Tres jueces británicos, expulsados por ver pornografía en el trabajo
La conducta de los despedidos no es ilegal pero resulta, según los responsables de la investigación, "totalmente inaceptable para un miembro de la judicatura”.
Tres jueces británicos han sido expulsados, y uno más ha dimitido, como consecuencia de una investigación que ha determinado que los cuatro vieron material pornográfico en sus ordenadores de trabajo. Se trata de una decisión sin precedentes: es muy poco habitual que se despida a un juez. Que sean tres a la vez los expulsados de la judicatura supone un serio golpe al prestigio del poder judicial.
Lo que vieron no era pornografía ilegal. Acceder a material pornográfico desde el ordenador del trabajo no constituye un delito. Pero la Oficina de Investigación de Conducta Judicial, el órgano que llevó a cabo el proceso disciplinario, considera que los cuatro jueces realizaron “un mal uso inexcusable” de sus cuentas de Internet pagadas por el contribuyente.
Los responsables de la investigación se declaran “satisfechos de que el material no incluía imágenes de menores ni ningún otro contenido ilegal”, pero aseguran que la de los cuatro jueces fue una “conducta totalmente inaceptable para un miembro de la judicatura”.
“No se sugiere que los jueces hayan hecho nada ilegal”, han aclarado los responsables de la investigación. “Es una cuestión de conducta, de desprestigio del sistema judicial”.
Los tres expulsados son el juez de distrito Timothy Bowles, el de inmigración Warren Grant y el adjunto de distrito Peter Bullock. El cuarto, el juez municipal Andrew Maw, “habría sido expulsado”, según el comunicado, “si no hubiera dimitido antes de la conclusión de la investigación”. Los cuatro ocupaban cargos medios en la judicatura, con sueldos entre las 110.000 y las 120.000 libras al año.
Los jueces no intercambiaron el material pornográfico y no parecían tener mayor relación entre ellos. La Oficina de Investigación de Conducta Judicial, responsable de supervisar la actuación de los miembros del poder judicial británico, no ha aclarado si las conductas sancionadas se descubrieron en el curso de una auditoria rutinaria de los archivos informáticos o mediante qué otro procedimiento.
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