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La muerte de un ecologista por la policía pone en apuros a Hollande

El manifestante fallecido protestaba contra una presa cuya construcción ha sido paralizada

"Ni olvido, ni perdón ni negociación" dice la pancarta de este manifestante ecologista en Sivens.
"Ni olvido, ni perdón ni negociación" dice la pancarta de este manifestante ecologista en Sivens. REUTERS

La muerte de Rémi Fraisse, un estudiante de botánica de 21 años, ha puesto en una situación comprometida al Gobierno de François Hollande. El ecologista acudió el fin de semana a la protesta contra la construcción de la presa de Sivens, en la provincia de Tarn (cerca de Toulouse), y allí, en un violento enfrentamiento con la policía, le alcanzó en la espalda una granada ofensiva lanzada por los antidisturbios, según las primeras investigaciones oficiales. Una muerte como esta a manos de la policía no ocurrría en Francia desde 1986. El silencio guardado por el Gobierno los primeros días y las acusaciones contra la actuación policial han generado una tormenta política que, de momento, se ha saldado con la prohibición del uso de granadas por parte de las fuerzas del orden público y la paralización de las obras. Los ecologistas y la izquierda radical parlamentaria, habituales aliados de los socialistas, han pedido la dimisión del ministro del Interior.

Los exámenes forenses han detectado en la ropa del joven fallecido trazas de TNT, el explosivo utilizado en las granadas empleadas por los gendarmes. Su muerte ha reavivado la batalla contra la presa de Sivens, iniciada hace ya tres años, con protestas violentas y destrozo del mobiliario urbano en Albi, la capital de la provincia. Pero su onda expansiva ha llegado a París, donde el Gobierno de François Hollande es interpelado sobre lo sucedido.

El Partido de Izquierda Radical ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, y la diputada ecologista Cécile Duflot ha dicho que lo ocurrido es un “escándalo absoluto” y una mancha indeleble para la acción gubernamental. El Ejecutivo guardó silencio a la espera del resultado de la autopsia hasta que se ha visto obligado a reaccionar. Este miércoles ha decidido paralizar las obras y convocar una reunión para encontrar una solución que se prevé complicada: los agricultores defienden la construcción de la presa para irrigar sus campos de maíz, mientras que los ecologistas se oponen a ella por motivos medioambientales. Previamente, ha anunciado que la policía no volverá a utilizar las granadas ofensivas y que habrá una investigación transparente sobre lo ocurrido. Cazeneuve ha asegurado que no mostrará “ninguna complacencia” a favor de los que hayan podido cometer alguna falta en su cometido.

El Gobierno de François Hollande se muestra preocupado por lo ocurrido, pero también por la virulencia de las protestas ecologistas, en las que se ha atacado a los antidisturbios con palos y cócteles molotov. “No se puede aceptar tanta violencia”, ha dicho Hollande hoy en el consejo de ministros.

Un informe oficial, encargado por el Ministerio de la Ecología, en manos de Ségolène Royal, les dio la razón a los ecologistas este lunes en su rechazo a las obras. Dicho informe indica que la construcción es excesiva y que no se han analizado otras alternativas. El proyecto de la presa de Sivens costará 8,5 millones de euros procedentes de fondos públicos: del Estado, fundamentalmente, pero también del departamento de Tarn y de fondos europeos.

El socialista Thierry Carcenac, presidente del Consejo General (administración provincial que lidera el proyecto), es el que ha tenido que anunciar la paralización de las obras. Es un firme defensor de la presa y cuenta con el apoyo de los agricultores, entre ellos el presidente de la Confederación Campesina y eurodiputado, José Bové, que ha criticado duramente al ministro del Interior. “¿Por qué enviar tantos policías a la zona si no había nada que proteger? Es una provocación”, ha declarado.

Al principio, las protestas consistían en la toma de la zona con ecologistas durmiendo en los árboles o enterrándose en los caminos que debían transitar los camiones de las obras. Desde el 1 de septiembre, sin embargo, el Gobierno mantiene en la zona a entre 150 y 200 policías para un número de manifestantes similar.