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Egipto ratifica la condena de muerte a 182 hermanos musulmanes y a su líder

El juez absuelve a 496 procesados y conmuta la pena capital por cadena perpetua a cuatro

Abogados y defensores de derechos humanos han criticado la falta de garantías del macrojuicio

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El juez de la provincia egipcia de Minia, Said Yusuf, apodado el carnicero por la severidad de sus sentencias, ratificó ayer la condena a la pena de muerte que él mismo dictó contra 183 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, incluido el líder supremo de la cofradía islamista, Mohamed Badie.

En cambio, el magistrado de esta corte penal, al sur del Cairo y feudo de los islamistas, absolvió a otras 496 personas y conmutó la pena capital por cadena perpetua a otras cuatro. En un primer momento, Yusuf había enviado a 683 personas al corredor de la muerte por el asalto a la comisaría de la localidad de Adua, en Minia, acontecido el pasado mes de agosto y en el que murió un agente de policía.

La dura condena se enmarca en la ola de represión contra los Hermanos Musulmanes tras el golpe de Estado de julio de 2013 y la guerra declarada por el nuevo presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, contra el movimiento. Casi toda la cúpula de esa organización islamista, incluido el antecesor de Al Sisi y primer civil en el cargo, Mohamed Morsi, así como miles de sus partidarios, se encuentran encarcelados y están imputados en una retahíla de juicios relacionados con las protestas organizadas después de la asonada. Más de una veintena han concluido ya con largas sentencias de cárcel, además de la condena a la pena de muerte de 60 personas.

La del ayer fue solo la tercera vista del juicio y, como las anteriores, tan sólo duró unos 15 minutos. Desde su inicio, este macroproceso, el mayor de la historia del país, ha sido censurado por las organizaciones de derechos humanos tanto egipcias como internacionales al considerar que no respetaba las garantías jurídicas mínimas. “Condenar a morir a 183 en lugar de a 683 en un somero juicio es una parodia de justicia”, declaró Joe Stork, responsable para Oriente Medio de la organización Human Rights Watch.

De los 683 acusados, la mayoría han sido juzgados en rebeldía, ya que se encuentran huidos de la justicia. Sin embargo, los 110 que permanecen bajo custodia policial no fueron trasladados a la vista. Entre ellos, Mohamed Badie. Ésta es la primera sentencia a muerte firme contra el líder islamista que el lunes pasado recibió otra condena provisional para ser ejecutado en la horca por incitar a la violencia tras unas manifestaciones en Giza el verano pasado. Badie no estaba presente en ese momento, como tampoco en Adua.

Mona Abdel, madre de un adolescente acusado.  Ricard González
Mona Abdel, madre de un adolescente acusado. / Ricard González

“Esta sentencia debería ser anulada en el tribunal de casación, ya que se han violado las normas elementales de un proceso justo”, señalaba Hussein Sultán, abogado de tres procesados que fueron declarados inocentes. “La mayoría de los acusados no ha asistido a la sesión” de ayer “ni tampoco a las anteriores. Además, a varios de los abogados de los condenados se les prohibió la entrada al tribunal, y el resto, no pudimos presentar ante el juez nuestros argumentos”, añadió Sultán.

Tras conocerse el veredicto, hubo escenas de ira entre familias de los acusados, congregadas en las inmediaciones de la corte, protegida por un robusto dispositivo de seguridad. Las familias de los absueltos estallaron en gritos de júbilo. “Dios es grande. ¡Muchas gracias presidente Sisi!”, exclamaba Mona Abdel, mientras blandía la fotografía de su hijo Sultán, de 15 años. Cerca de ella, Radia, madre del otro adolescente que figuraba entre los acusados ululaba con los ojos llenos de lágrimas.

En cambio, el futuro de otros  no estaba claro, como el de Yáser Rifaat, el hermano de Wafi, un cristiano copto que aún no entendía como la policía lo había tomado por un militante islamista, ya que, insistía, es conocido el rechazo unánime de esta comunidad hacia la ideología islamista. “De los dos cristianos acusados, a uno le han mantenido la condena de muerte, y al otro lo han absuelto. Pero lo siento, de veras que no recuerdo los nombres de cada uno”, decía el abogado Sultan, mientras Wafi suplicaba para que alguien le dijera si su hermano Yáser era el “cristiano inocente”.

Las historias de los familiares reunidos a las puertas del tribunal eran diferentes, pero todos sugerían que las incriminaciones habían sido totalmente arbitrarias. “Como todo adolescente curioso, mi hijo vio la manifestación y se acercó a mirar. ¿Cómo quieren que sea un asesino? Es un niño!”, se preguntaba Mona. Walid, un campesino, contaba que su hermano Hamada se encontraba haciendo el servicio militar en otra provincia, a cientos de kilómetros, cuando se produjo el asalto a la comisaría de Adua.

Sin embargo, Ashur Mohamed discrepaba de las peticiones de clemencia de la multitud previas al veredicto definitivo. También originario de Adua, su hermano Mamduh fue el policía que murió en agosto mientras defendía el recinto policial. “Fue un ataque de una turba. Participó mucha gente. Así que es normal que sean muchos los condenados a la pena de muerte. Quiero que se haga justicia”, decía mientras sostenía un retrato de su hermano, vestido con el uniforme policial.

Tradicionalmente, los condenados a muerte en Egipto son ahorcados, aunque no ha habido ninguna ejecución desde abril de 2011, según Amnistía Internacional; una tendencia que se rompió 13 días después de que Al Sisi llegase al poder, el pasado 8 de junio, con la ejecución de tres islamistas.

El ataque por el que han sido condenadas estas 183 personas se produjo solo unas horas después de que las fuerzas de seguridad desalojaran un campamento de protesta en El Cairo erigido por los seguidores de Morsi y que se saldó con la muerte de centenares de personas. Como venganza por la masacre, se incendiaron comisarías e iglesias. Yusuf ya dictó otra sentencia en otro macrojuicio celebrado en abril, y en el que condenó a morir a 37 personas y a otras 492 a cadena perpetua.

 

 

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