Condenado en Guatemala el policía que asaltó la Embajada de España

Tuvieron que transcurrir 35 años para que Pedro García Arredondo, de 69 años, jefe del comando policiaco que entró a sangre y fuego a la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 matando a 37 personas, fuera juzgado, encontrado culpable y sentenciado a 90 años de prisión. La Fiscalía había solicitado 1.240 años la semana anterior, al quedar el proceso listo para sentencia. García Arredondo se declaró inocente.

El tribunal encontró al acusado culpable de asesinato, asesinato en grado de tentativa y de delitos de lesa humanidad. También de la muerte de dos universitarios, acribillados durante el cortejo fúnebre de las víctimas del asalto a la sede diplomática.

Entre 250 y 300 indígenas, en su mayoría provenientes de Quiché y parientes de los campesinos inmolados en la Embajada, llegaron a la sede del Tribunal desde primeras horas de la mañana para poder entrar a la sala donde se anunciaría la condena, la que fue recibida con una mezcla de emoción, dolor y la satisfacción de que el culpable fuera condenado.

El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos de Quiché (norte), llegó a la capital guatemalteca para denunciar los atropellos de que eran víctimas por parte del Ejército. Al no encontrar eco en los medios de comunicación, que les cerraron las puertas, decidieron ocupar la sede diplomática, sin más propósito que encontrar una caja de resonancia para sus quejas. En la sede diplomática, un grupo de juristas notables, entre ellos, el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnhoff, y el exministro de Exteriores, Adolfo Molina Orantes, se entrevistaban con el embajador Máximo Cajal y López.

De los grandes represores de la época más sanguinaria de la historia contemporánea de Guatemala, sólo Pedro García Arredondo sido juzgado

Nada más trascender el hecho, la policía recibió órdenes de proceder al desalojo de los invasores, acción que ejecutaron con fiereza desoyendo las peticiones del Embajador, quien suplicaba a los comandos policiacos alejarse del recinto diplomático. En una conversación vía Internet un par de semanas antes de su muerte, Cajal y López dijo a este periodista que la policía llegó con la consigna de ocupar la sede diplomática y que desoyeron sus súplicas de negociar una retirada pacífica de los ocupantes. “No me dieron tiempo para nada. Llegar y empezar a romper las puertas con hachas fue todo uno”, dijo Cajal.

De acuerdo con el testimonio del periodista Elías Barahona, un topo de la guerrilla que llegó a jefe de prensa del ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez, fue el presidente Romeo Lucas quien dio la orden de reprimir sin contemplaciones a los ocupantes. Según otros testimonios escuchados en la sala, como el de Odette Arzú, miembro de una de las familias más influyentes de Guatemala, García Arredondo dijo a los hombres bajo su mando: “Que no salga nadie vivo”.

El saldo del asalto policiaco fue pavoroso. Murieron quemadas 37 personas, entre ellas los exfuncionarios guatemaltecos aludidos, el primer secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del Árbol, y Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992. Solo sobrevivieron el embajador Cajal y el campesino Gregorio Yujá. Este fue secuestrado del hospital donde él y Cajal eran atendidos de las quemaduras sufridas, torturado salvajemente y su cadáver lanzado en el campus de la Universidad (nacional) de San Carlos.

El Gobierno de Lucas García manejó la tesis de que los campesinos se habían inmolado, haciendo estallar las bombas molotov que llevaban consigo. Este extremo es desmentido por el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) patrocinada por la ONU, que reza: “La CEH llegó a la convicción de que agentes del Estado, en concreto agentes de la policía y miembros de la inteligencia del Ejército (…) fueron los responsables materiales de la ejecución de quienes estaban dentro de la Embajada (…) y que las más altas autoridades del gobierno de la época son los responsables intelectuales de esta gravísima violación de derechos humanos”. El informe puntualiza que “carece de toda base la hipótesis de que las víctimas se auto inmolaron”. También expresa “la convicción plena de que agentes del Estado ejecutaron arbitrariamente al único ocupante que sobrevivió a la masacre de la Embajada, Gregorio Yujá”.

De los grandes represores de la época más sanguinaria de la historia contemporánea de Guatemala, sólo Pedro García Arredondo ha sido juzgado. De sus jefes inmediatos, únicamente sobrevive Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación. Álvarez es prófugo de la justicia internacional. Murieron en su cama, impunes, el ex presidente Romeo Lucas (1978-1982); el ex director general de la Policía, Germán Chupina Barahona, jefe inmediato de García Arredondo, y su par, el jefe del Cuerpo de Detectives, Manuel de Jesús Valiente Téllez.

Dentro de la política de terror imperante durante los años 70 y 80 del siglo pasado, el Ejército utilizó a los cuerpos de policía para realizar las tareas sucias, como la tortura y el asesinato de los adversarios políticos. En esta tarea, Valiente Téllez y García Arredondo destacaron por su crueldad.

A la condena de este lunes hay que sumar la sentencia a 70 años dictada en agosto de 2012, a la que García Arredondo se hizo acreedor por el secuestro y asesinato del universitario Édgar Sáenz Calito, acusado de pertenecer al grupo guerrillero Organización del Pueblo en Armas, ORPA. Este hecho ocurrió en los años 80, cuanto Arredondo estaba en la cresta de la ola de terror promovida por la represión militar.