Francia aprueba sus reformas pese al boicot sindical y la fractura socialista

El Gobierno francés tiene ya expedita la vía legal para emprender las profundas reformas que incluyen un ajuste de 50.000 millones en tres años. La Asamblea Nacional ha aprobado este martes por mayoría la segunda y crítica ley del histórico proyecto, que prevé masivas rebajas para las empresas en cotizaciones sociales e impuestos, así como la congelación de las pensiones. El primer ministro, Manuel Valls, ha logrado así un paso crucial en su empeño reformista, pero la jornada ha registrado también dos hechos que auguran importantes conflictos sociales y políticos en la aplicación de los cambios: el boicot de tres sindicatos al diálogo social lanzado por el Ejecutivo y la abstención de 33 diputados socialistas en la votación de la Asamblea.

Las medidas aprobadas estos días modifican los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social ya para este ejercicio como un primer tijeretazo al gasto público. Los recortes previstos prevén un ahorro de 4.000 millones en la Administración y al menos mil al año por la congelación de las pensiones. El resto del ajuste tendrá que hacerse en los siguientes presupuestos, donde también se incluirán rebajas de impuestos y de cotizaciones sociales.

Será en los próximos ejercicios cuando Francia tenga que completar las grandes cifras comprometidas en el programa de estabilidad trianual enviado a Bruselas: reducir en 18.000 millones el gasto de la Administración central; 11.000 en regiones y ayuntamientos; 10.000 en Sanidad y 11.000 en otras prestaciones. La congelación de sueldos de los funcionarios, la revisión de las pensiones o la reducción a 13 de las 22 regiones actuales constituyen también partes sustanciales del ambicioso plan.

El Pacto de Responsabilidad, el gran proyecto de François Hollande que ha supuesto el viraje del socialismo francés hacia una economía social-liberal, empieza a andar en medio del ruido y las protestas de una parte de la izquierda. 33 —ocho menos de los previstos— de los 290 diputados socialistas cumplieron su amenaza y se abstuvieron en la votación de esa segunda ley. Los rebeldes abren así definitivamente su batalla contra Manuel Valls y contra el Pacto de Responsabilidad, el proyecto estrella de Hollande y de su primer ministro para crear empleo y mejorar la competitividad de las empresas francesas.

Los rebeldes se niegan a apoyar la congelación de las pensiones

El resultado del escrutinio —272 a favor (socialistas, 12 radicales republicanos y cuatro de 17 ecologistas), 234 en contra (los centristas de la UMP, entre ellos) y 54 abstenciones— describe ese viaje sin retorno de los diputados rebeldes, que sí apoyaron la semana pasada la primera ley, que incluía rebajas fiscales a los sueldos más bajos. Ahora han querido mostrar su rechazo a las ventajas que las reformas dan a las empresas: unos 41.000 millones de ahorro de cargas sociales e impuestos a lo largo de tres años.

A este frente político contra las reformas se han sumado por vez primera buena parte de los poderosos sindicatos franceses. La Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO) —primera y tercera organización de empleados por número de afiliados— boicotearon el lunes la Conferencia Social clausurada el martes, con el argumento de que Valls hace continuas “cesiones” a las empresas. 24 horas después, se ha sumado al boicoteo la Federación Sindical Unitaria, la más potente entre los funcionarios públicos, sobre todo en la enseñanza. “No podemos seguir en un diálogo social unilateral”, ha sostenido su secretaria general, Bernardette Groisson.

Los portazos de estos tres sindicatos, que representan a más de la mitad de los trabajadores, suponen la fractura del diálogo social, imprescindible para acompañar la aplicación de las reformas.

Con deseo de calmar los ánimos, Valls ha anunciado tras la votación su intención de bajar los impuestos a las clases medias. A la vez, repite una y otra vez que ningún obstáculo frenará su programa reformista, convencido de “ha llegado el momento” de revitalizar Francia, que desde hace años está “atascada, arrinconada y bloqueada”, como dijo el pasado fin de semana. El primer ministro rechaza que el Pacto de Responsabilidad suponga “un regalo a las empresas” y asegura que, pese a todo, él está aplicando “una política de izquierdas” a favor del empleo.

Ayer, en nuevo entorpecimiento a la reforma, el Senado rechazó la primera norma aprobada la semana pasada en la Asamblea. En caso de persistir el desacuerdo entre ambas cámaras, la última palabra la tiene el Parlamento.

El primer ministro reitera días tras día su determinación para no ceder. En su contacto de la semana pasada con el grupo socialista lo dejó muy claro: “No seré jefe de un Gobierno que no avanza. Seré jefe de un Gobierno que llevará las reformas hasta el final”.