Francia lanza la principal reforma para liberalizar la economía

Francia aprieta el acelerador de las reformas con su primera ley en décadas para liberalizar su anquilosada economía. El Gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto de ley para el Crecimiento y la Actividad para “desbloquear” las trabas que frenan la apertura de comercios en domingo, la incorporación de mujeres y jóvenes a las profesiones reguladas, la apertura de empresas de transporte o la rebaja de peajes de autopistas. Es la gran apuesta de François Hollande a mitad de su mandato, el proyecto estrella del ministro estrella, Emmanuel Macron, titular de Economía, de 36 años, el más joven del Ejecutivo. El ala izquierdista del gubernamental Partido Socialista lo rechaza por “demasiado liberal”, lo que augura un duro pulso de los críticos contra Macron y el primer ministro, Manuel Valls.

“Estamos intentando cambiar el país”, aseguró Macron tras el Consejo de Ministros que aprobó su proyecto. El Gobierno lo presentó con una solemnidad inusual: en la zona noble del Elíseo, con Valls y Macron acompañados de otros siete ministros. Los dos protagonistas insistieron en la necesidad de acabar con “los cerrojos” para conseguir “liberar” la actividad, lograr más inversiones y conseguir más empleos, los tres pilares del nuevo paquete reformista.

Junto con el Pacto de Responsabilidad —que prevé recortar el gasto público en 50.000 millones en tres años— y la reducción de 22 a 13 del número de regiones, la norma aprobada ahora supone el tercer gran proyecto para la reforma de Francia, que sufre un estancamiento económico —crecerá un 0,4% este año— mientras sus cuentas públicas están desbocadas con un déficit del 4,4% y una deuda del 95,6% del PIB. El tercer gran proyecto y muy probablemente el último del mandato de Hollande, porque el año que viene habrá dos elecciones (departamentales y regionales) y en 2016 entrará de lleno en la preparación de las presidenciales de 2017.

La ley Macron, como es denominada, “es una ley contra los corporativismos” y favorece “a aquellos que no forman parte del sistema, a los jóvenes, a quienes hoy no tienen las mismas oportunidades que los más favorecidos”, destaca un documento difundido por el Ministerio de Economía. Afecta a sectores tan variados como los comercios, las profesiones jurídicas en su conjunto, las tarifas en autopistas, los aeropuertos, el transporte en autocar, los tribunales laborales o el permiso de conducir. Un “cajón de sastre”, como la califican sus críticos.

El proyecto es rechazado por los sindicatos y los afectados, y apoyado por la patronal y la opinión pública

En todos esos sectores, los objetivos de la norma consisten en agilizar su funcionamiento, abrirlos a la competencia, incorporar a los jóvenes y facilitar nuevas inversiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha calculado que la ley incrementará al menos en un 0,1% anual el PIB francés y el Gobierno sostiene que creará al menos 50.000 nuevos empleos.

El capítulo más polémico es el relativo a la apertura de comercios en domingo, hoy limitada a cinco al año bajo permiso del Ayuntamiento correspondiente. Macron los amplía a 12 y autoriza al Gobierno a crear más “zonas turísticas internacionales” —en París hay ahora siete— en las que los comercios podrán abrir los siete días de la semana y hasta medianoche.

Los sindicatos se oponen con el argumento de que perjudica a los trabajadores y al pequeño comercio. Macron les respondió que la norma obliga a compensar económicamente a los empleados que trabajen en domingo, algo que no ocurre ahora.

La patronal, por el contrario, está satisfecha. Cree que podrá crear más de 40.000 empleos. Mil solo en Galerías Lafayette, en París, la ciudad a la que anualmente llegan 30 millones de turistas, que no dejan de comprar en fines de semana. Lafayette calcula que aumentará un 7% su cifra anual de negocios, de unos 1.700 millones.

Los empresarios, sin embargo, perciben con recelo la norma que prevé una reducción de las tarifas en las autopistas. La española Abertis, uno de los tres gigantes en el sector, resulta especialmente afectada.

El rechazo más problemático, sin embargo, procede de las propias filas socialistas, de los diputados rebeldes, pero Valls se mostró ayer confiado en lograr una “mayoría suficiente” para aprobar la ley en el Parlamento. Pese a todo, la opinión pública recibe bien la nueva norma. Según un reciente sondeo de Odoxa para el diario económico Les Echos, el 70% de los franceses desea la apertura de comercios en domingo y el 58% asegura que votaría a favor de la ley Macron si tuvieran la ocasión de hacerlo como parlamentarios. La encuesta arroja, sin embargo, un dato demoledor: el 86% cree que la política económica es mala.

Con esta nueva ley, el Gobierno francés intenta calmar de paso a la Comisión Europea, que le exige reformas “más claras y precisas” para evitar la amenaza de abrirle en marzo un expediente por déficit excesivo. En una carta enviada el mes pasado por Valls a Bruselas, aseguraba que la ley Macron sería una respuesta adecuada a esas insistentes peticiones.