Irregularidades y presunta negligencia en el trasiego de materiales peligrosos: los cuestionamientos a la explosión en Iztapalapa

La explosión registrada este miércoles de una pipa de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa, con un saldo de al menos 10 muertos y más de 90 heridos confirmados, ha puesto en duda si en el brutal accidente concurrieron irregularidades o incumplimientos en cuanto al transporte de materiales peligrosos. La investigación de la Fiscalía está aún en curso, mientras aumentan las incógnitas sobre el accidente que se produjo cerca de los límites entre Ciudad de México y el Estado de México y que ha sido el peor de este tipo en la capital en la última década.

Un primer informe de la Fiscalía, difundido este viernes, recoge que el tanque de gas presentó una ruptura en el casquete, o cubierta, tras el choque con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga de gas y su posterior ignición. “También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno”, ha detallado el comunicado.

Aunque el reciente comunicado no lo menciona, hasta el jueves la hipótesis más sólida sobre la causa del accidente apuntaba al exceso de velocidad, según la fiscal Bertha María Alcalde. El conductor del camión, que se encuentra en estado crítico, no ha sido detenido pero estaba custodiado.

A raíz del impacto del accidente, el Gobierno capitalino recibió críticas vecinales por el mal estado del asfalto y hubo señalamientos de que se realizaron obras para repavimentar el asfalto un día después del incidente. “Los baches llevaban meses sin atención. Tuvo que pasar una tragedia para que el arreglo llegara a la velocidad de la luz”, se quejó un conductor que transita a diario por la calzada Ignacio Zaragoza.

Sin embargo, el Ministerio Público ha aclarado que las inspecciones de los servicios periciales en el lugar del siniestro concluyeron que “no se encontró ningún bache, ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”.

Responsabilidad de los entes reguladores

Uno de los puntos de discusión acerca del accidente se ha referido en los últimos días sobre si la empresa de transporte contaba o no con seguro para operar. Primero, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dijo el martes que el semirremolque de la Transportadora Silza, que forma parte del Grupo Tomza, no había ingresado ninguna solicitud para registrar pólizas de seguros de responsabilidad civil o por daño ambiente. La compañía respondió aclarando que sí contaba con pólizas de seguro vigentes.

Sobre la polémica, un portavoz de ASEA ha dicho a este diario que mantienen su posición. “Las dos aseveraciones pueden ser ciertas. La nuestra y la de la empresa, que sí tenga sus seguros, pero no actualizada la información ante nosotros”, ha aclarado a través de un mensaje de texto.

Al respecto, Marco Téllez, abogado especialista en hidrocarburos, ve negligencia por parte de la Comisión Nacional de Energía, que tomó el lugar de la extinta Comisión Reguladora de Energía. Esta instancia otorgó el permiso a Silza, el 18 de septiembre de 2006, para el transporte de GLP por medios distintos a ductos por 30 años a partir de la fecha de otorgamiento. Si bien este se encuentra vigente en el registro público del órgano de Gobierno, el documento en su inciso séptimo especifica que conforme al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo la empresa debía “contratar y mantener siempre vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros que pudiera derivarse de la prestación de sus servicios”.

El jurista insiste en que las dos dependencias tienen la obligación de regular y vigilar el cumplimiento de las obligaciones. “Si la Comisión hubiera hecho un análisis de ver cómo se encontraban sus permisos para la operación y se hubieran percatado de que no cuentan con los seguros correspondientes, tanto en responsabilidad civil como responsabilidad ambiental, tienen la facultad, y tendrían que haberlo hecho, de iniciar un procedimiento de revocación [a Silza]. Es una consecuencia inmediata”, explica Téllez vía telefónica.

EL PAÍS ha intentado contactar con Grupo Tomza y la Comisión Nacional de Energía, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de esta nota.

El daño pudo ser peor

Carlos Rius, académico de la Facultad de Química de la UNAM, advierte de que cuando se trata de material altamente inflamable hay que “extremar las precauciones”. El transporte del gas líquido se realiza en tanques presurizados, con resistencia a una gran presión, pero no a un impacto directo. Entonces, según explica, al chocar el tráiler —como indica la investigación de la Fiscalía— se rompió el contenedor y comenzó a verter el gas en su estado líquido, ya que así es “económicamente factible” transportarlo.

La nube blanca visible segundos antes de la explosión correspondía a la condensación de la humedad en el gas que estaba escapando. El metano y propano, componentes del GLP, son incoloros. “Se escapó el gas, se empezó a expandir, se dispersó dentro del oxígeno del aire y hubo alguna chispa que hizo que ocurriera una explosión y empezara un proceso medio curioso. Hubo explosiones, se apagaba el fuego, pero seguía saliendo el gas. Encontró otra fuente de ignición y se volvía a prender el material hasta que ocurrió la combustión de todo”, explica el químico vía telefónica.

De acuerdo con sus cálculos, los casi 50.000 litros de gas en estado líquido que transportaba el tráiler, se convirtieron en más de 700.000 litros de gas en estado gaseoso. “Pudo haber daños severos en al menos 500 metros a la redonda”, advierte Rius.

El accidente ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la prudencia en el transporte de materiales peligrosos en horarios de alto tráfico vehicular y en zonas con alta densidad poblacional. Sobre este tema, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, planteó que se elaborara un protocolo sobre qué tipo de mercancía pueden transitar por las calles de la ciudad y de qué manera.