El 60% de los empresarios aceptan corrupción en México como negocio

En México circula una expresión coloquial que retrata hasta qué punto la corrupción está incrustada en la sociedad como una garrapata. Cuando un mexicano dice el que no transa, no avanza, está asumiendo que las mordidas, los moches y demás corruptelas son el cauce necesario para el ascenso económico, político y social. El Imco, un centro de análisis compuesto por académicos y empresarios, le ha dado la vuelta al lema –Transamos y no avanzamos– para titular un informe que radiografía el fenómeno e insta al fortalecimiento de instituciones autónomas del poder político como única tabla de salvación.

“Frena el desarrollo de la economía, disminuye la productividad, favorece el rentismo, agrava la desigualdad, obstaculiza la justicia y genera desencanto con la democracia”, explicó Amparo Casar, politóloga y coordinadora del estudio, durante su presentación este lunes en el DF. La corrupción es la criptonita de México a la hora de atraer inversión extranjera. Es la primera preocupación –por encima de la violencia- de los inversores internacionales según el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. Y el agujero que abre en las arcas públicas ronda entre el 3% y el 10% del PIB. La corrupción, añadió Casar, “es el enemigo público número uno de México”.

El informe constata que un 63% de los empresarios consideran que forma parte de la cultura de negocios en el país, que la mitad de las empresas reconoce haber pagado un soborno y que todos los años se registran más de 200 millones de pequeños actos fraudulentos. La corrupción funcionaría como un agujero negro, como una poderosa lógica centrífuga que dice: si lo hacen todos, ¿porque yo no?. “Pensamos que nos conviene porque la percepción es que las conexiones políticas ofrecen oportunidades para tu empresa, dan ventajas sobre tus competidores y aceleran los trámites”, detalló la politóloga.

La corrupción es la primera preocupación –por encima de la violencia– de los inversores internacionales según el Banco Mundial

El presidente Peña Nieto, al que recientemente ha rodeado la polémica por la compra de una casa por parte de su esposa a empresarios cercanos su Gobierno, se refiere a menudo a la corrupción como un asunto cultural, especialmente implantado en las sociedades latinoamericanas. El informe recoge un puñado de expresiones populares que encarnan y retratan el calado profundo del problema. “Cómo nos arreglamos”; “acéitame la mano”; “ponte guapo”; “ayúdame a ayudarte”; “no me des, ponme donde hay”. Pero la conclusión de Imco no es que los mexicanos lleven la corrupción incorporada en el ADN.

“Para enfrentar el problema se necesitan mil agujas. Pero el hilo conductor son instituciones fuertes y autónomas del poder político”, indicó el director de Imco, Juan Pardinas, que puso como ejemplo reciente a Guatemala, donde una suerte de fiscalía especial internacional -creada y financiada por la ONU- ha servido de abrigo para un reguero de denuncias que han terminado derribando a un Gobierno cooptado por estructuras mafiosas.

Pardinas continuó con los casos comparados para criticar los raquíticos recursos que destina México para perseguir a los corruptos. La unidad especializada de la fiscalía mexicana cuenta con una plantilla de 12 funcionarios y un presupuesto de 1,5 millones de dólares. En Hong Kong, con una décima parte de la población mexicana, destinan 120 millones y más de mil trabajadores. “La solución pasa por crear instituciones e incentivos para cambiar el clima cultural de permisividad”, cerró el director del Imco.

El origen de esas sombrías raíces estaría en el entramado institucional sobre el que se fundó México después de la Revolución y que se tradujo en los más de 70 años de instauración priista. “El acuerdo entre las distintas élites surgidas de la época posrevolucionaria generó un sistema corporativista. El mito fundacional está basado en la estabilidad, en la capacidad de un único partido que hace un uso discrecional del poder. Ese el medio ambiente en el que opera la corrupción”, defendió Rodrigo Canales, profesor de empresariales en Yale.

“Si no arreglamos nuestra instituciones va a ser muy difícil corregir y eliminar la corrupción. Porque las autoridades son las primeros que tienen la obligación de no corromperse”, indicó Amparo Casar. Sin embargo, el 70% de los mexicanos está convencido de que sus gobernantes no cumplen la ley. El 77% no confía en la policía y el 60%, tampoco en los jueces.