Cristina Fernández planea poner límites a las protestas en la calle
El Gobierno se plantea aprobar una norma de respeto a la convivencia ciudadana, pero la oposición se muestra escéptica
En Argentina es fácil cortar la avenida principal de Buenos Aires o cualquier autopista. Basta con reunir a unas decenas de personas y plantarse en medio de la vía. La impunidad física y jurídica suele estar garantizada. En contadas ocasiones intervienen las fuerzas antidisturbios. Los automovilistas han terminado aceptando esos contratiempos como si los ocasionaran la lluvia. A veces, algún conductor o motorista intenta pasar entre la montaña de manifestantes. Y entonces puede sobrevenir lo que le sucedió el miércoles al motorista Raúl Lezcano, de 27 años. Intentó atravesar con su esposa el puente de Avellaneda, en Buenos Aires, que se encontraba cortado por miembros del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Los sindicalistas le pegaron, lo tiraron desde el puente y Lezcano fue a dar con sus huesos al hospital. Después se supo que intentaba pasar entre los manifestantes porque su esposa se encuentra embarazada de cuatro meses y sufría pérdidas. Pero eso fue después.
En 2010 hubo 340 interrupciones de tráfico en la capital, pasaron a 356 en 2011, subieron hasta 923 en 2012 y el año pasado llegaron a 677, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento. En total, más de dos cortes de tráfico por cada día laborable. Desde que Néstor Kirchner inició su mandato en 2003 y cuando le siguió Cristina Fernández en 2007, el Gobierno garantizó que no iba a “criminalizar la protesta social”. Que no iba a reprimir.
“Yo no voy a levantar la mano contra otro argentino, tengo que persuadir”, advirtió Kirchner en noviembre de 2006. “Ya vimos lo que nos pasó [en la dictadura] por levantar la mano contra otros argentinos. Si esta gente que escribe cree que hay que reprimir, que no sean cobardes, que escriban: ‘hay que reprimir’. No lo voy a hacer”. Cristina Fernández también se propuso ese objetivo. Pero el pasado 1 de febrero, en su discurso de apertura del año legislativo, la presidenta señaló: “Vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser… (fue interrumpida por aplausos). No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada”.
"Yo no voy a levantar la mano contra otro argentino, tengo que persuadir"
Las palabras causaron sorpresa Argentina. Pero la jefa del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, ya aclaró, por si alguien interpretó mal a Cristina Fernández, que ninguna protesta va a ser reprimida. “Mientras estemos nosotros no se reprimirán las protestas; no lo han visto ni lo van a ver”. No obstante, Di Tullio confirmó que Fernández le pidió que preparen una norma para regular las manifestaciones.
Cualquier vecino de Buenos Aires podría contar decenas de anécdotas sobre cortes. Fernández también tenía una reciente: “Había salido yo de la casa de Gobierno una tarde, cosa rara porque eran las ocho de la noche, y pude ver que había banderas rojas del PST (Partido Socialista de los Trabajadores, a la izquierda del oficialismo peronista). ‘¿Por qué protestan?’, les digo. ‘No’, me dicen, ‘protestan por lo de Las Heras’. ‘¿Lo de Las Heras?’ Yo les voy a contar a los que no saben qué es lo de Las Heras. En 2006, en un conflicto, un policía que salió a defender su comisaría en la localidad de Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso (suelo). Fue muerto a palazos, pero a palazos; lo patearon y murió. Le reventaron todos sus órganos. Era un chico muy joven. (..) Como un perro murió. 2006. Bueno, transcurrió desde aquel 2006 a la fecha y –fíjense, 2006 a la fecha– la Justicia finalmente llegó y los condenaron a los responsables de ese homicidio terrible. Bueno, estaban protestando por la condena y cortaron la (autopista) Panamericana”.
La presidenta concluyó: “Creo que además todo el mundo tiene el derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar; y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana, donde todo el mundo proteste”.
La oposición, en su mayor parte, acogió sus palabras con gran escepticismo. Guillermo Dietrich, secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires, gobernado por el conservador PRO, cree que tanto Kirchner como Fernández toleraron esas protestas porque los movimientos sociales o piquetes que organizaba les eran de gran utilidad. “Y la sociedad ha terminado entrando en este juego perverso donde se rompe el respeto a los demás, está anestesiada y se ha acostumbrado a los cortes. Pero muchas veces la madre no llega al colegio a la hora en que sale su hijo, se llega tarde a una reunión… Hubo un día de este año que registramos 17 cortes en el día. Hay cientos de miles de anécdotas que ilustran sobre el deterioro de la convivencia en los últimos 12 años”.
Dietrich recuerda que cuando se produjeron los cortes de luz el pasado diciembre cientos de vecinos salieron a cortar las calles. “El Gobierno nacional fue responsable por su falta de previsión. Pero hubo vecinos que cortaron las vías del tren. Su fastidio era legítimo. Pero, ¿justifica su enojo que perjudiquen a 200.000 personas que no tenían otra forma de volver a casa? Cuando vas a otros países de la región como Chile o Uruguay ves que hemos perdido mucho en la convivencia”.
¿Y no prosperan las denuncias contra quienes cortan las calles? “Cuando algo lo hace tanta gente y la autoridad política nacional no lo considera un hecho grave, la Justicia tampoco termina actuando. En la ciudad desde que hicimos el metrobús de la Avenida 9 de julio (la principal arteria de Buenos Aires), cada vez que lo cortan hacemos una denuncia penal. Y entiendo que no termina en nada. Es muy positivo lo que dijo la presidenta el otro día pero es opuesto a las políticas que ha venido practicando hasta ahora”.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel asume que hay un abuso de cortes de tráfico, pero cree que no se debe penalizar las protestas sino ayudar a regularlas. “Es cierto que puede haber abusos. Y al final el más perjudicado, el que recibe los cachetazos es el pueblo. Se debe protestar pero dejando carriles libres para que la gente pueda circular. Pero no hay que olvidar que lo importante es solucionar los problemas que generan las protestas. Y es probable que aumenten. Porque la situación del país es complicada en estos momentos. La economía no se arregla con subsidios sino con políticas sociales más acordes con las necesidades de las personas”.
Las palabras de la presidenta sobre la convivencia pueden parecer nuevas pero no lo son. En noviembre de 2011 ya se lamentaba de que 50 personas pertenecientes a un sindicato cortaran una autopista de Buenos Aires y fuera necesario desplazar a cien policías para que desplazaran “sin violencia, “como ha sido siempre”, a los manifestantes. “Nunca vamos a criminalizar la protesta social”, advirtió, “pero eso no es protesta social; eso es apenas un cocoliche o un mamarracho de gente que quiere incomodar al resto de los conciudadanos y, fundamentalmente, tal vez, afectar o pretender desgastar políticamente a un Gobierno porque, obviamente, la gente se malhumora, se malquista”.
La novedad es que el Gobierno se plantea, finalmente, regular las manifestaciones. Aunque sea sin hacer uso de la “violencia”.
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