La tensión entre el oficialismo y la autoridad electoral marca las elecciones en Panamá

Panamá es un hervidero político electoral que, en la ruta final hacia los comicios presidenciales, legislativos y municipales del próximo 4 de mayo, se calienta cada vez más y atiza las tensiones partidistas e institucionales. Una huelga nacional de unos 70.000 obreros de la construcción en demanda de incrementos salariales, y otra de educadores, se prolongan sin que se vislumbren acuerdos. Pero la temperatura asciende en torno a la pugna entre el presidente Ricardo Martinelli y el magistrado que preside el Tribunal Electoral (TE), la institución encargada de calificar la elección.

Erasmo Pinilla, el magistrado presidente del TE lanzó hace varios días una carga en contra del oficialismo: “Alguien está planeando un fraude y para eso quieren descalificar al Tribunal”. Pinilla, no obstante, reafirmó que el Tribunal “garantiza al pueblo panameño que el resultado de los votos en las urnas será contado y divulgado escrupulosamente”. 

La crisis se ha ido agravando. Miembros del partido oficialista Cambio Democrático (CD) han centrado los ataques en Pinilla. Ponen en duda que realmente se haya graduado en leyes en la estatal Universidad de Panamá. “Ha habido en los últimos tiempos una extraordinaria actividad de gente interponiendo acusaciones absurdas y temerarias en contra de mí, como magistrado presidente, y hemos llegado a la convicción de que tales ataques no tienen por objeto a Erasmo Pinilla, sino a la institución”, respondió el magistrado. 

“Eso es muy peligroso, porque si para cualquier pensador poco avispado sobresale y cae de su peso que debilitar al árbitro en el momento crucial de un proceso electoral caracterizado por un lenguaje sumamente agresivo, no tiene otro propósito que preparar el escenario para probablemente cometer un fraude. Ese es mi análisis final”, ratificó.

Panamá ha transitado en los últimos dos años por un agravamiento de las tensiones entre el Gobierno de Martinelli, que asumió en 2009 y deberá entregar el mando el 1 de julio entrante, y el TE. En mayo de 2012 Martinelli solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la separación de Pinilla y de otros magistrados electorales por presuntamente desconocer un triunfo de su partido en unos comicios.

Sectores ligados al CD han puesto en duda la idoneidad de Pinilla para conducir el proceso y plantearon acusaciones de distinta índole, como sostener presuntos nexos con el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), uno de los más importantes de Panamá.

Pinilla reconfirmó el pasado 16 de abril que la fiscal general de Panamá, Ana Belfon, se presentó en su despacho en noviembre de 2013 para pedirle que renunciara a su fuero electoral porque el magistrado fue demandado en esa dependencia, el ministerio público, por delitos contra el honor.

Y es que hasta el exchofer de Pinilla, identificado como Javier Bosso, pidió recientemente que fueran certificados los documentos que confirmen que el ahora magistrado se graduó en la Universidad. Tras calificar, sin mencionarlo, a Bosso de “testaferro”, Pinilla adujo que “hay bajeza, ruindad, de tratar de ridiculizarme porque tuve que estudiar de noche”, ya que laboraba de día y sufrió un retraso para poder graduarse.

Los ataques “retratan el nivel de bajeza al que pueden llegar”, alegó, al alertar que las “demandas y amenaza” proseguirán previo al 4 de mayo. Aunque el presidente Martinelli expresó el 16 de este mes en su cuenta de Twitter que siempre ha apoyado al TE y que Pinilla “tiene mi respaldo”. El magistrado le agradeció al gobernante, pero señaló que serán los medios de comunicación y la ciudadanía quien "tienen que juzgarlo”. Pinilla anunció que se despojará del fuero, pero luego de los comicios de mayo.

Pretensión autoritaria

A lo largo de una gestión plagada de pleitos institucionales, Martinelli ha sido acusado por sus opositores de actuar con autoritarismo, porque controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como otras estratégicas instancias estatales.

“La única institución pública a la que no ha podido dominar el presidente Martinelli es el Tribunal Electoral”, aseguró el panameño Milton Henríquez, presidente del opositor Partido Popular. En una entrevista con EL PAÍS, Henríquez explicó que “en parte no ha podido porque los magistrados han hecho una defensa de su autonomía, y en parte porque la sociedad y los partidos políticos hemos salido en la defensa del Tribunal”.

“El intento de dominar, de controlar, de afectar al Tribunal no ha parado y nuestros esfuerzos para defenderlo no cesarán tampoco”, añadió.

EL PAÍS intentó obtener una versión de la Presidencia de Panamá sobre los ataques en contra del mandatario, pero el secretario de Comunicación, Luis Camacho, no respondió a los llamados telefónicos. El diputado Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los jerarcas del CD, aseguró en una entrevista que “estos ataques son totalmente falsos, no tienen sentido”.

“Los partidos de la oposición se han confabulado para tratar de escamotear esa bonanza que ha hecho el presidente Martinelli”, agregó, al explicar que los opositores están preocupados porque el CD se encamina hacia una victoria.

Con un padrón de 2,4 millones de electores y en 6.330 mesas de votación, los panameños acudirán el primer domingo de mayo a una nueva cita con las urnas. El oficialista José Domingo Arias, del CD, y los opositores Juan Carlos Navarro, del PRD, Juan Carlos Varela, de una alianza comandada por el Partido Popular, Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia, y los independientes Juan Jované, Gerardo Barroso y Esteban Rodríguez son los aspirantes a la Presidencia, en una contienda en la que para ganar se requiere de mayoría simple.

La elección venidera será la quinta después de que tropas estadounidenses invadieran Panamá en diciembre de 1989 para desalojar al régimen militar instalado en 1968 por el ahora fallecido general Omar Torrijos Herrera (1929-1981) y heredado por el entonces general Manuel Antonio Noriega. Detenido en enero de 1990 por fuerzas invasoras, Noriega quedó encarcelado por narcotráfico durante casi 22 años en Estados Unidos y Francia, hasta que en diciembre de 2011 fue repatriado y remitido a un penal para purgar sentencias por distintos cargos, mientras la sociedad panameña se reponía del impacto del régimen castrense.