La junta militar de Tailandia asegura que tiene el respaldo del rey

La junta militar que domina Tailandia desde el jueves ha recibido este lunes el reconocimiento formal del soberano tailandés, Bhumibol Adulyadej, de 86 años. Es un paso simbólico pero imprescindible para el asentamiento en el poder del gobierno militar, que ya ha dado diversos pasos para cimentar su control pero que afronta protestas pese a sus advertencias de una dura respuesta contra quienes intenten alterar el orden.

El autoproclamado primer ministro y presidente de la Comisión Nacional para la Paz y el Orden —nombre oficial de la junta—, el general Prayuth Chan-Ocha, ha comparecido este lunes ante los medios para explicar cuáles serán los próximos pasos a dar, y ha asegurado que aunque la intención final es celebrar elecciones “lo antes posible”, matizó también que antes será necesario poner en marcha una amplia gama de reformas sociales y económicas. Como en ocasiones anteriores, no quiso fijarse ningún plazo.

Prayuth, cuya junta ha proclamado un toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana (hora local), ha prohibido las congregaciones por motivos políticos de más de cinco personas y ha tomado medidas para restringir la libertad de expresión en los medios de comunicación, indicó asimismo que establecerá un Consejo de Asesores, aunque no dio detalles sobre su composición o sus competencias precisas.

El mando militar sí fue mucho más explícito a la hora de advertir contra nuevas manifestaciones que puedan continuar a las esporádicas, pero cada vez más nutridas, concentraciones que han tenido lugar en Bangkok y otros puntos del país a lo largo del fin de semana contra el golpe.

“¿Vamos a volver a donde estábamos antes del golpe? Si quieren hacerlo, tendré que usar la fuerza e imponer la ley estrictamente”, advirtió Prayuth, vestido con el uniforme blanco de gala. El militar hacía alusión a las manifestaciones antigubernamentales que en los últimos seis meses han paralizado el país para demandar la marcha del gobierno encabezado hasta principios de este mes por la primera ministra Yingluck Shinawatra, y a las concentraciones de “camisas rojas”, simpatizantes de Yingluck y de su hermano Thaksin, un magnate de las telecomunicaciones que vive en el exilio para evitar la cárcel por corrupción desde 2008 y que ha dominado directa o indirectamente la política de su país desde 2001.

Quienes violen los nuevos reglamentos podrán ser juzgados en tribunales militares, según las ordenanzas que ha impuesto la junta. A quienes han participado en las concentraciones, indicó el nuevo mandatario tailandés, instó a “detener sus acciones, pues les perjudicarán a ellos y a sus familias, ya que las leyes son ahora estrictas”, agregó.

Prayuth compareció ante los medios para leer una proclamación de la Casa Real tailandesa que apoya el establecimiento de la Junta. El respaldo del rey Bhumibol es esencial para que los militares consoliden su régimen. Aunque el soberano, de 86 años, padece una frágil salud y apenas se le ha visto en público en los últimos años, es aún enormemente respetado en su país.

De hecho, la crisis política que vive Tailandia —y que se remonta al golpe militar de 2006 que depuso al gobierno de Thaksin Shinawatra— tiene como telón de fondo la sucesión de Bhumibol. Su hijo, el príncipe heredero Vajiralongkorn, que arrastra diversos escándalos en su vida personal, no alcanza los niveles de popularidad de su padre. Thaksin ha dado en el pasado pasos para aproximarse a él, algo que ha suscitado el recelo de la oposición, temerosa de un futuro gobernado por un rey débil y cercano al magnate.

La política tailandesa se encuentra profundamente dividida entre los partidarios de Thaksin —procedentes en su mayoría de las clases más desfavorecidas y que veneran al magnate después de que éste introdujera medidas como la asistencia médica gratuita o importantes subsidios al arroz— y las fuerzas más conservadoras, que reciben sus apoyos del sur del país, de la clase media y alta y del “establishment” cercano a la corte pero que con todo han perdido cada elección desde 2001.

Dada la popularidad de Thaksin y el historial del Ejército en su caída y posterior represión de las manifestaciones del movimiento de los “camisas rojas” en apoyo del magnate, la Junta intenta andar con pies de plomo y mostrarse exquisitamente neutral. Y anunciar medidas que puedan ganarse a los partidarios del Gobierno depuesto, convencidos de que el golpe tiene como objetivo subyacente poner fin de una vez por todas al dominio de Thaksin y de su clan.

Así, el fin de semana anunció que pagaría las deudas, superiores a los 1.800 millones de euros, dejadas por un programa fracasado de subsidios al arroz que había sido uno de los proyectos estrella del Gobierno de Yingluck. Hoy apuntó que prorrogará recortes de impuestos que expiraban este año.

El domingo anunció que Yingluck, a la que había retenido desde el viernes, quedaba en libertad si bien tendría que dar explicaciones cada vez que quisiera desplazarse y su domicilio estaría vigilado por las fuerzas de seguridad. Hoy dio a conocer que también ha quedado en libertad bajo fianza el líder de las manifestaciones antigubernamentales, Suthep Thangsuban, acusado de homicidio e intento de homicidio por la violencia contra las manifestaciones de “camisas rojas” en 2010. Hasta ahora, el régimen militar ha convocado a más de 200 personalidades, que tras comparecer al llamamiento quedaron detenidos.