedores europeos y que, como es habitual en el país mediterráneo, tuvo un seguimiento muy desigual: amplio en el sector privado, muy reducido en el privado.

La combatividad mostrada en años anteriores por las principales centrales sindicales griegas –con una media de cinco huelgas generales al año entre 2008 y 2014– se había atenuado con la llegada al poder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) y, a excepción de un paro funcionarial el pasado julio, el Ejecutivo progresista no había tenido que lidiar con demasiados conflictos laborales. Pero la rendición de Tsipras ante la imposición de nuevas medidas de ahorro a cambio de un nuevo rescate y la continuación de las políticas de austeridad tras renovar su mandato en las elecciones anticipadas del pasado septiembre han puesto fin a la tregua sindical.

La confederación de sindicatos de funcionarios ADEDY y la central del sector privado GSEE llamaron a una huelga de 24 horas que provocó el cierre de la mayoría de instituciones públicas –incluidos sitios arqueológicos y museos- y la reducción a mínimos de la atención hospitalaria. Los medios de comunicación limitaron sus informaciones a las relativas a la huelga y en los transportes pararon el metro y el ferrocarril, los autobuses funcionaron sólo en determinadas franjas horarias, hubo cancelaciones de vuelos domésticos y de numerosos trayectos marítimos entre el continente y las islas, pues entre los trabajadores náuticos tiene gran influencia el sindicato comunista PAME, también convocante de la huelga. En cambio, en la escasa industria y en el comercio apenas se registraron cierres. “El problema es que hay que estar abierto para sacar un mínimo de dinero, porque no se gana nada”, explicó Alexandros, un comerciante textil citado por EFE, que no ocultaba su malestar con el Ejecutivo de Syriza: “Nos sentimos muy traicionados. Parece un Gobierno de derechas”.

En la manifestación que recorrió Atenas participaron 20.000 personas, entre ellos antiguos miembros del Gobierno de Tsipras, como Panayotis Lafazanis, o la expresidente del Parlamento, Zoí Konstantopulu, que abandonaron Syriza en protesta por lo que consideraban una claudicación en las negociaciones con los acreedores. La marcha capitalina culminó en disturbios cuando jóvenes de estética anarquista lanzaron piedras y cócteles molotov a los agentes de policía situados en la Plaza Syntagma, y estos respondieron con gases lacrimógenos. Los disturbios prosiguieron en las calles adyacentes, donde los encapuchados rompieron escaparates. Al menos tres personas fueron detenidas.

En la localidad de Patras, hubo tensión entre los militantes de Unidad Popular –la escisión izquierdista del partido de Tsipras– y los de Syriza, que, aunque parezca incongruente, también participaron en la protesta. De hecho, la sección sindical del partido gobernante llamó a sus miembros a secundar la huelga general pues considera que las “políticas extremas, impopulares y neoliberales” están siendo aprobadas por Tsipras por la “presión de los acreedores”. “Estamos poniendo en práctica un acuerdo que incluye medidas injustas”, reconoció la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, para quien la huelga puede reforzar a Grecia de cara a las negociaciones con los acreedores.

Este miércoles se reanudaron en Atenas los contactos entre el Gobierno griego y la “cuadriga” de instituciones que ha sustituido a la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional– sobre los nuevos recortes que tendrá que emprender Tsipras a cambio de 2.000 millones de euros para las arcas públicas y otros 10.000 para la enésima recapitalización de la banca griega. Entre los temas más peliagudos a discutir se hallan el fin de la moratoria a los desahucios, prolongada por Syriza, y la reducción de los plazos de devolución de deudas a Hacienda, algo que podría ahogar más a una población que acumula ya casi ocho años en crisis. Un ejemplo: sólo en el último mes, 15.000 usuarios fueron desconectados de la red eléctrica por deudas con la empresa de distribución.