Peña Nieto inicia una contrarreforma a la ley de telecomunicaciones

Una sombra de contrarreforma planea sobre una de las propuestas legislativas más ambiciosas del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El mandatario envió este lunes al Senado su propuesta de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, una norma clave que regula ocho artículos constitucionales modificados en julio de 2013 y que dieron origen a la reforma de telecomunicaciones. Las iniciativas propuestas, que llegan con casi cuatro meses de retraso, han sido criticadas de forma casi unánime. A pocas horas de su presentación los partidos de oposición, que estuvieron con él en el Pacto por México, ofrecieron un mensaje conjunto rechazándolas. Otro buen número de expertos considera que diluyen los alcances logrados, destinados a fomentar la competencia y acabar con las prácticas monopólicas que han dominado el sector en las últimas décadas.

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la vulneración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo que obtuvo el aplauso general a principios de este mes al determinar preponderantes (agentes que dicten las reglas al dominar el 50% o más de un mercado) a América Móvil, de Carlos Slim, y a Televisa, de Emilio Azcárraga, los gigantes del sector en México. La independencia del instituto logró imponer duras medidas a ambos grupos económicos para fomentar la competencia. Esa autonomía hoy se ve amenazada.

El artículo 44 de la propuesta del Gobierno señala que “de manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público” el Ejecutivo mexicano a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá solicitar al presidente del Instituto que algunos asuntos “sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria”.

“En la iniciativa prevalece la visión gubernamental. Sus prejuicios y sus miedos de desprenderse de algunas posiciones de regulación”, señala Gabriel Sosa Platas, un experto en temas de telecos. La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) seguirá vigilando los contenidos de los medios para "vigilar que se mantengan dentro de los límites señalados... de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, a los derechos de terceros...y que no perturben el orden público". “Es un instrumento de control histórico. Aprietan con quien no están de acuerdo en su línea editorial y con otros se hacen de la vista gorda. Esa capacidad de influir fue muy funcional para el Gobierno”, dice Sosa.

Los medios públicos, cuyos contenidos representan un oasis en una industria dominada por telenovelas y talk shows de Televisa y TV Azteca, han quedado orillados en la ley secundaria. Su financiamiento será por donativos y dinero del Estado. Miembros de la sociedad civil esperaban que la legislación otorgara herramientas que buscaran su fortalecimiento, no nada más su supervivencia.

Un mexicano promedio ve al día cuatro horas y 45 minutos de televisión. La nueva ley tampoco garantiza que ese ciudadano vea mejores contenidos. La norma obliga al futuro medio publico a transmitir un 30% de contenidos independientes hechos en México, pero no obliga a Televisa, que domina más del 70% del mercado, a transmitir contenidos de este tipo.

La propuesta del Ejecutivo pospone de diciembre de 2015 hasta finales de 2017 el apagón analógico. “Esto, además de ser inconstitucional, manda una pésima señal a los jugadores de las nuevas cadenas de televisión, que serán digitales”, escribe Irene Levy, analista de telecos, en El Universal. “La posibilidad para que tengan espectadores también se retrasa”, agrega Sosa.

Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y transportes consideró que la iniciativa, que actualiza normas añejas de 1995 y1960, es "plural y democrática" y que busca "cumplir con la filosofía de la reforma constitucional". El funcionario recordó que la finalidad es que todos los mexicanos tengan acceso a Internet, que cuenten con calidad en sus servicios.

La oposición, no obstante, consideró "inadmisible" la propuesta del Gobierno. “No aceptaremos que la Constitución sea violada y disminuida a través de las leyes secundarias”, señaló la noche del lunes Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas), y artífice del Pacto por México. El dirigente ofreció un pronunciamiento conjunto con su homóloga de la derecha, Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), que consideró que el Gobierno está reduciendo “el alcance y la significación” de las leyes aprobadas por el Congreso en julio de 2013. Ambos subrayaron el debilitamiento del IFT. "Varias de sus facultades pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo, como si no se hubieran transferido al órgano autónomo del Estado", señalaron.

La reforma de telecomunicaciones había sido una de las exigencias de la oposición a Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia de México con el estigma de haber sido ayudado por las televisoras. El Pacto por México, un acuerdo entre el Gobierno, el PAN y el PRD, empujó una democratización del sector. El Pacto murió en diciembre de 2013, cuando la izquierda abandonó la mesa de negociación ante la inminente aprobación de la reforma energética.

Hoy, según Sosa, “se corre el riesgo” de que el presiente Peña Nieto “recomponga esa relación” con las televisoras. El PRI junto con sus aliados, el llamado partido Verde y Nueva Alianza, podrían aprobar las leyes enviadas. La atención también se enfoca en 22 legisladores que son señalados de pertenecen a una telebancada. Se trata de senadores y diputados que han laborado en empresas de telecomunicación y han sido enviados al Congreso para representar sus intereses. La llegada de la legislación secundaria al Senado es el pistoletazo de salida a varios días de intensos debates, cabildeo y polémica. La aprobación en los términos como llegó, según Sosa Platas, “no sería lo deseable para el país. Se fincaron muchas esperanzas en la reforma y con esta iniciativa seguiríamos padeciendo la enorme concentración mediática”.