La falta de abogados amenaza la reforma migratoria de Obama

Se necesitan abogados, estudiantes de Derecho, oficinas con personal formado, líneas de teléfono 24 horas del día, voluntarios, dinero… La aplicación de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama para proteger a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados en todo el país se ha convertido en un enorme desafío burocrático y logístico. El temor a que la polémica reforma descarrile por falta de medios recorre estos días Washington, los Estados más afectados, las ciudades concernidas y las ONG de asistencia a los sin papeles, que son las que conocen mejor el problema por estar sobre el terreno.

El principal inconveniente, advierten estas organizaciones, es la asistencia legal. No hay abogados suficientes, señalan, para ayudar a decenas de miles de personas que no tienen dinero para contratarles, jamás han afrontado un proceso burocrático semejante, temen a las autoridades y, en muchos casos, ni siquiera dominan el inglés. Sólo en el Estado de Nueva York se calcula que 250.000 solicitudes podrían presentarse en los primeros meses.

El veto republicano en el Congreso dificulta el desbloqueo de fondos federales, por lo que toda la responsabilidad recae sobre las autoridades estatales y locales. Los plazos se estrechan, lo que obliga a tomar medidas. En Nueva York hay 4,2 millones de inmigrantes, de ellos unos 800.000 irregulares. Está previsto que la ventanilla se abra el 20 de febrero de 2015 para los beneficiados por la ampliación del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, reforma de Obama de 2012 que protege de la deportación a cientos de miles de estudiantes sin papeles) y el 20 de mayo para los que se acojan a DAPA (Deferred Action for Parental Accountability), que permitirá regularizar a los padres indocumentados de chicos nacidos en el país y ciudadanos de EE UU, o con residencia legal.

Organizaciones como Safe Passage Project, United We Dream, Immigrant Justice Corps, Coalition for Immigrants Rights, Catholic Charities y otras han comenzado a reclutar abogados y voluntarios. También trabajan con el Gobierno de los Estados para establecer un consorcio de agencias, grupos comunitarios, asistentes legales, instituciones académicas y de otro tipo para crear una estructura que dé cobertura a los inmigrantes y sus demandas.

El Gobierno de Nueva York tiene previsto lanzar una campaña en el metro y otros lugares concurridos alertando del fraude

“Tenemos experiencia en este tipo de situaciones, pero hay que planificar muy bien y organizarse con las autoridades locales. Vamos a tener que abrir siete días a la semana. Buscamos fondos, voluntarios, porque no hay abogados suficientes”, explica Ángela Fernández, de la Coalition for Immigrant Rights.

La Administración de Andrew Cuomo es una de las más concernidas y de las más comprometidas como Gobierno de un Estado que tiene a gala proclamarse liberal. La Oficina de Nuevos Americanos (ONA, por sus siglas en inglés), creada en 2011, debe jugar un papel fundamental en el proceso, con la colaboración de las ONG y el sector privado. Las 27 delegaciones de la ONA, la mitad de ellas en la ciudad de Nueva York y hasta ahora dedicadas a asesoría legal, comercial y a dar clases de inglés, se focalizarán en la reforma de Obama durante un año. Ofrecerán seminarios, consultas legales y habilitarán un teléfono que atenderá en 17 idiomas.

Asimismo, reclutarán abogados pro bono dispuestos a trabajar, en muchos casos, sin cobrar. A los estudiantes de Derecho se les ofrecerá formación a cambio de que ayuden en estas tareas. También se habilitarán páginas web para que los indocumentados vean por sí mismos sin son elegibles para regularizar su situación. Una campaña informativa en varios idiomas intentará hacer más amigable el proceso.

“Muchos Estados dicen que tienen una oficina similar, pero se trata de una persona que contesta el teléfono y se encarga de que alguien del gabinete vaya si hay algún evento de la comunidad inmigrante. Eso es lo que tradicionalmente había en este país. Nuestras 27 oficinas son algo único. Estaremos preparados”, defiende César Perales, secretario de Estado de Nueva York.

Los colectivos de defensa de los inmigrantes consideran que la ciudad está más preparada que en 2012, cuando hubo dificultades para aplicar el programa DACA

Una de las cuestiones que más preocupa es la de los notarios, una figura muy distinta en Estados Unidos y en América Latina. En Estados Unidos es una especie de gestor que no necesita formación en leyes. Pero eso los inmigrantes no lo saben. Muchos de ellos acuden a los notarios en busca de representación legal para tramitar su regularización, lo que aprovechan algunos desaprensivos para estafarles.

El Gobierno estatal de Nueva York tiene previsto lanzar una campaña en el metro y otros lugares concurridos alertando del fraude. “Aquí se puede ser notario sin estudiar leyes. Muchos notarios dicen que pueden ayudar, piden 10.000 dólares y garantizan que van arreglar todos los documentos. Luego se buscan excusas para explicar por qué no han logrado nada. Vamos a hacer campañas para evitar que sucedan estas cosas”, explica Perales.

El papeleo también puede suponer serios problemas para muchos inmigrantes que durante años han estado viviendo en las sombras, al margen de la burocracia. “Mucha gente no aplicará por miedo, porque no puede o porque no tiene hijos que le permitan hacerlo. Otros no tendrán los documentos necesarios. Habrá que ayudarles a buscar facturas de hospitales, de teléfonos celulares, testimonios de otras personas. Es importante que las fundaciones den dinero y que el Ayuntamiento ayude abriendo oficinas de atención en los barrios. Si no, muchos inmigrantes no se atreverán a acudir al centro”, afirma Ángela Fernández.

Para descartar antecedentes penales serán necesarias fotografías y huellas dactilares. Seguramente se pedirán también las declaraciones de impuestos, como garantía de que los aspirantes son ciudadanos responsables. El tema de los antecedentes preocupa a muchas organizaciones, sobre todo porque la política policial seguida en los últimos años produjo cientos de miles de detenidos por delitos menores (200.000 en la ciudad de Nueva York el pasado año). “Nos siguen preocupando muchas cosas, como los 32.000 detenidos en centros de inmigrantes. Cada día son deportados 1.100 inmigrantes, y eso no va a parar. En 1996 se hizo una ley que agrava los delitos menores si son cometidos por inmigrantes. ¿Qué va a pasar con toda esa gente?”, denuncia Fernández.

El Ayuntamiento de Nueva York, por su parte, ha creado un grupo de trabajo que coordinará a una veintena de departamentos afectado. El alcalde, Bill de Blasio, tiene previsto reunir a una veintena de alcaldes este lunes para coordinar medidas al respecto. Todos los colectivos de defensa de los inmigrantes consideran que la ciudad está más preparada que en 2012, cuando hubo muchos problemas para aplicar el programa DACA. En 2013, el Migration Policy Institute determinó que sólo el 34% de los elegibles había solicitado el programa, por desinformación y trabas burocráticas, mientras que en otros Estados como Carolina del Norte o Georgia lo hicieron el 74% y el 63%, respectivamente.