El opositor López seguirá preso a la espera de ser juzgado por disturbios

El líder opositor Leopoldo López tendrá que enfrentar el peor de los escenarios que imaginó cuando decidió promover en las calles de Venezuela el fin anticipado del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La madrugada del jueves la jueza del Tribunal 16 de Control, Adriana López, dictaminó que el dirigente sea enjuiciado por los cuatro delitos que le imputó la fiscalía –daños, incendio, asociación e instigación a delinquir- en tanto autor intelectual de los destrozos ocasionados el 12 de febrero en la sede y las adyacencias del edificio del Ministerio Público al finalizar una protesta antigubernamental en el centro de Caracas.

Mientras dure el juicio, que, según sus abogados, comenzará en agosto, el coordinador político de la organización Voluntad Popular permanecerá en la cárcel militar en Ramo Verde, a las afueras de la capital venezolana, donde lleva ya más de cien días detenido.

Si es hallado culpable podría pasar hasta doce años en prisión. La decisión supone otro duro golpe para el ala de la oposición decidida a provocar la caída del régimen. El miércoles la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que otra de las caras visibles del movimiento, la defenestrada diputada María Corina Machado, deberá declarar en la investigación iniciada con motivo de las denuncias sobre un supuesto intento de asesinato de Maduro. Las protestas, que han dejado, según cifras oficiales, 42 fallecidos y 3.223 detenidos desde febrero, casi se han extinguido.

Si es hallado culpable, el opositor Leopoldo López podría pasar hasta doce años en prisión

El fallo contra López se produjo tras tres maratonianas sesiones que comenzaron el lunes en la mañana y culminaron a las cuatro de la tarde del miércoles. La larga espera obedeció a que también en la vista se discutió la causa iniciada contra los estudiantes Ángel González, Marco Coello, Christian Holdack y Demián Martín, sindicados como autores materiales de los destrozos. Ellos también serán enjuiciados y deberán permanecer detenidos hasta que se decida si son culpables o inocentes.

Tras once horas de deliberaciones, dentro de las cuales la fiscalía hizo un postrero intento por cambiar los términos utilizados en la acusación –se cuestionaba que el Ministerio Público fuese víctima de los destrozos y que investigara a la vez a los supuestos responsables-, la jueza desechó los argumentos de la defensa. Era lo que se esperaba porque el Poder Judicial es señalado por la oposición de responder a los intereses del Ejecutivo.

Los alrededores del Palacio de Justicia en Caracas fueron acordonados por la policía antimotines. Los familiares denunciaron las restricciones de la Guardia Nacional Bolivariana para conversar con López en los recesos. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, en las redes sociales mostraron una foto del dirigente, quien luce una barba poblada, conversando con su esposa Lilian Tintori y una persona que aparece de espaldas. La audiencia tampoco pudo ser presenciada por la prensa local porque los alguaciles le han impedido la entrada a la sala.

Esa decisión agrega un nuevo obstáculo al ya pedregoso camino del diálogo entre el gobierno y la oposición. La Mesa de la Unidad (MUD), la facción moderada que aceptó la invitación de Maduro, se retiró el 12 de mayo debido a la dura represión contra los estudiantes contrarios al régimen y a la negativa de la delegación chavista de honrar los compromisos acordados en abril. “La decisión contra López tiene fundamentos políticos”, dijo a este diario Ramón Guillermo Aveledo, el secretario ejecutivo de la MUD. “No se han aportado pruebas convincentes que justifiquen mantener detenido a un líder de su importancia. El fallo no ayuda a descongelar el proceso”, agregó.

La decisión agrega otro obstáculo al ya pedregoso camino del diálogo entre el gobierno y la oposición

Las conversaciones, que cuentan con la mediación de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y el embajador del Vaticano en Venezuela, parecen cada vez más lejos de reiniciarse. El fallo contra López se suma a la negativa del Gobierno de liberar por razones de salud al excomisario Iván Simonovis, que está considerado como un preso político por la oposición. La semana pasada un tribunal de ejecución negó la medida argumentando que el exfuncionario de la policía científica, que había iniciado una huelga de hambre para provocar una decisión, se encuentra en buenas condiciones de salud. La Mesa de la Unidad había pedido su excarcelación para proseguir con el diálogo, pero el chavismo arguye que los familiares de las víctimas caídas durante los disturbios previos al golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, muertes que le achacan a Simonovis, no están de acuerdo con liberarlo. “Para que haya paz debe haber justicia”, ha dicho el presidente Maduro, dando así un portazo definitivo a esa posibilidad.

Entre las partes existe un abismo cada vez más profundo debido a la visión que ambos actores tienen del diálogo. Mientras el chavismo considera que es una oportunidad para debatir con su contraparte a partir de sus antagónicos modelos de desarrollo, la oposición es partidaria de llegar a acuerdos concretos para conjurar la crisis política. La MUD explica la falta de compromiso del Gobierno a partir de la fuerte diatriba interna del chavismo. Maduro, dicen, no gobierna para todo el país sino para las facciones enfrentadas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela.