Los condenados por injuriar a Correa ya no tienen que esconderse

La Policía ya no irá detrás del periodista Fernando Villavicencio y el exsambleísta Cléver Jiménez, que han permanecido más de un año en la clandestinidad. Este lunes, el juez nacional, Luis Enríquez, ha declarado prescrita la pena de un año de prisión que les fue impuesta por haber injuriado al presidente Rafael Correa. “La prescripción es lo que se esperaba de acuerdo con el derecho”, ha señalado el defensor de los acusados, Julio César Sarango. Ha alegado, sin embargo, que el juez debía pronunciarse el 13 de marzo, cuando se cumplía un año de la sentencia en contra de Villavicencio y Jiménez. “El ordenamiento jurídico dice que las penas prescriben en un tiempo igual al de la condena, por eso pedimos la anulación del caso justo ese día”, ha señalado.

La persecución contra el exasambleísta (que fue despojado de su escaño), su asesor y un tercer implicado comenzó en 2011, cuando los tres denunciaron al primer mandatario y lo calificaron como “un criminal de lesa humanidad” por su actuación durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Pero como no pudieron probar su denuncia, el presidente los demandó por injurias y ganó el juicio. La sentencia inicial para Jiménez y su asesor fue de 18 meses y para el tercer implicado de seis. Este último, Carlos Figueroa, sí cumplió su pena pues se vio obligado a dejar su refugio para visitar a su madre enferma de un cáncer terminal y fue detenido.

Sarango cuenta que consiguió la reducción de la pena para sus clientes cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal, en agosto del año pasado. Afirma, sin embargo, que el caso debía archivarse porque el delito de injurias ya no existe en el nuevo cuerpo penal: “Ahora está la figura de la calumnia y los jueces hicieron una interpretación analógica de ese delito para mantener la sentencia”.

La extinción de la pena no les exime de pagar los 140.000 dólares, que el presidente Correa exigió por daños y perjuicios. Pero eso es lo que menos les preocupa a los hasta ahora prófugos de la justicia. Cuando Fernando Villavicencio supo que la Policía ya no lo iba a detener, corrió a reunirse con su familia, con el niño que dejó de un año y 8 meses y que ahora tiene casi tres. “He vivido como en 20 casas, en Quito y otras ciudades, todo ha sido muy duro, quien me paga a mí los 365 días que no he estado con mi hijo pequeño, quién me devuelve un año de separación (…) Recién hoy he abierto una cortina y he podido ver el sol”, asevera.

El periodista valora positivamente el fallo de la Corte Nacional de Justicia: “En Ecuador, donde la justicia está controlada por el Ejecutivo, esta decisión supone un mínimo respeto a la ley, hay que recordar que estuvimos en el exilio pese a tener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Pero también hace notar que el juez que ha resuelto la prescripción de su caso es de los nuevos magistrados que llegaron a la Corte. La jueza Lucy Blacio, que lo condenó, fue separada de su cargo por mal desempeño.

Por su parte, el exasambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, al conocer la noticia salió de su refugió en las comunidades amazónicas donde se mantuvo desde el principio. Su esposa, Rocío Alba, dijo que se comunicó vía telefónica para decir que está bien y que va camino a Quito, donde dará una rueda de prensa. 

Villavicencio todavía tiene dos procesos pendientes; uno por espionaje a las cuentas de correo electrónico de la presidencia (por lo que allanaron su domicilio en diciembre de 2013), y otra por el libro Ecuador made in China (que fue publicado en 2012, y en el que denuncia el lado oscuro del negocio petrolero con China). “Ambos están en indagación previa hace más de un año, y en cualquier momento el Gobierno puede activar esos casos e ir detrás de mí. Correa desde 2007 buscaba cualquier pretexto para silenciar las voces críticas”, dice.

Asegura que retomará su trabajo de investigación y que tiene que procesar los más de 10.000 documentos que tiene sobre casos de corrupción del Gobierno. “Ellos saben lo que tengo, porque se llevaron mis computadores, pero yo tengo respaldos”, subraya y adelanta que seguirá con su caso en la CIDH. “Me voy a defender, si no me defiendo hoy mañana van a hacer esto contra otros”.