Hollande pone a un duro al frente del Gobierno tras el fracaso electoral

Contra lo que es habitual en él, el presidente francés, François Hollande, no ha tardado ni 24 horas en reaccionar al cataclismo del Partido Socialista en las elecciones municipales del domingo, en las que la mayoría de Gobierno perdió 151 ciudades mientras el centro derecha ganaba 142 y la extrema derecha conquistaba once. Sin esperar siquiera a que acabara el recuento definitivo, el presidente más impopular de la V República decidió aceptar la dimisión de su primer ministro y amigo, Jean-Marc Ayrault, solo un poco menos quemado que él mismo, y encargó la formación del nuevo Gobierno a Manuel Valls, hasta hoy titular del Interior.

Valls, que fue director de comunicación de la campaña presidencial de Hollande, es todavía el ministro socialista más apreciado –un 63% de aceptación, según los últimos sondeos–, y aunque el presidente mantiene con él una relación personal bastante tensa –el barcelonés es más amigo de la anterior pareja de Hollande, Valéry Trierweiler, que suyo–, su ascenso a la sala de máquinas del Ejecutivo responde a una doble necesidad: dar la vuelta a la calamitosa comunicación del Gobierno, y dejar atrás cuanto antes el castigo de las municipales, que encamina a los socialistas hacia un abismo en las europeas de mayo.

Hollande anunció el cambio de primer ministro en una breve alocución televisada en la que prometió un “Gobierno reducido y de combate”, y una bajada de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores hasta 2017. El jefe del Estado aseguró haber entendido el “claro mensaje” enviado el domingo “por los que han votado y por los que se han abstenido”, y lo resumió así: “Un cambio insuficiente, demasiada lentitud, poco empleo y poca justicia social, demasiados impuestos, poca eficacia en la acción pública y demasiadas dudas sobre cómo salir de esa situación”.

El jefe de Estado trata de introducir un matiz social a su giro a la derecha

Para tratar de mitigar el descontento del electorado de izquierdas, el presidente afirmó: “Seguiré siempre fiel a los compromisos que adquirí y no olvidaré por quién y para qué fui elegido”. Dijo que Francia vive “una crisis cívica y moral”, y enseguida, quizá para calmar a los que ven en Manuel Valls a un político similar a Nicolas Sarkozy y al hombre que más divide a la izquierda, afirmó: “No toleraré ninguna forma de exclusión ni de intolerancia”.

La amplitud de la crisis de Gobierno se conocerá el martes, aunque esta noche ya se ha sabido que las dos ministras ecologistas no continuarán. El presidente reducirá sin duda el número de carteras, que hoy es de 38, pero todo hace pensar que se limitará a matizar la política anunciada en enero pasado, cuando el presidente dio un volantazo y sacrificó las promesas de izquierdas que le impulsaron al Elíseo.

Abrazando las ideas neoliberales de Bruselas y Berlín, Hollande se definió como socialdemócrata y ofreció a la patronal un “pacto de responsabilidad” por el empleo y la competitividad. El pacto consiste en bajar las cotizaciones sociales a las empresas y en recortar el gasto público por valor de 50.000 millones en tres años. Hablando para Europa, Hollande ha dicho este lunes que el plan será votado según lo previsto, pero que es justo “añadir un pacto de solidaridad al pacto de responsabilidad”.

El presidente sabe bien que poner a Valls al frente del Gobierno irritará al ala izquierda del Partido Socialista, a los Verdes y a los aliados ocasionales del Frente de Izquierda, ya que el político barcelonés, hijo del pintor republicano Xavier Valls, representa al ala más conservadora del partido, la corriente más minoritaria, según se vio en las primarias de 2011, en la que solo obtuvo el 5,6% de los votos.

Durante sus casi dos años pasados en Interior, Valls se ha fabricado una imagen de hombre hiperactivo, providencial y voluntarista –el tipo patentado por Sarkozy– y ha mostrado su olfato para detectar los asuntos sociales que crean consenso y una notable habilidad para relacionarse –administrando exclusivas y vetos según convenga– con los medios de comunicación, incluso los más afines a la derecha.

Aunque su balance como primer policía de Francia ha sido discreto, pues no ha mejorado las cifras de delincuencia, ha dado bandazos en política migratoria y no ha terminado de reformar el gangrenado sistema de asilo, Valls ha copado el espacio mediático con su estilo agresivo entrando de hoz y coz en los temas de seguridad e inmigración, favoritos de la extrema derecha, aunque esto no haya servido para frenar, más bien al revés, ni el hundimiento del Partido Socialista ni el avance del Frente Nacional.

Valls ha sido el verdugo de la promesa de firmeza y humanidad con las poblaciones más precarias lanzada por Hollande antes de las elecciones, y se empleó a fondo en ello durante el caso Leonarda Dibrani, cuando adoptó las peores costumbres de la época de Sarkozy al defender la detención de la joven estudiante gitana durante una excursión escolar antes de deportarla a Kosovo con su familia, aunque los hijos de los Dibrani nacieron en Italia y en Francia.

Hollande salió trasquilado del asunto al verse obligado a intervenir después de que Valls amenazara con dimitir si le desautorizaba. El presidente hizo un papelón internacional al ofrecer a la quinceañera romaní una solución impracticable: que volviera sola a estudiar a Francia. Mientras tanto, la popularidad de Valls se disparaba hasta el 89%.

Ese caso sirvió al ministro para dejar claro que su estrategia de frenar al Frente Nacional consistía en ponerse a su altura en demagogia y xenofobia. Tras declarar que los gitanos europeos son “muy distintos culturalmente a los franceses” y “no tienen voluntad de integrarse”, se supo que el ministro desalojó de sus chabolas en 2013 a más de 20.000 gitanos, cifra superior a la que se registraba con el Gobierno conservador, incumpliendo las normas internacionales de derechos humanos. Luego, enseñó de nuevo su firmeza al declarar la guerra al humorista Dieudonné y conseguir que los jueces censuraran su gira de forma preventiva, lo que suscitó críticas de algunas juristas que lo consideraron un ataque sin precedentes a la libertad de expresión.