Alondra Luna Núñez y los derechos de los discapacitados

Fue “robada” por la Interpol en plena clase de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz,en el estado de Guanajuato, en el centro de México. De allí la sacaron por la fuerza pese a que ella intentó defenderse a gritos, sin que nadie interviniera en su defensa. Los hechos fueron grabados, están en línea en Youtube.

El jueves 16 de abril, por orden judicial, la Interpol subió a la menor de 14 años Alondra Luna Núñez a un avión con destino a Houston, donde la reclamaba una mujer de nombre Dorotea García, que aseguraba ser su madre. La orden judicial provino de la jueza Cinthia Elodia Mercado García, con sede en Los Reyes, Michoacán, el estado vecino a Guanajuato. Al llegar a Houston la niña fue sometida a una prueba de ADN, la cual resultó negativa. Alondra no es hija de la residente estadounidense, sino de Gustavo Luna y Susana Núñez. La situación dejó en ridículo a las autoridades mexicanas y estadounidenses, además del trauma que provocó en la menor de edad y en sus familiares.

La jueza Mercado García se lavó las manos. Ella se justificó bajo la premisa de sujetarse a la Interpol y a la documentación recibida desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. De tal modo que al excusarse depositó el problema a la Cancillería mexicana, dependencia del gobierno federal.

Pero ocurre que Alondra es una persona con discapacidad, lo que la vuelve aún más vulnerable en un país como México, cuyas leyes autorizan la privación de la libertad de quienes viven con algún tipo de discapacidad intelectual y psicosocial. Ello según ha señalado la Organización de las Naciones Unidas mediante el Comité de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Su verdadera madre, Susana Núñez Granados, ha mostrado su enojo con la Interpol y con la ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, ya que ésta llevó a Alondra a una marcha proselitista junto con Ruth Lugo, candidata a la presidencia municipal de Guanajuato. En su batalla por los votos, los partidos usan todos los recursos disponibles para atraer más adeptos. Así que la panista que buscó ser la primera presidenta mexicana hasta escribirá un libro sobre Alondra. Este hecho, por sí mismo, ha dividido a los familiares de la adolescente ya que al ser regresada a Guanajuato, Alondra se fue a vivir con su padre, Gustavo Luna. “Él nada más la tiene para explotarla y la está mal aconsejando”, asegura su madre.

Lo cierto es que este caso nos ayuda a comprender lo que hay de fondo. El 10 de septiembre del año pasado la representante de la UNICEF, Isabel Crowley, habló ante el Senado de la República y dijo que "México aún mantiene disposiciones que responden a una lógica asistencialista”, pero la ONU busca un cambio de paradigma para que las personas con discapacidad sean titulares de todos los derechos lo que obliga al Estado a garantizarlos. De este modo, México debe rendir cuentas ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en enero de 2018.

Hasta el momento, las leyes mexicanas permiten la privación de la libertad de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y también la coerción física y el aislamiento en hospitales psiquiátricos, que pueden, incluso, constituirse en actos de tortura. Ello sin olvidar que el Código Civil restringe el derecho de algunas personas con discapacidad a casarse y el derecho a la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.

Otros partidos políticos han acusado al PAN de utilizar el drama que experimentó la menor que vive con discapacidad. En este contexto, ¿podrá el gobierno cumplir las recomendaciones de la ONU y otorgar sus plenos derechos antes del 2018? Ello es difícil de creer, tanto como que las autoridades los harán valer. En Mexico, las personas con discapacidad están carentes de ciudadanía.

Mariana Escobedo es directora en El Portal TV y colabora en Canal 22 y Aljazeera en árabe. Twitter: @La_MarianaE