Londres da un giro y ordena investigar la muerte del exagente ruso Litvinenko

La ministra británica del Interior, Theresa May, ha anunciado la convocatoria de una investigación pública sobre el asesinato en Londres en 2006 del ex agente ruso Alexander Litvinenko. La investigación, que deberá aclarar la participación del aparato del Estado ruso, supone un cambio de 180 grados en la postura mantenida hasta ahora por el Gobierno británico, por lo que de inmediato ha sido asociada a la línea dura abogada por el primer ministro conservador, David Cameron, en la actual crisis con Rusia por las tensiones en Ucrania.

Litvinenko, que se cree que en aquel momento trabajaba para el MI6 británico y había colaborado también con los servicios secretos españoles acerca de la presencia de mafiosos rusos en España, fue envenenado con polonio, una sustancia radioactiva que según la Justicia británica le fue administrada por un ex agente del KGB y ahora diputado ruso, Andrei Lugóvoi, con el que tomó el te junto a otro ruso, Dimitri Kovtun, en el lujoso Hotel Millenium, en Grosvenor Square, en el centro de Londres.

Aquel caso provocó un gran escándalo internacional y una crisis diplomática entre Londres y Moscú. Las cosas, sin embargo, nunca fueron mucho más allá de la retórica entre ambos gobiernos y el de Londres ha bloqueado hasta ahora todos los intentos de la viuda y los abogados de Litvinenko para que se pusiera en marcha una investigación pública con poderes para acceder, aunque fuera en secreto, a documentos que podrían probar la participación de Moscú en el asesinato de su ex agente. Litvinenko, que denunció en 1998 que él y varios compañeros habían recibido órdenes de asesinar al oligarca Boris Berezovsky, huyó de Rusia dos años después y consiguió asilo en Londres.

Aunque los jueces británicos han apuntado a Lugóvoi como el ejecutor del crimen, el juez que llevó el caso recomendó la apertura de una investigación pública para saber quién ordenó la ejecución. El Home Office, sin embargo, denegó esa investigación en julio de 2013 y la propia ministra del Interior, Theresa May, explicó entonces que “las relaciones internacionales han sido uno de los factores que han llevado al Gobierno a tomar esa decisión”.

En febrero de este año, el Tribunal Superior de Londres criticó al Gobierno por haber descartado la investigación pública (“public inquiry”) antes de que hubiera finalizado la investigación judicial ordinaria (“inquest”). Pero ese dictamen, aunque era un poderoso argumento en favor de la investigación pública, no obligaba legalmente al Gobierno a convocarla. Y, sobre todo, no necesariamente en este preciso momento de crisis con Rusia por el derribo del avión de Malaysia Airlines en el cielo del Este de Ucrania, controlado por los separatistas pro rusos.

Por eso la, en palabras del presidente de la Comisión de Exteriores de los Comunes, “estrafalaria” decisión anunciada por May, se ha recibido como una decisión política encaminada a lanzar un aviso a la Rusia de Vladímir Putin de que Londres está dispuesto a jugar fuerte en esta crisis.