La democracia de las trincheras

La violencia del narcotráfico ha dejado muchas secuelas en México. Una de las más peculiares se halla a la sombra de miles de árboles de aguacate en Tancítaro, un municipio de 30.000 personas al oeste de Michoacán. Después de sufrir la sangrienta ley de los narcotraficantes por varios años y de haber vivido el levantamiento de las autodefensas —grupos de civiles que se armaron para combatir a los delincuentes— este pueblo es hoy testigo de una alianza inédita entre los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD.

La temperatura ha aumentado rumbo a las elecciones intermedias del 7 de junio. En la radio el PRI llama corrupto al PAN. Estos reprochan a aquellos gastos frívolos en un país lleno de pobres. Las calles están tapizadas de propaganda. Pero no en Tancítaro, que se ha convertido en un oasis dentro de ese ambiente de lucha por el poder. Aquí parece no haberla porque el candidato, Arturo Olivera, no está en campaña. Sus cinco contendientes tienen escasas oportunidades de vencerlo.

Solo una persona como Olivera, un médico de 53 años maestro de química e inglés en una escuela pública, podría haber logrado lo impensable. Es el único aspirante cobijado por los tres principales partidos en las 1009 alcaldías en juego en junio. Con ojos grises y trato de sacerdote, este exalumno del seminario, encarna tres de las autoridades tácitas de los pequeños pueblos mexicanos: médico, maestro y (casi) religioso.

Además, tiene experiencia en la política. Fue alcalde del municipio entre 2002 y 2004 por el PRI. Su paso por el ayuntamiento, lejos de manchar su reputación, fue bien visto. “Llegó con un bocho [el escarabajo de Volkswagen] y salió con él, no se pavimentó las calles de su colonia y no se compró casas mientras estuvo de presidente”, dice Alejandro, un comerciante.

“No me gusta hacer campaña, ni andar pidiendo el voto ni andar prometiendo cosas. Me repatea”, dice Olivera, que se considera “apartidista”. Fue elegido por los liderazgos del pueblo porque vieron en él un perfil adecuado para mantener una frágil unión ciudadana forjada en los años violentos.

Fue en octubre de 2006 cuando se comenzó a escuchar con frecuencia que gente armada se movía por el pueblo. Los cárteles de la región, Los Zetas y La Familia Michoacana, comenzaron una disputa por Tancítaro. Llenaron los espacios abandonados por las autoridades. Otorgaban préstamos y hacían favores a los pobladores. “Se incrustaron en el tejido social”, dice el exalcalde Trinidad Meza. El papel de Robin Hood se transformó pronto en el de un tirano despiadado que fijó su atención en un botín muy jugoso que no tenía nada que ver con las drogas, sino con aguacates. La zona es el cofre del tesoro del oro verde.

La fruta comenzó a cultivarse en la zona hace 35 años. Más de 20.000 hectáreas están dedicadas a la producción de 280.000 toneladas anuales. Cuatro de cada diez aguacates se envían a Japón y Estados Unidos. Pistola en mano, los delincuentes se hicieron con el padrón de agricultores y comenzaron a extorsionarlos. Cobraban unos 2.000 pesos por hectárea. El Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) calculó en 2008 que esa actividad le generaba al narcotráfico unos 1.000 millones de pesos al año.

La voracidad de los narcotraficantes salió de control. Cada cártel buscaba inclinar la balanza en su favor, lo que desató un baño de sangre marcado en la memoria del diminuto pueblo. En septiembre de 2008 siete policías fueron emboscados. Gonzalo Paz Torres, el secretario del ayuntamiento, también fue asesinado a inicios de 2009. En noviembre los delincuentes secuestraron, en una semana, al hermano del alcalde Trinidad Meza y a los padres del síndico, el secretario y un regidor. En un hecho sin precedentes en México, el consistorio renunció ocasionando un vacío de autoridad.

El Congreso de Michoacán creó en diciembre de 2009 un Concejo Ciudadano de seis personas, pero nadie quería gobernar un pueblo apoderado por el mal. Gustavo Sánchez, un profesor de artes marciales, dio un paso al frente. Decidió hacer su estreno en la política en el peor momento. “Sé que es algo difícil, si fuera fácil todo el mundo le entraría”, dijo a la televisión en ese entonces. Encontró la muerte nueve meses después en una brecha. Estaba maniatado y se le había dejado caer una gran roca sobre la cabeza. Era el estilo de ejecución del capo local.

“Nadie se ha atrevido a contabilizar a los muertos y desaparecidos, pero son cientos de personas y no decenas las que faltan”, dice Olivera. El exalcalde Meza calcula que son 300 las víctimas.

No fue el Gobierno el que sacó al pueblo del tenebroso trance. Las familias de Tancítaro aún recuerdan con emoción el tañido de las campanas de la iglesia la noche del 16 de noviembre de 2013. El padre Felipe pidió entonces a los pobladores no tener miedo a los grupos de autodefensas liderados por José Manuel Mireles e Hipólito Mora, que comenzaban a aparecer en el pueblo con la promesa de aniquilar a los narcotraficantes de la zona. El repicar del campanario los días siguientes era un llamado a defenderse.

“La gente se olvidó del temor de salir a luchar y se dio cuenta de que juntos podían derrotar su miedo y podían hacer que quienes los tenían asolados se retiraran. Y lo pudieron hacer. Al estar unidos pudieron incluso decirle al Gobierno ‘no es lo que tú digas, no pudiste defendernos y estamos defendiéndonos’”, dice Arturo Olivera.

La gente se olvidó del temor de salir a luchar y se dio cuenta de que juntos podían derrotar su miedo Arturo Olivera, candidato del PRI-PAN-PRD

Ese espíritu sigue imperando en el pueblo. Los empresarios aguacateros auxiliaron a financiar a la policía, que hoy es la mejor equipada en la región. Sus agentes lucen rifles de alto poder y uniformes de camuflaje que los asemejan más a un marine estadounidense que a una fuerza local de la brava Tierra Caliente. En las entradas al pueblo se alzan torreones construidos en los meses del levantamiento. Cada casa envía semanalmente un miembro de la familia a apoyar la vigilancia.

Los políticos del pueblo temen que el estridente ritmo de las campañas rompa ese ambiente de unión. “Los partidos no van a dividir lo que unieron las barricadas”, dice Héctor Virrueta, un panista que respaldó la candidatura común. A su partido no le gustó la idea. Tampoco a la izquierda. “El PRD lo reprobó, creen que es un costo político muy alto”, dice Meza, exalcalde de ese partido. Para que la idea fuera aprobada tuvieron que escribir a las dirigencias diciendo que existía una posibilidad de que el narcotráfico les arrebatara la elección, por lo que debían formar un frente común. Ellos dicen que la decisión privilegia “la paz social y económica”.

La respuesta de los partidos no sorprendió a Arturo Olivera. “Los partidos tienen miedo de abrirse completamente a la gente. Ellos viven de la confrontación, viven de ganarle al otro. La cultura de los partidos es partir. No les importa que sus rencores separen familias, como lo han hecho aquí”.

Tancítaro no quiere olvidar la lección aprendida en los años negros. La unión de la comunidad superó la amenaza del narcotráfico. Ahora quiere sobrevivir también a los políticos. Un experimento único será puesto a prueba el próximo 7 de junio.