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China juzga por separatismo al académico uigur más prominente

Si es declarado culpable, Ilham Tohti se enfrenta a una pena de entre 10 años y la condena a muerte

Guzaili Nuer, esposa de Ilham Tohti, descansa junto al abogado de su marido, este miércoles frente al Tribunal Intermedio de Urumqi.
Guzaili Nuer, esposa de Ilham Tohti, descansa junto al abogado de su marido, este miércoles frente al Tribunal Intermedio de Urumqi. AFP

Las autoridades judiciales chinas han comenzado este miércoles el juicio por separatismo contra el prominente catedrático uigur Ilham Tohti. De ser encontrado culpable, la sentencia puede oscilar entre los diez años de cárcel y la pena de muerte. Tohti, de 44 años, es una de las voces más conocidas y moderadas entre los defensores de los derechos de los uigures, una etnia de religión musulmana mayoritaria en la provincia noroccidental china de Xinjiang, donde se han multiplicado los incidentes de violencia étnica en los últimos años.

En la vista en el Tribunal Intermedio de Urumqi, la capital de Xinjiang, desarrollada sin acceso de la prensa extranjera o diplomáticos, Tohti ha comparecido vistiendo ropa civil y sin esposas, según ha explicado su abogado Liu Xiaoyuan en Twitter. Los abogados de Tohti habían denunciado que el académico había sido encadenado durante su cautiverio.

Tohti fue detenido en su domicilio de Pekín el pasado 14 de enero, en presencia de su hijo de ocho años, y trasladado a Urumqi. Sólo se le permitió reunirse con sus abogados cinco meses después y tuvo que esperar ocho para ver a su familia. Antes de su arresto ya se le había impedido viajar a EE UU para ocupar un puesto de profesor visitante en la Universidad de Indiana y había sido objeto de varios incidentes de acoso. Catedrático de Economía en la Universidad de las Minorías en Pekín, se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra lo que considera políticas erróneas y discriminatorias del Gobierno central hacia su pueblo, aunque siempre ha apostado por resolver las diferencias mediante el diálogo.

Tanto EE UU como la Unión Europea y diversas organizaciones pro derechos humanos han exigido la puesta en libertad de Tohti. La organización Human Rights Watch indicó en un comunicado el martes que el proceso contra el académico no sólo “representa un ejemplo alarmante de juicios politizados y de intolerancia contra las críticas pacíficas”, sino que también “agrava las percepciones de discriminación contra los uigures”.

Los críticos al juicio han alertado de la posibilidad de que una sentencia condenatoria contra Tohti pueda contribuir a exacerbar aún más las tensiones étnicas en Xinjiang. “Al maltratar y castigar al profesor Tohti, China va a quemar los puentes de la reconciliación pacífica entre el pueblo uigur (nativo de Xinjiang) y los colonos chinos, y aumentará aún más la tensión política”, señala en un comunicado Alim Seytoff, presidente de la Asociación de Uigures de EE UU, uno de los países donde la comunidad de uigures en el exilio es más numerosa.

A lo largo del último año, las tensiones en Xinjiang entre los uigures y la población china de etnia han se han hecho cada vez más fuertes. En octubre del año pasado, un vehículo conducido por separatistas uigures, según la versión oficial china, arrolló a varios viandantes en la plaza de Tiananmen, el corazón geográfico e histórico de Pekín, antes de incendiarse bajo el retrato de Mao Zedong que preside el recinto, en un incidente en el que murieron tres personas. Desde entonces, se han producido diversos episodios de violencia, tanto en Xinjiang como en provincias alejadas, que las autoridades chinas atribuyen a separatistas uigures. El más grave de ellos ocurrió en Urumqi en mayo, cuando murieron 39 personas y 94 quedaron heridas en una serie de explosiones en un mercado.

Los uigures se sienten discriminados en la práctica de su lenguaje y su religión, así como en el terreno laboral, por la migración masiva de chinos de la etnia han, mayoritaria en el país, hacia Xinjiang, una zona rica en recursos naturales. Los uigures, otrora abrumadora mayoría en la región que quedó bajo el control de la República Popular en 1949, hoy sólo representan cerca de la mitad de la población en la provincia.

El Gobierno chino ha respondido con mano dura a la hora de hacer frente a la violencia. Ha detenido y juzgado a centenares de personas e impuesto penas de gran dureza contra los que encuentra culpables de separatismo. La semana pasada condenó a muerte a tres personas y a cadena perpetua a una cuarta tras declararlas culpables de participar en un atentado contra la estación de tren de Kunming, en el suroeste de China, en donde casi treinta personas murieron a cuchillazos en marzo.

Al mismo tiempo, ha tratado de reducir las diferencias en nivel de vida entre han y uigur mediante iniciativas económicas. Una de las más controvertidas es la establecida por las autoridades locales del condado de Qiemo, en el sur de Xinjiang, que ofrecen hasta 10.000 yuanes (unos 1.200 euros) que pagarían a lo largo de cinco años a las parejas mixtas que contraigan matrimonio. Y en agosto se anunció la construcción de siete nuevas ciudades en la provincia, con el objetivo de crear empleo, combatir la pobreza y fomentar los intercambios interétnicos.