La ley anticorrupción de México castigará también a particulares

Uno de los pilares del gran consenso alcanzado por el Gobierno de Peña Nieto al comienzo de su legislatura fue el combate contra la corrupción. El llamado Pacto por México recogía el compromiso de revisar a fondo los sistemas de supervisión y rendición de cuentas públicas en un intento de atajar uno de los males endémicos del país. Más de dos años después, y en medio de las recientes polémicas por supuestos conflictos de interés que apuntan al presidente y a su grupo cercano, el paquete de reformas contra la corrupción echó por fin a rodar el pasado miércoles. Entre las medidas, que aún han de ser ratificadas en el pleno del Congreso, destaca la creación de una Fiscalía anticorrupción, la extensión de los plazos para perseguir los casos más graves y posibilidad de que empresas y particulares pueden ser también sancionados.

La comisión parlamentaria encargada respaldó con una amplia mayoría -24 votos a favor de PRI, PAN y PRD, por un voto en contra y una abstención- una propuesta que incluye cambios en hasta en 14 artículos de la Constitución y todo un enjambre de normativa complementaria que retrasará la puesta en marcha del nuevo sistema al menos hasta el próximo año.

“Teniendo en cuenta las experiencias internacionales, se trata de fortalecer unos mecanismos de pesos y contrapesos, de estructura muy complejos en el que es necesario involucrar a varias instituciones”, detalla Lourdes Morales, directora de Red de Rendición de Cuentas, uno de los agentes sociales que participa en las negociaciones y que agrupa más de una treinta de entidades públicas, empresariales y académicas.

La Fiscalía Anticorrupción funcionará como una pata más del poder judicial

Organismos de supervisión como la Auditoría Superior de la Federación verán reforzadas sus competencias, al entrar a fiscalizar también ahora recursos de los Estados como la recaudación de impuestos, las retribuciones de su personal y los contratos con terceras empresas. Una nueva instancia judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tendrá la potestad de sancionar tanto a funcionarios públicos –que podrán ser perseguidos durante un plazo máximo de siete años– como a empresas privadas y particulares. El texto aprobado establece que podrá intervenir, suspender actividades y hasta disolver empresas involucradas en casos de corrupción. En el caso de los particulares también establece sanciones como la inhabilitación para participar subvenciones o programas de ayuda pública.

“Esta es una medida acertada porque clarifica esa frontera porosa que existe en México entre el empresariado y la clase política en la manera de hacer negocios”, apunta Morales. Tanto Enrique Peña Nieto como su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se han visto recientemente salpicados por las polémicas compras de inmuebles a empresarios que a su vez fueron beneficiados con contratos millonarios de la Administración. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos adquirieron en 2012 viviendas a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con el presidente y su entorno.

En un intento de sofocar la presión pública provocada por estos supuestos conflictos de interés, el presiente tomó la decisión de nombrar a principios de febrero un nuevo titular al frente de la Secretaría de Función Pública, que estuvo acéfala durante 25 meses, encargado de investigar los casos. Un nombramiento que también fue ratificado mediante el acuerdo alcanzado el miércoles.

Nace además otro órgano nuevo con vocación de independencia. La Fiscalía Anticorrupción, encuadrada orgánicamente dentro del TFJA,  funcionará como una pata más del poder judicial en una clara tentativa de poner distancia entre el Gobierno y las investigaciones por corrupción, que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República (PGR). “El objetivo es garantizar que el personal de la nueva fiscalía tenga la suficiente especialización, autonomía presupuestaria y política. Habrá que esperar a la evolución de las normativas de desarrollo. Es un paso adelante, pero la batalla contra la corrupción aún no está ganada”, cierra Morales.