“Hemos puesto el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo”

El Gobierno mexicano ha acogido con extrema frialdad la decisión de la Suprema Corte de Justicia de abrir las puertas a la legalización de la marihuana con fines recreativos y sin ánimo de lucro. Atento a las encuestas, que aún muestran una opinión pública mayoritariamente contraria a este paso, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto trató por todos los medios de minimizar el alcance del histórico fallo, descartó emprender reformas legales, y se limitó a ofrecer la apertura de un debate nacional sobre la cuestión. “No queremos discusiones, sino acciones. Somos cuatro pero representamos a 120 millones de mexicanos”, respondieron los promotores del litigio.

En una decisión histórica, la Sala Primera de la Suprema Corte aprobó el miércoles, por cuatro votos contra uno, autorizar el consumo, cultivo, transporte y posesión de marihuana a una asociación de consumidores. Lejos de ser un cheque en blanco, el fallo circunscribe la autorización a los cuatro promotores de la entidad, pero al mismo tiempo allana el camino para que otros ciudadanos puedan hacer lo mismo. Esta apertura introduce, en la práctica, un elemento explosivo en la restrictiva legislación mexicana: prima la libertad individual sobre el daño a la salud, y admite, como parte del derecho al desarrollo libre de la personalidad, el autoconsumo lúdico y sin fines comerciales. “La sentencia considera a los mexicanos entes libres y autónomos, y abre con ello un capítulo histórico”, indicó el abogado de los litigantes, Fabián Aguinaco.

Ante la eventual cascada de imitadores que desatará este fallo, el Gobierno mexicano se apresuró a construir un dique de contención. La resolución, a juicio de los portavoces oficiales, no sienta jurisprudencia (se necesitan cinco fallos consistentes), ni obliga a cambiar ninguna ley, dado que sólo afecta a la denegación para el autoconsumo que dio la Administración sanitaria a los litigantes.

“La resolución sólo atañe a las cuatro personas que presentaron el litigio, por tanto, no modifica la política de combate contra el crimen organizado ni la del comercio de estupefacientes”, afirmó el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez. “La siembra, suministro y comercialización siguen siendo un delito. La marihuana no ha sido legalizada”, remató el consejero jurídico, Humberto Castillejos. En este escenario, la única ventana que dejó abierta el Ejecutivo fue la necesidad de un abrir un debate pero enfocado a “la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas”.

Este inmovilismo chocó sonoramente con las esperanzas de los partidarios de la legalización. En su día de gloria, los cuatro litigantes –Juan Torres Landa, Josefina Riaño, Pablo Girault y Armando Santacruz– pidieron que tanto el poder legislativo como el ejecutivo modifiquen la actual normativa con el objetivo de proteger los derechos reconocidos en el fallo. “Es hora de que la prohibición desaparezca. Hemos puesto el primer clavo en su ataúd”, afirmó Landa.

El grupo, formado por miembros de la organización México Unido contra la Delincuencia, explicó que su amparo obedeció a una estrategia diseñada para forzar el debate sobre la legalización de la marihuana. “No podíamos seguir caminando hacia el precipicio. El gasto en seguridad aumentó un 800% en 10 años y el resultado fueron 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos. Todos somos padres de familia y estábamos consternados”, señalaron.

La resolución, a juicio del Gobierno, ni sienta jurisprudencia ni obliga a cambiar ninguna ley

Con la victoria judicial se abre ahora un nuevo horizonte para este pequeño equipo de abogados y empresarios. Primero, asesorar a todos aquellos que quieran recorrer el mismo camino. “No queremos aumentar el consumo, sino fortalecer la libertad de elección. Hoy día hacen más daño las políticas contra las drogas que las drogas mismas”, afirmó Santacruz.

El segundo paso, en el que ya están inmersos, es la búsqueda de una legislación que recoja “en positivo” los postulados de la Suprema Corte. Para ello, estos activistas necesitarán de las fuerzas parlamentarias. Un campo difícil para este juego. Sólo el PRD, la formación hegemónica de la izquierda, se ha declarado partidario de la legalización. El resto ha defendido la vía de la consulta (PRI y Morena) o del debate (PAN).

En cualquier caso, pocos creen que los partidos vayan a quedarse de brazos cruzados. No sólo la onda expansiva de la decisión judicial sino los avances legislativos en Estados Unidos y Canadá han propiciado un cambio de clima en un territorio donde hace pocos años el debate apenas existía. Estos nuevos aires se perciben especialmente en el uso medicinal de la marihuana. Los sondeos muestran cómo ha ganado terreno en los últimos meses hasta convertirse en una opción aceptada por la mayoría. En este viraje han actuado como un catalizador emocional las dolorosas imágenes de la pequeña Grace Elizalde, estragada por el síndrome de Lennox-Gastaut. Agotadas todas las salidas terapéuticas y tras una formidable campaña popular, un juez decidió autorizar su tratamiento con marihuana. Un pequeño paso, que parecía limitado al universo hospitalario, pero que supuso la caída de muchos prejuicios y que ha abierto la puerta a iniciativas de mayor aliento, como la del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que ha propuesto la legalización del uso terapéutico. Un camino al que muy pocos ya se oponen en México.