El infierno de los mineros turcos

Oguz Arkan no quería bajar al pozo. No es que fuera un cobarde: tanto él como sus cuatro hermanos, los maridos de sus dos hermanas y su propio padre habían trabajado en la minería desde que tuvieron edad para cargar con una pala. ¿A que otra cosa iba a dedicarse habiendo nacido en la ciudad minera de Soma? Pero en el pozo de Eynez había algo extraño, siniestro. La tragedia llevaba tiempo anunciándose en sus oscuras paredes, en cada palada de carbón.

“En algunos lugares ni siquiera llegaba el aire, y en los pasillos la temperatura ascendía demasiado rápido en cuanto bajabas unos metros. A algunos trabajadores no les daban botas y tenían que trabajar con zapatos de calle”, relata Oguz Arkan con manos temblorosas. Él sólo aguantó tres meses en esa mina y luego trató de convencer a dos de sus otros hermanos de que le siguieran a otro pozo. Sólo uno le hizo caso y dejó su empleo el viernes 9 de mayo del pasado año. Cuatro días después, una explosión a dos kilómetros bajo la superficie desató un incendio convirtiendo la mina de Eynez en un infierno.

301 muertos

Nada más escuchar la noticia, Oguz dejó su puesto en un pozo cercano y corrió al de Eynez a buscar a su hermano: “Fui de los primeros en entrar tras el accidente. Había cadáveres por todas partes”. Veysel, el hermano de Oguz que decidió continuar trabajando en el pozo de Eynez, era uno de los 301 mineros que ese día perdió la vida en la que hasta ahora ha sido el mayor accidente minero de la historia de Turquía. La respuesta del entonces primer ministro y hoy presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, fue que morir “está escrito en el destino de los mineros”.

Mientras en China y otros países productores de carbón como India, Indonesia o Sudáfrica los accidentes mortales se han reducido considerablemente durante los últimos 15 años gracias a la mejora en las condiciones de seguridad laboral, en Turquía no han hecho sino aumentar. Por ejemplo, en 2002, China registró 6.995 muertes de mineros del carbón, cifra que ha logrado reducir progresivamente hasta las 931 de 2014. En cambio, en Turquía han pasado de 17 en 2002, a 105 en 2010 y 383 en 2014.

La razón hay que buscarla en el modo en que se llevó a cabo la privatización de las minas turcas a partir de 2004, año en que el número de accidentes se disparó. “Durante 35 años de gestión pública de los pozos de Soma sólo murió una persona”, subraya Özgür Özel, diputado opositor que dos semanas antes de la tragedia había presentado ante el Parlamento un informe advirtiendo de la escasa seguridad en las minas de Soma y proponiendo soluciones, pero que fue rechazado por la mayoría del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). “Con una inversión en seguridad de un dólar por tonelada de carbón se podrían evitar estos accidentes”, añade Özel en un encuentro organizado por la asociación Platform24.

“El Gobierno entregó estas minas a empresas cercanas a su partido, que no tienen la más mínima experiencia en minería y son insaciables: de donde antes se sacaba una tonelada de carbón ahora quieren sacar tres, y presionan para ir más rápido y más profundo, sin tener en cuenta que hay mucho grisú”, explica a este diario el presidente del sindicato minero DevMaden, Tayfun Görgün.

La relación entre las empresas gestoras de los varios pozos de Soma y el Gobierno del AKP es palpable. Hidayet Merdim, un minero que fue rescatado con vida tras 29 horas atrapado en el pozo de Eynez, asegura que él y otros trabajadores han sido amenazados por su jefe con el despido si no votan por el partido islamista moderado. Otros mineros denuncian que, cada vez que en los alrededores hay un mítin del AKP, los trabajos en la mina paran y los obreros son obligados a asistir.

Los intereses del Gobierno

Hay otro nexo. Una parte nada desdeñable de las ayudas sociales del Gobierno del AKP consiste en repartir carbón para las estufas de los hogares más pobres (cada año se distribuyen unos 2 millones de toneladas). “La mayoría de este carbón procede de Soma y el Gobierno necesita que su precio sea bajo”, afirma Kamil Kartal, presidente de la Asociación Derechos Sociales de Soma. A cambio, el Ejecutivo ha hecho la vista gorda y ninguna de las inspecciones laborales previas al accidente encontró nada que registrar en sus informes pese a las continuas quejas de los mineros. De hecho, la mayoría de las minas de Soma han reabierto tras el accidente y los obreros han vuelto al tajo, pese a temer que la tragedia se vuelva a producir.

“Lo importante es que a partir de ahora las inspecciones sean más estrictas y los trabajadores cumplan las normas de seguridad laboral”, arguye Recai Berber, diputado del AKP por la provincia de Manisa, en la que se encuentra Soma. Sin embargo, en el banquillo del juicio por el accidente del pozo Eynez de Soma sólo se sientan los directivos de la empresa que gestionaba la mina, ya que el Gobierno ha vetado la imputación de cualquier cargo público.

Un año después de la tragedia de Soma, los familiares de las víctimas no han recibido más que una pequeña parte de las indemnizaciones prometidas por el Gobierno y los que fueron rescatados heridos ni siquiera eso: el pasado noviembre los 2.831 trabajadores del pozo de Eynez que quedaban fueron despedidos. Algunos de ellos, entre susurros de vergüenza, confiesan: “Ojalá hubiésemos muerto, así al menos algo les hubiesen dado a nuestras familias”.