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El Senado mexicano debate rebajar penas por tenencia de marihuana

Un legislador del partido de la derecha propone una ley para sustituir la prisión por un esquema condicionado de libertad

El senador panista Roberto Gil, durante la entrevista este miércoles.
El senador panista Roberto Gil, durante la entrevista este miércoles.

El Senado mexicano debate una propuesta de ley para excarcelar a personas que cumplen sentencia por microconsumo o microposesión de cannabis sin fines comerciales. La iniciativa, presentada este miércoles, excluiría a quienes cometieron violencia o portaban una cantidad mayor a los 50 gramos. Actualmente las leyes clasifican como delitos de narcomenudeo la tenencia entre 5 gramos y 5 kilos de marihuana, un rango enorme que puede ser castigado con la misma pena: alrededor de tres años de prisión.

La propuesta la firma el senador Roberto Gil, del derechista Partido de Acción Nacional, consciente de que con el debate sobre la legalización del cannabis en México se abre la puerta para establecer nuevos mecanismos de ejecución de penas que permita, en ciertos casos, sustituir la prisión por un esquema condicionado de libertad. “Hay un universo importante de personas sentenciadas por esos delitos y la premisa de esta iniciativa es: ¿Vale la pena que se mantenga a esas personas en prisión o se requiere un tipo diferente de política criminal? Buena parte de los sentenciados por ese delito son primodelincuentes, ejecutaron el delito sin violencia y la mayor parte son mujeres”. En este sentido, Gil destaca que un poco más del 90% de las mujeres sentenciadas por delitos contra la salud no tiene antecedentes penales ni fue detenida en posesión de un arma. De esas, un 80% son madres. “En nuestro país la forma de operación de los cárteles de la droga, sobre todo en narcomenudistas, consistía en utilizar a mujeres para la distribución, como mulas. Muchas acababan sentenciadas”, puntualiza. A ellas va dirigida esta propuesta que ahora pasará a la Comisión de Justicia para ser analizada por los grupos parlamentarios.

En México existen alrededor de 40.000 reos federales asociados con delitos contra la salud por marihuana. El costo de vida de cada uno es de 114 pesos por día. Con su excarcelación, el Estado mexicano se ahorraría 960 millones de pesos al año, explica Roberto Gil. “Eso sin mencionar los costos sociales y de oportunidad personal”.

En opinión del senador panista la iniciativa ayudaría a disminuir la sobrepoblación de las cárceles, que estima, en el Distrito Federal ronda el 80%, una cantidad “insostenible” para el sistema. “La pregunta que debemos hacernos como sociedad es quiénes creemos que deben estar en esas cárceles”.

El político, consciente de que es el único en su bancada a favor de la legalización del cannabis, defiende con uñas y dientes su postura: “Estoy a favor de la legalización mesurada, responsable. México ya no tiene otra opción. En la medida en que Estados Unidos está legalizando el consumo en varios Estados de su país es absolutamente absurdo que México mantenga una política criminal de persecución. Lo que puede suceder si se mantienen las cosas como están es que México siga poniendo los muertos y Estados Unidos los consumidores”, y añade: “México podría terminar importando marihuana producida legalmente en Estados Unidos para satisfacer el mercado interno, con los costos de violencia que eso significa”. En su opinión, las decisiones adoptadas por el vecino del norte obligan inevitablemente a una reflexión sobre la política criminal en torno a la marihuana y el cannabis en el país. “Hay buenas razones para sostener que no es una droga que genere una adicción en causa y efecto; que no constituye una droga de iniciación; que sí hay un fenómeno de violencia asociado al mercado negro; y que la legalización podría ser un mecanismo y una vía para debilitar al crimen organizado quitándole parte de su negocio, que representa el 40% de su ganancia anual”.