Familiares de las víctimas del ferry ‘Sewol’ piden que Corea investigue el naufragio

En las calles del centro de Seúl domina el amarillo. Los lazos y trapos que cuelgan de los árboles y de los palos del alumbrado público, las sombrillas que protegen del calor veraniego los puestos donde se recogen firmas de apoyo, los gorros y el atuendo de los manifestantes que han ocupado las anchas avenidas de la capital de Corea del Sur en la última semana, comparten el color que los familiares de las 292 víctimas del hundimiento del ferry Sewol del pasado 16 de abril han elegido como símbolo de su protesta. En este clima, este lunes se abre en la Asamblea Nacional una sesión extraordinaria para debatir la creación de un comité específico que investigue la tragedia.

Los miembros del partido Saenuri —la formación de gobierno— y los opositores de la Nueva Alianza Política para la Democracia (NAPD) tienen un mes para aprobar la ley que instituiría el organismo, algo que no lograron hacer el pasado 16 de julio, último día útil de la sesión ordinaria. El principal motivo del choque entre las dos formaciones es la propuesta de la NAPD de que el comité tenga el poder de incriminar a los sospechosos. Una posibilidad a la que el partido en el Gobierno se opone.

Ante esta parálisis, las protestas han ido cobrando cada vez más fuerza y varios familiares de víctimas han iniciado una huelga de hambre. "Hace diez minutos se llevaron al hospital a uno de los padres en huelga de hambre. No aguantó la mezcla de estrés y la falta de comida" explica Bora Chung, una joven intérprete que trabaja como voluntaria en el Comité Nacional del Ferry Sewol, la asociación de los afectados. El sábado se manifestó a pocos metros del Ayuntamiento de Seúl. La rodeaban puestos para la recogida de firmas en favor de la aprobación de la ley —”más de 3,5 millones hasta ahora", asegura— y un césped artificial sobre el que surcaban centenares de barcos de papel y una docena de paraguas amarillos con los nombres de las víctimas escritos en ellos. El trasbordador que naufragó el pasado abril llevaba 475 personas a bordo, la mayoría estudiantes de instituto de viaje a la isla de Jeju. Todavía no hay detalles de lo que pudo ocasionar el siniestro.

"Los padres de los adolescentes que fallecieron lo veían venir. Durmieron todo el fin de semana en el suelo de piedra ante la sede del Parlamento, pero no obtuvieron nada. Así qué el domingo [pasado] algunos de ellos empezaron la huelga de hambre", insiste. Dos pantallas proyectan una y otra vez un vídeo que una de las víctimas del ferry grabó con su smartphone antes de morir. Varios transeúntes se paran y miran las imágenes. Sus caras lo dicen todo: angustia.

Hace diez minutos se llevaron al hospital a uno de los padres en huelga de hambre. No aguantó la mezcla de estrés y la falta de comida Bora Chung, voluntaria en el Comité Nacional del Ferry Sewol

A unos metros de las pantallas gigantes Young-Oh Kim, uno de los familiares de las víctimas, está sentado en el suelo bajo un poste del que cuelga un enorme cartel que pide la institución del comité de investigación. Sobre las piernas cruzadas apoya las muñecas que lleva envueltas en dos pañuelos blancos y amarillos. Mira al vacío y, pegado al pecho, lleva un cartel que lo confirma: está en huelga de hambre.

Quiere que se hable de él como "el padre de Yumin", la hija que falleció en el accidente: "Tuve que verla hundirse con el ferry sin poder hacer nada. Ahora quiero conocer la verdad. Cómo pasó todo esto, por qué pasó. En los últimos 95 días no hemos logrado entenderlo. Queremos la aprobación de una ley que instituya un comité independiente, que pueda investigar y perseguir a los responsables. La única manera para que ocurra es hacernos visibles con la opinión pública, sobre todo con la internacional. Por eso hemos empezado una huelga de hambre. Seguiremos hasta que el Parlamento apruebe la ley que queremos para que se arreglen los fallos que hay en el sistema y este tipo de catástrofes no vuelvan a ocurrir nunca jamás".

Sentado a su lado, uno de los abogados de los afectados, Jaen-min Won, confirma que no hay problemas legales ni técnicos que impidan la aprobación de la ley. "Es una cuestión política, el partido de Gobierno no quiere dar su visto bueno pero la oposición comparte con nosotros la mayoría de los puntos", apunta.

A unos 200 metros de distancia, miles de manifestantes invaden la plaza del Ayuntamiento. La inmensa mayoría lleva un gorro de papel amarillo. Asisten, sentados en el suelo, al discurso de una representante de la oposición, que habla desde un escenario. Un enorme lazo amarillo ocupa un abundante trozo de la fachada de la biblioteca metropolitana, en la misma plaza. Después de un breve concierto, la muchedumbre se junta en una marcha por las calles cercanas al Ayuntamiento.

Entre los manifestantes hay quien ya ha sacado conclusiones. Uno de ellos quiere hablar, pero no revela su nombre. "En cada protesta —detalla— hay agentes gubernamentales que fotografían a los manifestantes y tratan de identificarlos". No le queda duda, sin embargo, sobre la reticencia del Gobierno a la hora de instituir el comité: "Serían los primeros en ser imputados. Tienen miedo", sentencia.