La presión internacional sobre Venezuela crece antes de la cumbre

El presidente Nicolás Maduro asistirá por primera vez como Jefe de Estado venezolano a una Cumbre de las Américas. La reunión de mandatarios tendrá lugar a partir del próximo viernes en Panamá, mientras parece tomar cuerpo una intención de escrutinio internacional sobre la crisis socioeconómica y política que se manifiesta en Venezuela. El Gobierno chavista se resiste a permitirlo. Pero acude en desventaja a la cita en el istmo, también por primera vez, con poco más a favor que su dura retórica antinorteamericana y las casi 10 millones de firmas que dice haber recogido en la campaña contra las sanciones que Washington aplicó en marzo a siete funcionarios venezolanos.

21 expresidentes iberoamericanos han anunciado que difundirán el jueves en la capital panameña un comunicado conjunto para denunciar “la alteración democrática” de Venezuela. En la llamada Declaración de Panamá, el grupo de exmandatarios —entre los que se encuentran los colombianos Andrés Pastrana, Belisario Betancur y Álvaro Uribe, los costarricenses Laura Chinchilla, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Alberto Monge, el español José María Aznar y el chileno Sebastián Piñera— pedirán a los jefes de Estado de las 35 naciones reunidas en la Cumbre que se interesen por buscar una solución a la crisis venezolana “que respete los principios constitucionales y las normas internacionales”.

La iniciativa no tiene precedentes, por la calidad de los signatarios y la ocasión en que se presenta. El grupo de líderes latinoamericanos también abogará por la liberación de los presos políticos y la restitución de la autonomía de los poderes, de cara a las elecciones parlamentarias que, aunque deben celebrarse este año, aún no tienen fecha.

Otra preocupación para Caracas es la reunión del miércoles del presidente Barack Obama con los representantes de los Gobiernos del Caribe. Desde hace 15 años, las naciones antillanas —sobre todo las del arco de islas anglo y franco parlantes del Caribe Oriental— son una base de apoyo político para el régimen bolivariano en foros internacionales. Más que por afinidad ideológica, estas naciones se alinearon con el chavismo a cambio del generoso subsidio dado en la factura petrolera a través de organismos como Petrocaribe. Pero Caracas atraviesa estrecheces económicas y Washington se apresta a ofrecer alternativas energéticas a sus pares del Caribe.

Representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas viajarán también a Panamá el jueves para dar a conocer la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno de Maduro motoriza desde hace varios días a través de sus medios una campaña de desprestigio contra los activistas, a quienes se refiere como la “Comitiva de la CIA” en la Cumbre.

Además, 28 organizaciones de derechos humanos de todo el continente (entre ellas: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas) emitieron este martes un pronunciamiento en el que exigen a Venezuela que cese “el hostigamiento contra defensoras y defensores de los derechos humanos” y piden a los Gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas “exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias”.

No queda claro qué tan sensibles serán los mandatarios reunidos en Panamá a la presión de estos movimientos. Pero otro aliado de Caracas sí ha dado una señal de cambio en la comunidad internacional: el Gobierno de Uruguay, sensible a las posiciones del chavismo desde que el Frente Amplio está en el poder. Su vicepresidente, Rodolfo Nin, calificó de “enormemente preocupante” la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, los más prominentes dirigentes de la oposición venezolana encarcelados, estarán en Panamá durante la Cumbre. Este martes, la defensa de López se preparaba para informar a la juez de la causa en Caracas sobre la incorporación del expresidente español, Felipe González, como consultor técnico del equipo de abogados.