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Crisis política en Venezuela

Maduro anuncia la detención de tres generales que planeaban derrocarlo

Los oficiales pertenecen a la Aviación y están a la orden de los tribunales militares por organizar un intento de golpe de Estado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la captura de tres generales de la Aviación Bolivariana involucrados en la supuesta organización de un golpe de Estado contra su Gobierno. Sin dar mayores detalles, el gobernante venezolano saludó la conciencia de los oficiales que habrían delatado el movimiento. “Vinieron alarmados a decir que se le estaba convocando a un golpe”, dijo. El jefe del Estado agregó que los tres generales tienen vínculos con la oposición venezolana.

Con esta denuncia, Maduro dio la bienvenida a la misión de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que este martes inició una visita de 48 horas a Caracas. Ha sido sin duda la manera más contundente de reunir mucha más fortaleza a su alrededor de la que ya exhibía en los foros continentales y una forma de darle credibilidad a la versión del golpe de Estado continuo que enfrenta desde hace mes y medio, provocado, según esa visión, por el ala más radical de la opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Ese contrataque parece afianzar el motivo original de la visita de los cancilleres, y le resta fuerza a una petición que en las últimas horas habían hecho los representantes de Colombia y Paraguay para ampliar la agenda de actividades. “Debemos tomar contacto con todos los sectores políticos y sociales de este país”, comentó en Asunción el canciller paraguayo Eladio Loizaga antes del viaje. Caracas, que es muy celosa con las intromisiones de terceros en asuntos internos, había logrado imponerse para diseñar una visita a la medida de sus intereses. Los países de Unasur acompañarían y asesorarían las conferencias de paz convocadas por el Gobierno, pero que no cuentan con presencia de la oposición política.

Maduro está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de impedir que las voces que más han opuesto resistencia en este último mes y medio de protestas tengan alguna resonancia. Este lunes el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que prohibiría que su colega María Corina Machado entrara al hemiciclo y a las demás áreas administrativas del Poder Legislativo. Los detractores del número dos del chavismo han apelado al pasado militar de Cabello, un capitán retirado del Ejército, para explicar una decisión que en la opinión de ellos luce más propia del jefe de un cuartel que de la máxima autoridad del Parlamento.

Fue el colofón de una decisión que había empezado a tomarse el sábado durante una manifestación de estudiantes chavistas. En la transmisión continua de la actividad que hizo el canal del Estado Venezolana de Televisión, la reportera que entrevistaba a los manifestantes empezó a referirse a Machado como exdiputada sin mayores explicaciones. Más tarde, al final de la concentración, Maduro, en medio de la arenga a los presentes, dijo que ella había perdido su fuero de parlamentaria al intervenir como parte de la delegación de Panamá ante el pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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La presencia de Machado en Washington, donde sesiona la OEA, le ahorró al chavismo el formalismo de proseguir el camino del antejuicio de mérito. En la última plenaria celebrada hace una semana la mayoría oficialista había aprobado una moción para solicitar a la Fiscalía General de la República si había razones para enjuiciar a la diputada independiente, la más votada de las elecciones parlamentarias de 2010, por delitos asociados con las protestas que desde hace mes y medio ocurren en las ciudades más importantes.

El chavismo basa sus argumentos en la interpretación de los artículos 149 y 191 de la Constitución venezolana. El primero de ellos dice que los funcionarios públicos deben ser autorizados por la Asamblea Nacional para aceptar cargos de otros Gobiernos, mientras que el 191 establece que los diputados no podrán ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Pero la misma Constitución establece cuatro causales para que un diputado cese en su cargo: la muerte, la renuncia, la revocatoria de su mandato en un proceso electoral y una sentencia definitivamente firme de un tribunal.

El desenlace de esta historia y el alcance de la sanción sumaria anunciada por Cabello han quedado en suspenso. Machado aún se encuentra en Lima (Perú), donde este lunes participó en un seminario internacional auspiciado por la Fundación para la Libertad, que contó con la presencia de los expresidentes Sebastián Piñera, de Chile, y Felipe Calderón, de México, y del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Este martes atendió una invitación del Congreso de ese país.

La discusión sobre la validez de una postura u otra no oculta el tema más relevante de estas últimas horas. El chavismo ha iniciado una feroz ofensiva para sepultar a sus opositores más tenaces, quienes encabezan un ala de la opositora Mesa de la Unidad Democrática que pretende provocar la caída del Gobierno, para favorecer a una oposición hecha a la medida de sus intereses. La semana pasada el alcalde Enzo Scarano, del municipio San Diego, en el Estado Carabobo, fue destituido de su cargo y condenado a 10 meses de cárcel por desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenaba mantener despejadas las vías de su jurisdicción.

En las últimas seis semanas las protestas consisten en el cierre de vías y el retiro de las rejas de las alcantarillas, especialmente en las ciudades de los andes venezolanos, lo que ha provocado la paralización del transporte público y demás actividades que impliquen largos desplazamientos. Los alcaldes aseguran en su descargo que no tienen competencias para impedir esas manifestaciones. Pero a través de la sentencia del Supremo el Gobierno nacional ha encontrado la fórmula para impedir más disturbios. Se espera que Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, el epicentro de las protestas contra Maduro, siga un camino similar al de Scarano en las próximas horas. De momento la Cámara Municipal de esa ciudad juramentó a un mandatario suplente. Las autoridades municipales de las alcaldías de Baruta, El Hatillo y Chacao también podrían sufrir medidas similares de no tomar medidas contra los manifestantes. Ha sido la manera de desactivar por los momentos las protestas en la capital de Venezuela.

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