Argentina pone cerco a los talleres ilegales tras la muerte de dos niños

En las últimas semanas se repiten las noticias de que en Buenos Aires las autoridades allanan talleres textiles clandestinos. Tanto el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como los de los dos principales candidatos presidenciales, el del opositor Mauricio Macri, que administra la ciudad autónoma, y el del oficialista Daniel Scioli, que gestiona la provincia que rodea a la capital, difunden por los medios de comunicación que clausuran pequeñas fábricas en las que explotan a trabajadores. Una fundación que desde hace 13 años combate el trabajo esclavo en Argentina con el apoyo del papa Francisco, La Alameda, atribuye la acción oficial a una cuestión electoral después de que en abril pasado en un incendio de un taller murieran dos hijos de empleados que vivían allí, de siete y diez años, y ante la inminencia de los comicios generales del próximo 25 de octubre.

En el ayuntamiento que gobierna Macri reconocen que aquellas muertes ocurridas en su jurisdicción activaron más inspecciones laborales. En los primeros ocho meses de 2015 se auditaron en la capital argentina 6.844 talleres textiles, más que los 6.069 de todo 2014. En unos 2.000 también inspeccionaron autoridades nacionales. En total se cerraron 234 establecimientos.

En la periferia de la ciudad, es decir, en territorio de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Scioli, los responsables del control niegan que se hayan intesificado las requisas. En 2014, el Gobierno del candidato oficialista relevó 1.002 talleres clandestinos y halló 292 en infracción, con un total de 3.252 trabajadores afectados. En los primeros ocho meses de 2015 hizo 775 inspecciones, con lo que si mantiene el ritmo superará la cifra del año pasado. Entre enero y agosto de 2015 encontró 197 infracciones con 1.519 empleados sin contribuciones patronales o trabajando en malas condiciones de seguridad e higiene.

“Los allanamientos son reales, pero son producto de la muerte de los dos nenes y después de que se incendiaran otros cuatro talleres más”, advierte el militante de La Alameda y trabajador de la cooperativa textil Soho, Ezequiel Conde. “El tema está en la agenda pública porque es un año electoral, pero nadie dice qué pasa con los costureros que trabajaban en los talleres allanados. Las autoridades le ofrecieron a uno el ‘pasaje’ (billete) para volverse a Bolivia, pero él se negó”, cuenta Conde.

La mayoría de los trabajadores explotados son parte de los 345.000 inmigrantes bolivianos en Argentina

La mayoría de los trabajadores explotados son parte de los 345.000 inmigrantes bolivianos en Argentina. Y en muchos casos sus patrones son compatriotas y en otros, surcoreanos. La ciudad autónoma de Buenos Aires ha contabilizado que el 95% de los dueños y empleados de los establecimientos son de Bolivia y el 5%, de Corea del Sur, de donde llegaron unos 30.000 migrantes en las décadas del 80 y 90.

La ley pena también a las compañías que contratan talleres ilegales. Así es que La Alameda ha denunciado a lo largo de 13 años a 113 marcas, incluidas Adidas, Lacoste, Puma, Zara, la chilena Falabella y tres de la familia de la esposa de Macri, Awada, Cheeky y Como quieras que te quiera. A la mujer de Scioli, que produce lencería, no le han encontrado nada oscuro, pero Conde, de La Alameda, advierte: “A Scioli le decimos que en ocho años de su gobierno en la provincia han brotado los talleres clandestinos en La Matanza y Lomas de Zamora, donde está La Salada (el mayor mercado ‘negro’ de Latinoamérica). Ahí se mudaron desde la ciudad de Buenos Aires después de que en 2006 murieran dos adultos y cuatro nenes en otro incendio en un taller”.

Más allá de las denuncias de La Alameda y las inspecciones oficiales, ninguno de los dueños o responsables de las marcas de ropa ha sido condenado aún. “Hay unos 25 ‘talleristas' (dueños de los establecimientos) presos con condena firme. Son bolivianos y coreanos. Lo máximo a lo que se llegó fue al procesamiento de los dueños de tres marcas, incluida Awada, pero fueron finalmente sobreseídos por los jueces”, lamenta Conde.

“Después de los allanamientos, los costureros se van a trabajar a otro taller y las marcas consiguen otro lugar donde fabricar la ropa”, añade el militante de La Alameda en un local del ayuntamiento de Buenos Aires que gestiona el Gobierno nacional y en el que trabajan ocho cooperativas con 70 trabajadores, incluidos algunos liberados de los talleres clandestinos, que usan máquinas incautadas en esos establecimientos. “Esto se creó en 2009, pero no hay una política pública para ampliarlo. Hay complicidad de los Gobiernos y la justicia, hay dádivas de las marcas para todos. Hay ‘micros’ (buses) que llegan todos los días desde Bolivia a Argentina con trabajadores para ser explotados, sin que la Gendarmería los controle”, advierte Conde.